La Justicia imputó al propietario y a una empleada del fotolaboratorio céntrico

El fiscal René Bosio imputó ayer al propietario y a una empleada del Fotolaboratorio Román, luego de constatar que ésta se encontraba trabajando cuando debía estar aislada como contacto estrecho de una persona con COVID-19, en otro capítulo de esta polémica que se suscitó en el comercio céntrico y en el marco de la pandemia.

Si bien el fiscal no quiso hablar sobre este tema, este medio pudo saber que se basó en una constatación policial efectuada en el local por la mañana.

Según publicó El Diario en la edición del miércoles, algunos empleados se quejaron porque, supuestamente, el propietario del reconocido laboratorio, Pablo Grivel, los obligaba a trabajar a pesar de haber casos confirmados de coronavirus en el local.

Sin embargo, el propio Grivel dijo luego que, si bien había casos positivos, todas las personas se encontraban aisladas como correspondía y que nunca obligó a nadie a trabajar en estas circunstancias.

Mientras tanto, el miércoles, en una inspección por el casco céntrico del COE, se le habría recomendado a una empleada que se quedara en su casa porque era considerada contacto estrecho de una persona con COVID-19.

Ayer finalmente llegó a la fiscalía de Bosio una constatación policial de que esta persona fue al local, poniendo en riesgo la salud de sus pares y de los clientes del lugar. Por eso finalmente el fiscal imputó a Grivel y a la empleada por el artículo 205, que indica: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.