Funcionarios cobraron el bono de Salud

“El aporte extraordinario que hicimos con la donación de sueldos, tenía como objetivo paliar gastos que pudieran originarse por la pandemia. Se acordó crear el Fondo de Emergencia para afrontar esos gastos, y cuando el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, rindió cuentas, dijo que parte de ese fondo se iba a destinar para el pago del bono de $5.000 del personal de salud que no había accedido al beneficio del Gobierno nacional, pero cuando vimos el listado, hay cuatro funcionarios públicos que lo cobraron”. Con estas palabras, la presidenta del bloque Vamos Villa María justificó el pedido de auditoría contable sobre el Fondo de Emergencia Sanitaria COVID-19, presentado a última hora de ayer.

De acuerdo a la edil, los cuatro funcionarios que accedieron a ese beneficio son el secretario de Salud municipal, Humberto Jure; la directora general de Presupuesto y Planeamiento de la Secretaría de Salud, Rosana Suescum; el director de la Asistencia Pública, Pedro Trecco, y la directora general de Cuidados Integrales de Salud, Rosana Tuninetti.

“El espíritu del bono nacional era que el sector de Salud se viera compensado por su trabajo, pero lo destinó a trabajadores de las primeras líneas, como terapistas, y a todo personal que esté atendiendo en salas COVID. En Villa María hubo personal de salud que quedó fuera de este beneficio porque no se dedica a esas complejidades que no son materia del municipio, no obstante, atienden pacientes”, explicó Bruno.

“Entonces, el espíritu del bono fue dar una gratificación económica a un personal que es el que menos ingresos tiene y trabaja en relación con casos COVID. Pero otra cosa es que un funcionario público cobre un bono de $5.000, porque no es un facturante con salario precario para compensar, son funcionarios políticos designados, con rango, que en algunos casos tienen un adicional por responsabilidad y que más allá del trabajo que hagan, no deben estar incluidos en este listado”, remarcó.

“Esta es una ayuda extra que atiende otras consideraciones. Además, por un lado donan parte de su sueldo y por otra le vuelven $5.000 con el bono. En el caso de los cuatro funcionarios detectados, solo en uno identifican el cargo (Trecco), en los demás ponen su profesión”, señaló la jefa de la oposición, que apuntó que “al secretario de Salud ni siquiera se lo ve dando los informes al lado del intendente”.      

Estimular y recompensar

El bloque Vamos Villa María  presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de ordenar una auditoría contable sobre el Fondo de Emergencia Sanitaria COVID-19, creado con el aporte especial y extraordinario del 20% del salario neto del intendente, concejales, Tribunal de Cuentas, Auditoría General, y todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que ostenten el rango de secretarios, creado mediante Decreto del DEM Nº 150/20. Dicho decreto, ratificado por Ordenanza 7.497, surgió con la idea de dar, desde la función pública, un aporte para paliar la emergencia originada por la pandemia del COVID-19.

En los fundamentos de la iniciativa, los ediles señalan que según el informe de Muñoz, dicho fondo originó una recaudación cercana a los $ 2,3 millones, de los cuales un poco más de $1,1 millón fue destinado a la compra de verduras para los bolsones alimentarios, batas quirúrgicas, barbijos, alcohol en gel, artículos de limpieza, elementos quirúrgicos, entre otras cosas. El saldo, de cifra similar, se destinó a otorgar al personal de salud municipal no comprendido por el beneficio nacional, un bono de $5.000, que alcanzaría a unos 300 agentes municipales, tal como lo anunció el presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, Pablo Rosso, en junio pasado. A un mes del anuncio, la semana pasada se pagó el beneficio.

“Cabe aclarar que el Gobierno nacional precisó que dicho beneficio se otorgaba con el fin de estimular y recompensar la tarea esencial del personal de salud para atender a los pacientes contagiados de coronavirus y también el trabajo en la prevención de la pandemia. Por ello fue destinado a aquellos trabajadores profesionales, técnicos, auxiliares, y ayudantes. Estos conceptos son plenamente compartidos, por eso celebramos la decisión de que parte de lo recaudado en el fondo que se conformó con nuestros aportes fuera a tal fin, independientemente que nunca fuimos consultados ni compartidos en tal decisión”, indicaron los ediles, quienes agregaron que recabando información precisa sobre lo informado por Muñoz por el destino de los fondos, solicitaron el listado del personal que recibió dicho beneficio.

¡Sorpresa!

“Con sorpresa, revisándolo, advertimos que en él figuran percibiendo dicho beneficio al menos cuatro funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo Municipal, personal que claramente no puede ni debe estar incluido en la percepción de un beneficio de ayuda económica, como lo es el bono de que se trata”, indicaron.

“En la planilla de pago del Bono Estímulo COVID-19 al Personal de la Secretaría de Salud, Período 04/2021 (textual) figuran con DNI, CUIL o CUIT y título Humberto Jure (Medicina), Rosana Beatriz Suescum (contadora), Rosana Elizabeth Tuninetti (nutricionista) y Pedro Gustavo Trecco (director de la Asistencia). Los cuatro revisten el carácter de funcionarios públicos designados por el DEM: Jure, como secretario de Salud mediante Decreto Nº 1085/19; Suescum, como directora general de Presupuesto y Planeamiento de la Secretaría de Salud mediante Decreto del DEM Nº 1091/19; en el mismo instrumento legal fue designado Trecco como director de la Asistencia Pública y Tuninetti como directora general de Cuidados Integrales de Salud dependiente de la Secretaría de Salud. Además, en el caso de Tuninetti, mediante Decreto del DEM 99/20, se le amplió el adicional por responsabilidad que se le paga junto a su haber como directora, el que pasó del 10% al 50%”, precisaron.

Un verdadero despropósito

“Claramente el espíritu con el que el Fondo fue creado, ni el sentido del bono otorgado, pueden tener como destinatarios a funcionarios públicos de la planta política del municipio, lo que constituye un verdadero despropósito, que además impone una revisión total e integral de la utilización del Fondo de Emergencia creado”, afirmaron.

“Por eso impulsamos una auditoría contable, que será realizada por miembros del Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría General, dejando expresamente excluido al DEM, por ser justamente el auditado”, subrayaron los ediles, que también piden “ordenar la indisponibilidad de dicho Fondo hasta tanto se concluya la auditoría”.

“Todo esto para dar claridad al manejo de los fondos públicos”, finalizaron.