Defenderán en la Justicia a los afectados por la quita del 20% en sus jubilaciones

Además de las movilizaciones y reclamos públicos que realizaron los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia por la nueva ley que implica, en muchos casos, reducciones de haberes, hay un frente que se desarrolla en la Justicia.

Por un lado, un grupo de sindicatos, entre los que se encuentra la Regional de Luz y Fuerza que anteriormente era identificada con el nombre de Villa María, presentó al Tribunal Superior de Justicia un pedido para que sea declarada inconstitucional la nueva ley de jubilaciones.

Por el otro, Luz y Fuerza está analizando específicamente el caso más polémico de la nueva ley, que es el denominado aporte solidario para quienes cobran un doble beneficio, como, por ejemplo, jubilación y pensión.

Inconstitucionalidad

Sobre el primer frente judicial, cabe recordar que la semana pasada, abogados de tres estudios jurídicos en representación de ocho entidades gremiales plantearon una “acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y la Caja de Jubilaciones”.

Por el lado de los gremios estatales, los demandantes son el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), el Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Córdoba (SUOEM), el Sindicato de Músicos de la Provincia, SUOEM San Francisco y zona de influencia y las filiales del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de Villa María y Río Cuarto.

La representación de estas entidades es conjunta y se formalizó entre los estudios jurídicos de Jorge Horacio Gentile, Guillermo Carena y Félix López Amaya.

En los argumentos que fundamentan la acción judicial indican que la norma afecta a todos los beneficiarios, en tanto establece quita en la base remunerativa para la determinación del haber previsional (se elimina el aporte personal para el cálculo del haber), se difiere el pago de los aumentos (a dos meses luego de que lo reciban los activos) y elimina adicionales remunerativos.

Esta acción, en definitiva, “pide declarar la inconstitucionalidad de la norma en tanto aplica descuento a beneficios otorgados con anterioridad a la sanción de la nueva ley y reduce los haberes en franca violación a lo establecido por el artículo 57 de la Constitución Provincial", indicaron desde los estudios jurídicos mencionados, aludiendo a que esa norma expresamente establece la irreductibilidad de los beneficios previsionales.

Adicionalmente, los abogados Gentile y Carena también presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad en nombre de la Asociación de Magistrados, por los mismos motivos esgrimidos por los gremios estatales.

Entre otros puntos, la entidad que lidera el camarista Luis Paoloni, señala que se trata de una ley que provoca una "conculcación" de los derechos adquiridos, que "confisca" los incrementos salariales y ya adelantaban que iniciarían acciones legales para evitar su aplicación.

Además, no dejaron de advertir el contexto de aislamiento obligatorio en el que esta ley fue aprobada, además de su tratamiento exprés.

Quita del 20%

Además de esa presentación general, hay un punto de la nueva ley de jubilaciones que preocupa particularmente y es el que establece una quita a los que tengan dos beneficios.

Por esa razón, la Secretaría de Previsión del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (ex-Villa María) solicitó a cada seccional que haga un relevamiento de los pasivos que encuadren en esa categoría.

Mariano Peralta, secretario seccional del gremio en esta ciudad, informó a El Diario que en total hay 160 jubilados y pensionados de EPEC en Villa María. “Nosotros, como cada seccional del ámbito del Sindicato Regional, estamos trabajando para poder adoptar las medida de defensa judicial y como primer paso estamos recopilando la información de los jubilados que se encuentren en situación de doble beneficio previsional o beneficio previsional e ingreso por actividad de dependencia o autónomo”, indicó.

Ese relevamiento lo están realizando con la Comisión de Jubilados local encabezada por Raúl Seia y Dardo Giuliani y la Secretaría gremial de la seccional que está a cargo de Mariano Venencia y Pablo Righi.

El gremio argumenta que como es de público conocimiento, el 20 de mayo se aprobó la Ley 10.694 “que dispone numerosas modificaciones sobre el régimen previsional cordobés (Ley 8.024)”.

Una de las medidas dispuestas es el denominado "aporte solidario" que consiste en la reducción definitiva del 20% de los haberes jubilatorios, y que se aplicará a partir de los haberes de mayo de 2020.

La Regional informó que la reducción será aplicada a las personas que tengan dos beneficios previsionales, como una jubilación y una pensión, “ya sean ambos provinciales, o uno provincial y el otro nacional (por ejemplo, pensión provincial y jubilación de ama de casa de ANSES)”.

Aclaran que se hará la quita cuando la sumatoria de ambos ingresos supere los seis haberes jubilatorios mínimos, que actualmente equivalen a 102 mil pesos. “Si ambos beneficios son provinciales se aplicará la reducción sobre el total de ambos beneficios, y si uno es provincial y otro nacional, se aplicará el descuento solo sobre el primero”, explicaron.

Pero también la reducción del 20% se aplicará si el beneficiario goza de un beneficio previsional y simultáneamente percibe otro ingreso por su desempeño en cualquier actividad en relación de dependencia o como trabajador independiente (por ejemplo, monotributista), “siempre que supere seis haberes jubilatorios mínimos”.

Este descuento, uno de los puntos particularmente controvertidos de la nueva ley, es el que motivó el relevamiento para que el sindicato pueda acompañar a los afectados en las acciones jubilatorias para evitar la quita.