Sobre la licencia de Martín Gill

La aprobada licencia de Martín Gill a la Intendencia ha vuelto a encender los ánimos políticos.

Tal como era de esperarse, hay quienes se pronunciaron a favor y quienes lo hicieron en contra. El debate, como todo intercambio de opiniones, resulta saludable e imprescindible en una sociedad democrática como la nuestra.

En este marco, la oposición política ha fundamentado su rechazo a esta medida basándose en tres supuestos: en primer lugar, manifiesta la existencia de una ruptura del contrato social suscripto entre el intendente y la ciudadanía en las elecciones de junio de 2019; en segundo lugar, aduce la ilegalidad de la licencia que le fuera otorgada a Gill por el Concejo Deliberante y, en tercer lugar, basándose en los presupuestos anteriores, alega la ilegitimidad de quien ejerce interinamente la Intendencia.

La legalidad de la misma ha sido apropiadamente justificada por el concejal Carlos De Falco, durante la sesión en la que fue tratada, y por el doctor Diego Sobrino en las páginas de El Diario. Solo agregar que Gill incurriría en incompatibilidad de cargos en el caso de que ejerciese como intendente municipal y secretario de Obras Públicas de la Nación al mismo tiempo. Algo que claramente no hace desde el momento en que se le otorga la licencia solicitada.

Con respecto a la supuesta ruptura del contrato social rubricado en las elecciones de junio de 2019, es preciso recordar que en aquella oportunidad nuestro pueblo decidió, por amplia mayoría, renovarle la confianza a un proyecto político que ha gobernado la ciudad durante los últimos 20 años. Al hacerlo, ratificó los términos de ese contrato: seguir viviendo en una ciudad que avance, que progrese, que incluya, que promocione y proteja el trabajo, que se ocupe de los desocupados, que admita la diversidad, que garantice que la cultura, la educación y el esparcimiento sean para todos. 

Desde esta perspectiva, resulta claro que no se ha roto ningún contrato ni se ha traicionado a nadie. La acción de gobierno de Gill estuvo y está dirigida a continuar transformando la ciudad tal como ha ocurrido hasta el presente. Cada barrio, cada rincón de nuestra ciudad, cada habitante de este terruño sabe que Villa María se ha desarrollado como nunca lo había hecho antes en un período de tiempo tan corto. Los vecinos, nuestros vecinos -los que votan peronismo, los que votan radicalismo, los que votan otras opciones políticas, los que no votan- saben que en estos últimos 20 años hubo gobiernos con liderazgo, con equipos que tuvieron y tienen compromiso social y capacidad de trabajo. Equipos que, a pesar del descomunal descalabro, económico, político, social y jurídico, que provocó el gobierno de Cambiemos, supieron continuar con las obras que se habían comprometido a realizar. Ahí está el desagüe pluvial proyectado, el Polideportivo y el Parque Pereira y Domínguez refuncionalizados, las obras de pavimentación en los bulevares y calles de los barrios, los nuevos Centros de Apoyo al Aprendizaje, el Centro Cívico, los programas de alfabetización y terminalidad educativa, los programas de empleo, el nuevo puente en construcción, y podríamos seguir.

De esta acción ininterrumpida de gobierno proviene la legitimidad de Pablo Rosso. Procede de su pertenencia a un proyecto político que fue ratificado democráticamente. De los villamarienses que lo votaron como concejal. Pero por sobre todas las cosas, su legitimidad deviene del trabajo que ha realizado al frente de un municipio que, en tiempos de pandemia y crisis económica internacional, ha sabido preservar la salud de su población sin interrumpir los servicios públicos ni las obras en ejecución.

Gerardo Russo, exconcejal