Rechazaron una reducción de las jubilaciones provinciales

Hace menos de una semana el Gobierno de Córdoba dio a conocer que, a excepción de los pasivos de la Justicia, el resto de los jubilados provinciales tendrá un tope: ninguno podrá cobrar más de $110.789, o dicho de otra forma, ninguno podrá cobrar más que el gobernador que por la pandemia se rebajó un 45% sus salarios.

Frente a esta noticia, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza manifestó su más absoluto rechazo a la medida.

A través del secretario Seccional Villa María, Mariano Peralta, dieron conocer a El Diario las razones de ese rechazo.

En primer término, “tales reducciones resultan inconstitucionales por cuanto, entre otras razones, las mismas no se aplicarán sobre la totalidad de la población, ni siquiera sobre la totalidad de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, sino solo sobre alrededor del 8% de los mismos”.

También entienden que no están ante una postergación del pago de haberes “sino lisa y llanamente ante su confiscación".

“Nuestros afiliados han realizado oportunamente y durante décadas sacrificados y elevados aportes previsionales para gozar de un beneficio protectorio, legítimamente otorgado, que ahora se verá reducido solo por percibir un haber mayor que otro”, remarcaron.

Ya en el terreno del debate jurídico, señalaron que la medida “importará un resultado regresivo en el goce efectivo del derecho al beneficio previsional adquirido y a los derechos reconocidos en la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, en mengua de su calidad de vida (inciso 22 del artículo 75 de la Constitución nacional, artículos 21 y 26 de la Convención Americana y artículo 18, concordantes y correlativos de la Constitución de la Provincia), por lo que estamos ante un claro y manifiesto supuesto de inobservancia por parte de una entidad de carácter público del deber de respecto consagrado por los artículos 1.1 y 2 de dicha Convención”.

Antes de pedir que no reduzcan las jubilaciones provinciales, señalaron un punto especial, dado que los pasivos “son sujetos de preferente tutela en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son justamente los individuos más vulnerables en las actuales circunstancias, atento la situación de riesgo en que se encuentran, la necesidad de mayor cobertura por parte de la comunidad, comenzando por el propio Estado, y al confinamiento obligatorio que deben afrontar”, agregando que por la cuarentena, se reducen las posibilidades de ejercer el derecho a defensa ante la medida.

Finalmente, cabe señalar que la disposición rige por cuatro meses, desde el mes de abril, es decir, con los haberes que cobrarán en mayo.