Que la reforma judicial no se lleve la Secretaría Penal de la ciudad

En los debates preliminares al tratamiento del proyecto de ley para la reforma judicial (el cuarto de ellos tuvo lugar el miércoles último en el mismo Parlamento), juristas, magistrados y representantes de los sindicatos de los trabajadores judiciales, la mayoría de los expositores coincidió en la necesidad de avanzar con la iniciativa, aunque algunos opositores pusieron reparos sobre la oportunidad de impulsar el debate mientras se atraviesa una crisis sanitaria.

En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional defiende, a través de sus portavoces, la necesidad de avanzar más allá de las imposiciones de la pandemia, “del mismo modo en que se concretó la renegociación de la deuda externa con los acreedores externos”.

El proyecto ingresado por el Senado apunta a la organización y la competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

La iniciativa implica la creación de numerosos juzgados con competencia penal tanto en la Capital Federal como en los demás estados provinciales.

En el caso de Córdoba, el proyecto contempla la creación de tres juzgados federales en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de Río Cuarto, ambos con competencia penal.

Pero también el proyecto en su anexo 3 inciso 46 establece la transferencia de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa María, así como de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad  de San Francisco,  ambos a la ciudad de Río Cuarto.

“En la práctica, esto significa que en la tramitación de los expedientes correspondientes a delitos con competencia federal que se producen  en la ciudad de Villa María y en su jurisdicción, ya no se llevará más a cabo en el Juzgado de Villa María, sino que se tendrá que llevar a cabo en el juzgado de Río Cuarto”, explicaron a El Diario desde el entorno del senador Carlos Caserio.

Consideraron, además, que “este traslado implica enormes inconvenientes operativos, tanto para la Fiscalía actuante como para los abogados defensores, peritos, testigos e  imputados en el proceso penal”.

“El traslado de la Secretaría implica que toda la tramitación del proceso penal se debe llevar a cabo la ciudad de Río Cuarto, a 140 kilómetros del asiento del juzgado original, lo cual conlleva el traslado permanente del fiscal, el defensor y muchos otros actores, además  de la documentación de delitos cometidos en Villa María a Río Cuarto”, añadieron.

Proyecto de modificación

Las fuentes de este medio aseguraron que “el senador Caserio  comprendió la complejidad del problema y lo que esto significa tanto para  Villa María como para San Francisco, por lo que ha presentado por ante la Comisión de Justicia y la de Asuntos Constitucionales, que llevan adelante el tratamiento del proyecto en el Senado, una  modificación del despacho, a los efectos de que se deje sin efecto ese inciso 45 del anexo 3 del proyecto de ley”.

“La idea es que no se produzca el traslado de las secretarías penales tanto de Villa María como de San Francisco y que continúen las misma en sus sedes naturales,  ya que esto va a sostener y preservar la unidad del proceso penal, la investigación  y la eficacia del proceso”, apuntaron.

Caserio, uno de los primeros cordobeses en aliarse al actual presidente Alberto Fernández en tiempos de campaña electoral, mantiene con el jefe de Estado una estrecha relación que permite pensar que sus propuestas de modificación serán tenidas en cuenta.