Silvano: “La causa es muy pequeña”

Luego de que se publicara en medios provinciales que la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Córdoba a cargo de Enrique Gavier pidiera la elevación a juicio de comerciantes villamarienses por “insolvencia fiscal fraudulenta”, el abogado defensor de uno de ellos dijo estar sorprendido por la difusión de esta causa, ya que es menor y de larga data.

Los comerciantes de Villa María acusados son Orlando Gafare, su hija Gisele Gafare, su madre María Isabel Obregón, el contador Miguel Alberto Alvarez y Roberto Olivero, quienes fueron propietarios de los exsupermercados Delfín, que llegaron a tener cinco sucursales en la ciudad, según informó La Voz del Interior.

A los cinco les cabe la imputación de “insolvencia fiscal fraudulenta” por haber supuestamente realizado, durante unos 10 años, cambios de firma para no pagarle el Impuesto de Ingresos Brutos a la Dirección de Rentas de la Provincia.

De acuerdo al matutino, se trata de una causa que lleva varios años, de cuando Gafare tenía locales de la cadena de supermercados Delfín, que luego pasaron a llamarse Eco, con dos locales.

Las supuestas maniobras para no pagar los impuestos se efectuaban porque las empresas iban cambiando de razón social o de titulares, pero en la realidad eran las mismas. Así, fueron operando bajo los nombres de Los Fenicios SRL, Sugma SRL o Mansan SRL.

Según la acusación del fiscal, “como consecuencia de las conductas delictivas de los imputados, todos los intentos del fisco por cobrar aquellas deudas impositivas fracasaron”, por lo que se generó “un daño cierto a la sociedad, provocado por no contar en tiempo y forma con la percepción de los impuestos que conforman la Hacienda pública y hacen al sustento y sostenimiento del Estado provincial”.

Sin retroactividad

“El problema está en que la Ley de Insolvencia Fiscal Fraudulenta tiene vigencia desde 2012, antes de ese momento no era delito, si bien existía, era para el fisco nacional, no para el provincial. Por lo tanto, todo lo que dice el fiscal de las empresas en el año 2000 no es delito, porque la ley no es retroactiva”, explicó Marcelo Silvano, uno de los abogados de Orlando Gafare, quien aclaró que Gavier pidió la elevación a juicio, pero que los defensores se han opuesto, por lo que deberá resolver el juez. 

“Una persona es insolvente cuando el fisco determina una deuda y no la paga, entonces el fisco inicia un juicio, saca una sentencia, la ejecuta y no hay bien para pagar. Pero en este caso no hay insolvencia”, remarcó.

“Los supermercados fueron transferidos a la firma Gava, como al tiempo los nuevos propietarios no pueden pagar, devuelven dos de los locales que se ponen a nombre de Obregón”, afirmó.

“En febrero de 2013 se hace una inspección y se determina una deuda de cerca de 60 mil pesos por la que se hace un plan de 36 cuotas, se pagan 18. Luego Obregón pone los negocios a nombre de la nieta, Gisele Gafare, y administrativamente Rentas podría haber ejecutado a Gisele porque no hubo transferencia de fondo de comercio”, continuó Silvano.

“Cuando se hace la imputación en mayo de 2017 planteamos la incompetencia de jurisdicción, porque si los negocios son en Villa María y hay una insolvencia, corresponde la fiscalía de la ciudad, eso aún no está resuelto. Ese año también llega una demanda de Rentas por el plan de pago que se había dejado de abonar, se hace un nuevo plan de 36 cuotas de las que se pagaron 33. Entonces me pregunto dónde está la insolvencia”, agregó.

“Son dos hechos distintos, una parte es la deuda de Gava y otra la de Obregón, que se está pagando, pero la deuda de Gava no tiene nada que ver con los Gafare, Obregón, ni Alvarez y el fiscal no la reclama”, subrayó.

“Se trata de una deuda de 60 mil pesos de la que se pagaron 33 cuotas de 36, lo que reclama Rentas son monedas. No entiendo por qué el fiscal saca esta causa a publicidad, que es muy pequeña, la pena tiene un máximo de seis años y son delitos excarcelables”, señaló.