Entrevista a Itatí Demarchi, la abogada laboralista que integra grupos de investigación para conocer las condiciones para dar cumplimiento al Convenio 190 de la OIT

Herramientas para erradicar las violencias y acosos en el trabajo

Argentina ratificó el Convenio 190 de la OIT, que habla de violencias y acosos en el mundo del trabajo. Refiere a la responsabilidad de todos a la hora de afrontar esa problemática. Itatí Demarchi, quien integra un grupo de investigación sobre el tema, refiere a los cambios que trae esa normativa
domingo, 10 de octubre de 2021 · 07:30

?Si vas a trabajar cada día y tu jefa te dice “a vos esto te queda grande”. Eso es violencia.

Si por las presiones a la que te someten terminás llorando todos los días en el baño. Eso es violencia.

A esas situaciones concretas de la vida laboral de muchas personas -los ejemplos precedentes son reales y ocurrieron en ámbitos laborales de Villa María- es a lo que se refiere el Convenio 190, sobre la violencia y el acoso, aprobado en el año 2019 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que fue ratificado por Argentina.

Una abogada especialista en derecho laboral de esta ciudad, Itatí Demarchi, participó de un equipo de investigación para un trabajo denominado de “la ratificación a la acción”, a los fines de analizar qué pasa en el territorio nacional después de que Argentina ratificó el Convenio que trata las violencias y acosos en el mundo del trabajo.

Al ser entrevistada por El Diario, Demarchi precisó que este Convenio permite “salirse del molde” con el que se analizaban las violencias en el ámbito del trabajo. “Ese molde nos ponía a la Abogacía en la obligación de pedirle a la persona que sufre violencia en el trabajo, que la siga sufriendo hasta recolectar pruebas”, señaló.

Por eso celebra el Convenio 190, que permite ponerle el nombre a lo que sufren tantas trabajadoras y trabajadores sin poder denunciar. Y tampoco renunciar, porque como se sabe, el carácter alimentario del empleo hace que muchos “bajen la cabeza” y sigan sometidos a situaciones de violencia.

Al analizar el contexto en el que irrumpe ese Convenio en Argentina, la letrada indicó que “llega en un momento en que estábamos bien a nivel normativo. Se había aprobado una ley de erradicación de violencia de género; se había hablado de políticas de acción positiva, de un rol creativo que debían asumir los tres poderes del Estado, precisamente, porque las situaciones de violencia tienden a escabullirse en nervaduras del sistema, en lo que la Corte Suprema llama ‘categorías sospechosas’, que es cuando todo parece correcto, pero no lo es”.

“Por eso creo que el Convenio viene a solucionar algo que tiene que ver con esas violencias que ocurren, pero que no entran en el corsé normativo, que hace que siempre se llegue tarde y, en consecuencia, que muchas personas no se vean protegidas”, precisó.

Al hablar de la adhesión de la Argentina, señaló que el Convenio entró en vigor en nuestro país en junio de este año, pero hizo la salvedad que, en un momento previo, cuando se analizaba en el ámbito de la OIT, nuestro país, o mejor dicho, los empresarios de nuestro país, hicieron un papelón mundial. “Los empresarios de Argentina fueron unos de los pocos que se abstuvieron de firmar en el año 2015 esta iniciativa”, planteó.


Violencias invisibles

Cuando se habla de violencias y acosos no necesariamente son las obvias, las que se traducen en un grito o un golpe, sino que la realidad laboral está plagada de “violencias invisibles” que este Convenio repudia.

“Por ejemplo, necesitamos un cupo para dar igualdad de oportunidades, porque no es solo el mérito el necesario para ocupar un lugar; sino también las condiciones. Esto se explica gráficamente en una imagen que habla de una línea de largada en donde un hombre inicia la carrera más adelante que una mujer. Eso no es igualdad”, dijo.

También se expresó sobre la ley de contrato de trabajo, que sigue hablando de licencia  para tareas de cuidado a la niñez solo para mujeres. “Si la norma se dirigiera a responsables parentales, sacaría el componente discriminador de esa ley”, indicó.

Por supuesto que después viene la realidad, y aunque la norma hable de responsabilidades parentales de manera indistinta para ambos progenitores, no serán muchos los varones que la pidan. “Por eso creo que es central la tarea de los sindicatos, que son los que pueden llegar a cada trabajador para que puedan pensar en poner en marcha con talleres y capacitaciones esas normas”, indicó.

 También se refirió al proyecto que en medio de la campaña política actual impulsa un sector partidario ligado a Cambiemos: el de eliminar las indemnizaciones. “Lo hacen con el pretexto de generar más empleo, cuando en realidad está demostrado que eso no ocurre”, dijo. “Los mismos empresarios que apoyan la iniciativa aseguran que eso les permitiría disminuir el pasivo de la empresa en caso de venderla. Está claro que no lo hacen para generar más empleo, sino para bajarle el precio al trabajador”, agregó.

