Juárez: “Es una recomposición salarial”

Durante la última reunión del Consejo del Salario para los trabajadores de casas particulares en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional, se acordó un nuevo aumento para las trabajadoras de casas particulares.

El acuerdo paritario incluye un incremento del 6% en noviembre y, posteriormente, se adicionará un 2% en diciembre. En ese marco, el acumulado anual paritario, que incluye desde junio de este año a mayo de 2022, llegará al 50%.

El Diario dialogó ayer con Gabriela Juárez, referente de la Delegación Villa María de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), quien destacó que el acuerdo es “una recomposición salarial”.

“En junio tuvimos una paritaria donde se cerró un 42% de aumento, que se dividió 13% en junio, 12% en septiembre, 5% en diciembre y el último 12% en marzo de 2022. Sin embargo, como a nivel nacional hubo un aumento del salario mínimo, vital y móvil, las compañeras quedaron por debajo de ese monto”, comentó Juárez y añadió: “Ante esto, pedimos una reunión con el Ministerio y con la comisión que representa a la parte de los empleadores  para recomponer el salario, y logramos un aumento del 8%, dividido en dos tramos: 6% será en noviembre y el otro 2% se va a unir al 5% que ya teníamos para diciembre, por lo cual en ese mes el aumento va a ser del 7%”.

Ante esto, la referente local dijo: “Estamos muy conformes. En total, hemos sumado un aumento interanual del 50%”.

“De a poco lo vamos logrando. De no tener ley, de nunca sentarnos en paritarias, hemos logrado cosas”, afirmó Juárez y agregó: “Ahora también cobramos por antigüedad, que es el 1% mensual. Es válido aclarar que no es retroactivo, porque a veces las compañeras creen que como ya venían trabajando desde hace 4, 10 o 30 años atrás, se cobra desde todo ese tiempo pero es a partir de la sanción de la ley”.

El rubro en pandemia

Durante el contexto de pandemia, Juárez apuntó que “las compañeras más perjudicadas fueron las que no estaban registradas, que hoy suman un millón  en todo el país”. “Hubo muchos despidos, o también sucedía que al no poder ir a trabajar por las medidas de aislamiento, directamente no les pagaban”, puntualizó

Y continuó: “Distinta es la situación de las que están registradas que aunque no trabajaban, sí cobraban. Pero, vimos que en muchos casos, los empleadores cambiaron la categoría registral frente al AFIP. La única categoría esencial era la cuarta, que establece el cuidado de niños o adultos mayores. Entonces, las trabajadoras pasaban de estar registradas en ‘tareas generales’ a ‘cuidados de niños o adultos mayores’, cosa que no era cierto pero lo hacían para que fueran a trabajar”.

A su vez, Juárez sentenció que “hubo compañeras que tuvieron COVID-19 o fueron contacto estrecho de algún familiar y, al no poder asistir a trabajar, los empleadores las despedían”. “También, hubo casos que los mismos empleadores estaban contagiados y pretendían que las compañeras asistieran a trabajar, es decir, las exponían al contagio. Esto provocó un quiebre entre empleada y empleador, hubo muchas renuncias porque las mujeres no se sintieron cuidadas,  percibieron que a los empleadores no les importaban la salud de ellas. Ante esto, se vio que ellas priorizaron su salud y la de su familia y no el trabajo”, remarcó.

“Se tiene que entender que hay un límite entre el empleador y la trabajadora. No solo son obligaciones, sino que también tenemos derechos”, cerró Juárez.

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