Concejo Deliberante - Vamos Villa María presentó un proyecto de resolución

Buscan garantizar la seguridad de las obras que quedan frenadas

Los ediles propusieron crear un registro de aquellas no reactivadas y que se verifique el estado de riesgo para llevar seguridad a las viviendas vecinas
lunes, 18 de mayo de 2020 · 09:00

Los concejales del bloque Vamos Villa María presentaron un proyecto de resolución a los efectos de requerir al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) arbitre las acciones pertinentes para generar un Registro de Obra no Reactivada y Verificación del estado de riesgo por la imposición del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco del COVID-19.

“Como es de público conocimiento, a partir de la promulgación del Decreto N° 189, que permite la reactivación de la obra privada, muchas construcciones podrán continuar su ejecución en esta nueva normalidad. Por otro lado, innumerables obras en construcción que se estaban llevando a cabo en nuestra ciudad, siguiendo sus etapas constructivas previstas y que se vieron paralizadas de manera brusca y obligatoria para cumplir con la normativa nacional vigente en el marco de la pandemia de COVID-19, no podrán continuar por no estar alcanzadas en este decreto. De esta manera han quedado interrumpidos procesos de obra imprescindibles que pueden generar situaciones de riesgo para la seguridad de la obra en particular, como para los linderos en general”, explicaron los concejales en el proyecto que fue impulsado por Carlos Primo.

“Esta iniciativa pretende que el DEM, a través de la Dirección de Obras Privadas, realice una visita e inspección de obra general, de manera que se constate el estado actual de las edificaciones y se verifiquen sus condiciones de seguridad”, agregaron.

“Además, desde el freno impuesto para la prevención del COVID-19, se han detectado numerosas situaciones delictivas en diferentes obras en la ciudad, tales como robo de materiales y herramientas en general, como también han sido las obras virtualmente abandonadas situaciones propicias para desde allí perpetrar hechos delictivos a linderos. Estamos seguros de que a partir de realizar las inspecciones y constatar el estado de las mismas y su necesaria puesta en condiciones, en caso de ser necesario, contribuirá a que se minimicen estas dolosas situaciones”, manifestaron.

“Para todas las notificaciones y traslados que exija esta ordenanza se utilizarán los protocolos y permisos de circulación vigentes a nivel nacional para todos los operarios que estén involucrados, de manera que, de ser necesario, se puede ir a la obra a verificar y corregir situaciones o daños, pero no pueden realizar ningún otro tipo de trabajo”, señalaron.

En diálogo con El Diario, Primo estimó que hay un 40% de obras no registradas.

“Hay muchas obras en esas condiciones, que se inician y después se registran, por ejemplo, ampliaciones que se hacen sin un profesional y que con el tiempo se hace el plano para estar en regla. Eso es común, lo que ocurrió es que el 19 de marzo, muchos trabajadores que pensaban volver al día siguiente todavía no lo han hecho, esos albañiles dejaron allí sus herramientas y en 50 días de cuarentena se han producido robos, no solo de sus elementos, sino también de materiales de construcción”, indicó.

“Desde esas obras, al no haber gente, también se ha hecho propicio que ingresen a viviendas de vecinos. Y no es solo ese hecho lo que da inseguridad, también puede ocurrir que en determinadas obras haya pozos que, al no continuar el trabajo, se socaven y produzcan un daño en las construcciones vecinas. Por eso es importante hacer un chequeo general”, remarcó.

“Es importante que se haya reabierto esta actividad, pero solo pueden volver a trabajar las obras que están registradas, las que no están habilitadas van a seguir sin poder avanzar en la construcción. Hay que garantizar la seguridad de las obras y de los vecinos de estas construcciones”, consideró el arquitecto.

En el proyecto, Primo sugirió que con el fin de cumplimentar esta resolución se tenga en cuenta el Código de Edificación (Ordenanza 6.402), a la vez que propuso que a fin de aplicar penalidades se tenga en cuenta el Código de Faltas (Ordenanza 3.552).

 

López y Cladera pidieron que se elimine la OIM

Luego de oponerse a solicitar que EPEC elimine los intereses por mora de las facturas del servicio, los concejales Daniel López y Juan Carlos Cladera presentaron un proyecto de ordenanza a través del cual solicitan la suspensión por 12 meses de la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM) por el consumo de energía eléctrica para los consumidores residenciales.

Dicho impuesto municipal implica una sobretasa del 10% en la boleta de la Empresa Provincial de Energía Córdoba que pagan los consumidores.

Además, en la misma iniciativa solicitaron que se prorrogue la Ordenanza 7.373 por la que se suspendía el cobro de este impuesto a los comerciantes, industriales y servicios de la ciudad.

“Esta es una tasa que el municipio les cobra a los vecinos de la ciudad, que asciende al 10% sobre el importe neto total de lo que paga el consumidor en cada boleta facturada por EPEC. Consideramos factible la suspensión por el término de 12 meses, como así también la prórroga de la ordenanza para dar así una respuesta concreta a los vecinos, que pagarían menos en cada factura, y disminuiría la presión tributaria que recae sobre el bolsillo de los villamarienses”, señalaron los ediles.

“Sin dudas que la preocupación de los vecinos por las altas tarifas que se pagan por los servicios en general es también nuestra preocupación como concejales, por eso presentamos este proyecto, que no es una expresión de deseo, sino un hecho concreto que está dentro de nuestras facultades como municipio”, agregaron.

“Debemos también decir que el proceso de recomposición de las tarifas en estos últimos cuatro años del Gobierno anterior que se puso en marcha desde 2016, fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución, sufriendo un aumento desde que se inició este proceso de un 3.700% promedio en todos los servicios llegando a destinar casi el 20% de un salario mínimo de los trabajadores”, apuntaron.

“Este proyecto es una respuesta concreta que no intenta endulzar los oídos de la gente con expresiones de deseos, sino que les llegue al bolsillo de los que día a día se esfuerzan para llegar a fin de mes”, finalizaron.

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