El municipio debe pagar más de $17 millones por un hecho de hace 20 años

El Concejo Deliberante ratificó ayer el acuerdo suscripto entre la Municipalidad y José Amaya el 1 de julio pasado.

El proyecto enviado por el Ejecutivo tuvo tratamiento sobre tablas y fue fundamentado por la edil Paula Miozzo, quien explicó que “se trata de un convenio de pago por un juicio entablado por José Amaya en contra de Aballay y de la Municipalidad, originado en un accidente deportivo de gimnasia artística, el 6 de enero del año 2000”.

“Después de la tramitación del juicio salió la primera sentencia en el año 2005 y fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad en 2008, en ese juicio la Municipalidad fue condenada a abonar el 50% del lucro cesante y de gastos futuros por el accidente que le ha dejado una incapacidad bastante grave a Amaya”, señaló Miozzo.

“En esta instancia y ya en ejecución de sentencia, el juez determinó rubro por rubro con sus intereses cuáles eran los gastos futuros que faltaban a fin de que la Municipalidad pudiera hacer el pago de lo adeudado conforme a la sentencia. Así llegó a la suma de 17.614.007 pesos”, precisó.

“El DEM estimó conveniente, tras llegar a un acuerdo con Amaya, abonar ese capital con intereses en 30 cuotas, las seis primeras de 586.854 pesos y las 24 restantes en 587.203 pesos. De la misma manera, se abonarán los honorarios en seis cuotas. Todo este capital se pagará sin intereses futuros, es decir que la Municipalidad pagará la deuda condenada sin pagar intereses hacia adelante”, detalló la edil de la bancada oficialista, quien para concluir su intervención sostuvo que de esta forma “la Municipalidad está cumpliendo con la condena que salió de Tribunales y que ha llegado a una justa composición de derechos de Amaya”.

De acuerdo al convenio, los honorarios de la parte actora ascienden a 3.279.379 pesos, que serán abonados en seis pagos.

Justicia lenta no es Justicia

Aunque el acuerdo de pago fue aprobado por unanimidad, el concejal Romeo Benzo, de Vamos Villa María, cuestionó la tardanza del Estado municipal en cumplir con su obligación y abonar el juicio.

“El último fallo fue en 2008, es decir que pasaron 12 años desde que la Municipalidad fue condenada a pagar el 50% en relación a la responsabilidad. Cuando un esquema de gobierno está al frente, no está solamente para anunciar obras o cosas lindas, estas cuestiones también son parte de la responsabilidad que tiene y que deben ser incluidas en los presupuestos todos los años, porque las obligaciones están para ser cumplidas”, remarcó.

“Esta desgracia le ocurrió a un ciudadano de Villa María, no a un extraño, entonces cuando el municipio es condenado, la temporalidad en hacer efectivo el pago es importante, porque hace a la buena fe del ejercicio público de la función”, afirmó Benzo.

“Doce años es mucho tiempo para una familia a la que dos sentencias le dieron favorables a sus reclamos, el Estado municipal debe cumplir en tiempo y forma con las obligaciones, porque la Justicia cuando es lenta, suele no ser Justicia”, consideró el concejal. 

Más de 20 años

El reclamo se originó luego de que el 6 de enero del año 2000, José Antonio Amaya Broggi, practicante de gimnasia artística, realizara una maniobra que culminó en una caída que le provocó diversas lesiones de gravedad. Esto se dio en el Salón de los Deportes, espacio que la Municipalidad había cedido gratuitamente para que se desarrollaran actividades de destreza física.

José en ese entonces tenía 15 años, y la pirueta, conocida como “mortal”, que le salió mal, le produjo lesiones en la columna, lo que derivó en años en sillas de ruedas, una prolongada rehabilitación y una actual dificultad para movilizarse.

La clase en la que se produjo la lesión era dictada entonces por Hugo Aballay, quien argumentó que Amaya “no era alumno” y que “concurría de vez en cuando”, además de remarcar que el doble salto mortal que hizo José “no estaba en el despliegue de la actividad normal”.

Iniciado el proceso judicial, Amaya Broggi tuvo sentencia favorable en primera instancia al atribuirle responsabilidad al municipio “por ser dueña del espacio y por no haber ejercido adecuadamente el poder de Policía que como Estado municipal le compete”. La sentencia fue apelada por el municipio, pero ratificada en la Cámara Civil en 2008.