 

Qué dice el Convenio

Sobre el Convenio de la OIT, la primera definición que destaca Demarchi es que “todas las violencias son inaceptables” y que, más allá “de la vitrina en que esté cada uno, todos somos responsables”.

“Esto es central, porque lo que pide con esta responsabilidad compartida es que no miremos para otro lado”, agregó. Dando un ejemplo concreto, plantea que empleadores o compañeros de trabajo no se pueden hacer los desentendidos frente a una situación de violencia doméstica que sufre una trabajadora. “El primer lugar en que se sabe, es en el trabajo, porque es donde se presentan los certificados médicos”, explicó.

“Nadie tiene que vivir esa situación en soledad, por eso el Convenio interpela para acompañar y contener a quien sufre esa situación, durante todo el proceso de denuncias”, dijo.

“Otro punto importante es que habla de la obligación de los Estados para sensibilizar frente a las situaciones de violencia. Lamentablemente, en Argentina, esa campaña tiene nombre y apellido, se llama Micaela, es decir, el nombre de una mujer que no pudimos salvar”, dijo, en alusión a la ley que obliga a los agentes estatales de los tres poderes a capacitarse en perspectiva de género y que lleva el nombre de Micaela García, la joven violada y asesinada en Entre Ríos (ver recuadro aparte).

“Después de Micaela vinieron otras víctimas que no pudimos salvar y que fueron asesinadas por hombres que debían capacitarse en función de esa ley, como los policías”, señaló.

“Quizá sea hora que la capacitación por la Ley Micaela sea medible, porque si no, cómo sabemos si el policía varón fue lo suficientemente capacitado, sensibilizado”, agregó.

También se refiere al ámbito donde pueden ocurrir las violencias. “No es solo en el lugar de trabajo, sino en el lugar de pago, en el transporte que me lleva”, ejemplificó.

“Hay un lugar al que uno no puede dejar de ir, porque es el que te permite el sustento. Ese lugar es el trabajo y por eso la aspiración de toda persona es que ese sea un ámbito libre de violencias”, agregó.

 

Investigación

El equipo de investigación que integra Demarchi se denomina “De la ratificación a la acción” y procuró conocer el impacto concreto en dependencias estatales de todo el país de la decisión de Argentina de ratificar el Convenio. “Fue un trabajo titánico, porque se hizo en todo el territorio nacional y en todas las dependencias estatales”, indicó.

“Observamos que hay realidades regionales, por ejemplo, en Salta y Jujuy, muy marcadas por las diferencias culturales de distintas etnias; pero a nivel general, mujeres y diversidades son las que más padecen situaciones de violencia”, agregó.

Cabe señalar que la abogada villamariense integra un grupo de los profesionales más destacados del país en la materia, quienes iniciaron la investigación en el marco de la “Iniciativa Spotlight” para la reducción del femicidio y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en Argentina.

El objeto fue la detección de los desafíos normativos, institucionales y de política pública, para dar cumplimiento a los lineamientos del Convenio 190.

Tras las conclusiones del informe que se difunde nacional e internacionalmente, los especialistas incluyen la de establecer, mediante una ley, la prohibición de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

También “promover un enfoque integrado, inclusivo y que tenga en cuenta las consideraciones de género y “establecer los lineamientos básicos para las políticas estatales”, entre otras.

 

Textuales del Convenio 190 de la OIT

?Definición: “La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

 A quién comprende: “El presente Convenio 190 protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador”, indica la OIT y agrega que se aplica tanto al sector público como privado, al de la economía formal e informal y al ámbito urbano y rural.

Ambito de aplicación: la OIT señala que el Convenio rige “en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo;  en los lugares donde se paga al trabajador, donde éste toma su descanso o donde come o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios; en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo;  en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; en el alojamiento proporcionado por el empleador, y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo”.

Obligaciones: el Convenio señala que los Estados miembros, como el caso de Argentina, deberán “adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Para ello, sugiere acciones como las siguientes:

a) prohibir legalmente la violencia y el acoso;

b) velar porque las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso;

c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso;

d) establecer mecanismos de control;

e) velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo, entre otros.

 

Ley Micaela

?Micaela García, la joven de 21 años, fue violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de un boliche de la ciudad entrerriana de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional. Se trató de Sebastián Wagner, quien había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual y estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, lo liberó en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión.

Es por eso que la ley, que obliga a todos los agentes de los tres poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género, lleva el nombre de Micaela.

 

El perfil de la entrevistada

?Itatí Demarchi es abogada laboralista y asesora sindical.

También es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Derecho del Trabajo, miembro Integrante de diversos Grupos de Estudio e Investigación con OIT, autora de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y conferencista en encuentros nacionales e internacionales.

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