Crearon dependencia para cuidar derechos de infancia y adolescencia

La Municipalidad creó el área de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la dependencia de la Secretaría de Inclusión Social y Territorio, que está a cargo de Celeste Curetti.

Mediante un decreto, se generó el citado espacio previsto en una ordenanza y que tiene como objetivos ejecutar iniciativas para prevenir, asistir, proteger y restituir los derechos de la niñez y la adolescencia; intervenir ante el conocimiento de la posible existencia de quebranto o amenaza de sus derechos y tomar intervención obligatoria en todas las denuncias recibidas por cualquier área municipal sobre la vulneración de los derechos de esa población.

También, entre los objetivos se cuenta el de notificar a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba (SENAF) de las intervenciones que potencialmente requieran medidas de tercer nivel.

El área también tiene competencia para impulsar la formación de redes entre instituciones y organizaciones que permitan lograr el mejor resultado en las estrategias elegidas para la protección de los derechos, mediante los recursos existentes, ya sean públicos o privados.

Se estableció que la Secretaría de Inclusión Social y Territorio, a través de la Coordinación del Consejo Protección al Niño, Niña y Adolescentes, será la autoridad de aplicación y ejecución operativa, y se dispuso la creación de un equipo técnico interdisciplinario y profesional con especialización en la temática.

El mismo estará integrado por profesionales de la psicología, de la abogacía y del trabajo social. Ante consultas de El Diario, indicaron ayer que ya están en el equipo la abogada Yamila Calderón y la trabajadora social Eloísa Argarate.

Programas de protección

En el decreto del Ejecutivo se estableció que el área debe disponer de programas de protección de asistencia técnico-jurídica, de orientación y apoyo, de becas y de asistencia directa, cuidado y rehabilitación.

La nueva área intervendrá “toda vez que se produzca en perjuicio de uno o varios niñas, niños y adolescentes, la amenaza o quebranto de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos”. “La amenaza o quebranto puede provenir de la acción u omisión de personas físicas o jurídicas. Las medidas de protección de derechos son limitadas en el tiempo, se mantienen mientras persistan las causas que dieron origen a las mismas, y deben ser revisadas periódicamente de acuerdo a su naturaleza”, dice el decreto en uno de sus párrafos.

Se especificó que cuando la amenaza de derechos se produzca como consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección serán los programas vigentes en la Municipalidad dirigidos a brindar ayuda y apoyo -incluso económico-, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

Comprobada la amenaza de derechos, se recurrirá a becas de estudio o para guardería y/o inclusión en programas de alfabetización o apoyo escolar; asistencia integral a la embarazada; inclusión del niño y la familia en programas de asistencia familiar y el cuidado del niño en el propio hogar, orientando y apoyando a madres y padres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del chico o chica a través de un programa.

También se dará tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico al niño o niña o a su madre, padre, responsables o representantes.

Injerencia en unos 160 casos judicializados

De acuerdo a una fuente consultada ayer por El Diario, el municipio pasaría a tener injerencia mediante esta nueva área en 160 casos judicializados, un 10% de los cuales se trata de cuadros de gravedad.

En el decreto del Ejecutivo se repasa que en septiembre de 2005 se sancionó la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que puso fin a la judicialización de los problemas sociales de la infancia, teniendo como objetivo garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación es parte. Luego, la Provincia de Córdoba sancionó su ley en el año 2011.

Posteriormente, el municipio realizó la adecuación legal a partir de la Ordenanza 6.363, en cuyo artículo tercero establece que el Ejecutivo debe poner en marcha el área local de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, desde el cual se debe generar un plan de acción para la infancia y adolescencia. Es lo que se decretó el 10 de agosto último, texto al que accedió este matutino ayer.