“La peor opción de todas”

Luego de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial que la Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió permitir diferir por 12 meses el pago de cuotas y cargos administrativos a los suscriptores de planes de ahorro, Paola Briganti, de un grupo de ahorristas locales, advirtió que, a su juicio, hay cuestiones poco claras en la nueva medida.

Briganti integra un grupo que hace casi un año inició acciones judiciales contra las empresas de venta de automóviles mediante planes de ahorro, por el aumento de las cuotas.

“En este grupo tenemos abogados, un juicio iniciado y ahora nos ocupa este diferimiento que salió días atrás, entonces desde nuestro lugar queremos advertirle a la gente sobre algunas cuestiones que llaman la atención, porque parece que hubiera cierta complicidad entre las disposiciones del Gobierno y los beneficios de las empresas”, apuntó Briganti.

“Una es que se pueden diferir las cuotas atrasadas al final del plan, sin que se sepa a qué valor, porque no se especifica qué porcentaje de interés van a aplicar. Por ejemplo, si quiero diferir seis cuotas, no pago hasta octubre, y las abono al final del plan, es decir, un plan de 84 cuotas se transforma en uno de 90, pero esas cuotas se van a pagar al valor que en ese momento tenga el auto cero kilómetro, que es lo más preocupante. No es que la cuota que difiero ahora a un valor de $10 la voy a pagar a ese precio al final del plan, nadie sabe lo que va a pagar, porque se actualizarán”, señaló.

“En segundo lugar, quienes fueron beneficiados por una medida judicial, como sucedió con muchos de nosotros, porque un juez ordenó que nos hagan un descuento, no pueden entrar en el diferimiento. Hay que renunciar expresamente, por escrito, a todos los beneficios judiciales para poder refinanciar la deuda, algo que no tiene nada que ver, porque una cosa es que alguien tenga deuda y necesite refinanciar por la situación que se da ahora con la pandemia, y otra es que renuncie a un juicio. No se entiende la relación, entonces para acomodar la deuda, conservar el auto y evitar que lo quiten por falta de pago, hay que renunciar al juicio”, remarcó.

“En nuestro caso, el juicio recién está empezando, pero si el año que viene sale el fallo a favor de los ahorristas, determinando que están cobrando una cuota elevada, la persona que ahora renuncie a ese proceso va a seguir pagando la cuota tan alta como a la empresa se le ocurra, porque aunque esté alcanzado por el fallo judicial, ya renunció”, indicó.

“En la declaración jurada que la IGJ pide llenar para adherir a este diferimiento está el punto donde dice ‘renuncio expresamente a todas las medidas cautelares’, es decir que si en un futuro un juez dice algo nuevo, no aplica porque hay una renuncia a todo lo que salga de la Justicia que nos pueda beneficiar. Queremos advertir, porque si bien hay mucha gente en el grupo, hay muchos otros que no, y esas cosas no se explican”, afirmó.

“Me parece que esta medida en vez de ayudarnos, es la peor opción de todas. Creo que en casi todos los casos va a convenir que a la deuda la solucionen de otra forma, a través de un crédito, mediante tarjeta, cualquier otro medio cuyo interés sea más bajo o que al menos la persona sepa a qué valor puede llegar, y sin perder el beneficio de que le devuelvan la plata si el juicio sale a favor y se determina una reducción de la cuota”, consideró Briganti.

“En el grupo somos alrededor de 400 personas de Villa María los que participamos de la demanda y el reclamo es que se baje la cuota. En el plan de ahorro es correcto que la cuota se vaya actualizando mensualmente de acuerdo al valor del auto, lo que pasa es que ese valor está muy inflado y es muy superior a lo que se vende ese vehículo de contado. La excusa de las empresas es que hay una diferencia entre pagar en 84 cuotas y hacerlo de contado, pero con el sistema del plan de ahorro, el grupo todos los meses compra un auto con el dinero de las cuotas de los 84 aportantes, entonces se está comprando en efectivo, sin embargo un mismo auto que de contado se vende a 600 mil pesos, en un plan de ahorro cuesta un millón de pesos. Por eso queremos que la cuota se cobre en función de lo que realmente vale el vehículo, entendemos que algo de razón debemos tener porque el juez determinó que mientras dure el juicio paguemos menos, es aproximadamente la mitad de la cuota”, concluyó.