­­Con cuestionamientos de la oposición aprobaron pago único por infracciones

Concejales aprobaron ayer por mayoría el proyecto del Gobierno de Pablo Rosso que faculta a los Juzgados de Faltas a proceder a la entrega de automotores, cuadriciclos y motocicletas que se encuentren a su disposición.

Se trata de vehículos retenidos por inspectores de Tránsito en un período que va desde 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019 pasado, a consecuencia de que sus propietarios infringieron normas viales, ya sea de conducción o de documentación.

Para la restitución mediará un pago único que engloba multa, traslado y estadía en los depósitos municipales. Es de cuatro mil pesos para motocicletas, de 7.500 pesos para cuadriciclos y de 10 mil pesos para los automotores.

Quienes se acoplen a esta nueva norma recibirán sus vehículos, pero tendrán la prohibición para circular hasta tanto cumplimenten con los requisitos que prevé la legislación vigente. Esta restitución extraordinaria será por el término de 90 días. Desde el bloque opositor no estuvieron de acuerdo, por lo que el proyecto contó con el rechazo de los cinco integrantes de la bancada de Vamos Villa María.

En diálogo con El Diario, su presidenta, Karina Bruno, consideró que la iniciativa oficialista es “muy floja en términos legales”, a la vez que evaluó que se trata de “una mala solución para una mala política vial”. 

La edil precisó que los vehículos incautados son cerca de dos mil motos y unos 10 autos, y que la gran mayoría de sus dueños “nunca iniciaron un pedido de restitución”.

Además, afirmó que “no se concluyeron los trámites administrativos de faltas y de procuración, por lo que hay un proceso vigente” en torno a cada uno de esos rodados.

Bruno también hizo hincapié en que los vehículos secuestrados son producto de “procedimientos casi militarizados, en donde se cercó la ciudad” durante los años 2017, 2018 y 2019, y recordó que en ese momento señalaron desde la minoría legislativa que “más que de prevención, se trataba de una mera cuestión recaudatoria”.

“En aquel entonces, las motos tenían todos los motivos para ser secuestradas y ahora se las devuelve. No podían circular por no estar en condiciones legales ni de seguridad y ahora, sin embargo, las restituyen”, objetó. En ese marco, dijo que si bien la norma prevé la prohibición de circular, se preguntó: “¿quién puede creer que pagás la multa y dejás la moto en casa?”.

“Van a largar a la calle un montón de motos sin condiciones. Las consecuencias son potenciales accidentes. Sabemos lo que sucede en materia vial, con el mal uso de rodados que no cumplen con requisitos de seguridad o ante la falta de conciencia en cuanto al uso del casco”, declaró.

Y agregó que desde el oficialismo “reconocieron que las motos tenían una multiplicidad de causales de infracción”.

También cuestionó que “se habilita a cualquiera que acredite una cuestión de posesión” a poder retirarla, algo que calificó de desprolijo.

Y añadió que “también es muy injusto e inequitativo para la gente que cumplió con el pago de multas”.

Desde el Gobierno, se explicó que la propuesta se desencadenó a raíz de la gran cantidad de vehículos en los depósitos municipales, dado que “la multa sumada a la estadía, especialmente en las motos, muchas veces hace que el valor a pagar sea mayor que el valor del ciclomotor, entonces la gente opta por dejarlo ahí”.

“Ante la inminencia de tener que alquilar un nuevo galpón para poder seguir conservando los vehículos, nos pareció mucho más prudente, en esta situación especial que vive la ciudad, generar este proyecto donde los ciudadanos puedan, por única vez y por un precio bajo, hacerse nuevamente de su vehículo”, dijo el secretario de Gobierno, Eduardo Rodríguez, días atrás.