La minoría envió un pedido de informe por el parque fotovoltaico

Los concejales de Vamos Villa María enviaron un pedido de informe al presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo, Pablo Rosso, para que evacúe una serie de dudas con respecto a la adquisición de tierras por parte del municipio, que iban a ser destinadas a un parque fotovoltaico.

En la solicitud, remitida por iniciativa del concejal Luis Caronni, se expresa que las consultas sobre este tema se realizan “movidos por el convencimiento de que el deber de contralor que asiste a la oposición es de suma importancia en la búsqueda de un Estado más transparente”.

“El Estado municipal, en el año 2019, concertó una operación inmobiliaria adquiriendo, por medio del Instituto Municipal de Inversión (IMI), en el marco de un alegado proyecto de generación de energía solar, tierras pertenecientes a la sociedad Directorio de Negocios SA, presidida por Daniel Souto (quien también encabeza el proyecto de iniciativa privada para quedarse con la propiedad de la Plaza Manuel Anselmo Ocampo), poniéndose de manifiesto esta transacción en el Decreto N° 891, que no fue publicado en el Boletín Oficial”, comienza la nota enviada al intendente interino.

“Esta transacción está signada por una multiplicidad de dudas y falta de certezas, que no se condicen con un modelo de Gobierno Abierto como el que pregona nuestro Estado municipal. En primer lugar, la omisión de publicarlo en el Boletín Oficial como corresponde. Luego, la falta total de información al respecto, sobre las condiciones de esta transacción que afecta recursos de los contribuyentes”, continuó la misiva de los ediles.

Luego recuerda que, de acuerdo al decreto, “la Secretaría de Economía y Finanzas debía transferir al IMI 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 32.500 dólares, cada una al valor de tipo de cambio oficial del Banco Nación tipo vendedor al momento de librarse la orden de pago, incumpliendo de esta manera la Ordenanza de contrataciones N° 6404, y sin la debida autorización de Concejo Deliberante, prevista en el artículo 107 de la Carta Orgánica Municipal, teniendo en cuenta que por intermedio de dicho boleto de compraventa se comprometió afectar recursos tributarios coparticipables y para ello se requiere autorización del Concejo Deliberante”.

“Para continuar con el cúmulo de irregularidades debemos poner de manifiesto que no hay claridad respecto a la disponibilidad para escriturar de los terrenos en cuestión, así como también se desconoce el proceso de valuación de los mismos y el órgano a cargo de tal valuación”, agregaron los concejales en la nota enviada a Rosso.

“Sobre todos estos temas se expidió en un pedido de informe la concejala con mandato cumplido Gisele Machicado, además de indagar la razón por la cual no se modificó el Presupuesto 2019 para incluir estas erogaciones del municipio, ni fueron tenidas en cuenta para elaborar el Presupuesto 2020, no teniendo ningún tipo de respuesta de parte del Departamento Ejecutivo Municipal”, señalaron.

“Por último, en el ámbito de la reunión de la Comisión de Acuerdos del Concejo Deliberante del pasado miércoles 29 de abril, en la que contamos con la asistencia de la secretaria de Economía y Modernización, Daniela Lucarelli, quien concurrió a ofrecernos información acerca del estado de las cuentas del municipio, al preguntarle sobre esta transacción, ella manifestó que se encuentra cancelada o suspendida, por el momento. A raíz de esto surge la necesidad de aclarar otro interrogante, relacionado a la forma en que esta transacción se suspendió, y cuál fue el instrumento utilizado a tal fin”, indicaron.

Las preguntas a Rosso

“En virtud de lo expuesto, le solicitamos que el DEM, a través de la secretaría que estime pertinente, informe si es correcta la manifestación efectuada por Lucarelli sobre que se ha cancelado o suspendido la compra de un campo de siete hectáreas ubicado sobre ruta provincial 2, realizada a la sociedad Directorio de Negocios SA”, expresa la nota enviada a Rosso.

“En caso de respuesta afirmativa, que informe cuál fue el instrumento mediante el cual se materializó esta cuestión, remitiendo copia del mencionado documento, si existiere”, agrega el texto.

También le solicitan que responda (en razón de no haberse efectuado hasta el día de la fecha) el pedido de informes realizado por la edil Machicado en noviembre pasado, sobre todo lo relativo al Decreto 891. A la vez que requieren que este pedido de informes sea contestado en un término no superior a los 20 días corridos a contar desde su recepción.

De algo sirvió

Cuando finalizó el informe de Lucarelli sobre las finanzas del municipio, el concejal Caronni contó que la secretaria de Economía había dicho que el campo finalmente no se había comprado.

“De algo sirvió mi denuncia”, consideró entonces el edil, que fue quien denunció la existencia del Decreto 891 que daba cuenta de esa operación por una cuantiosa suma de dinero.