El “caso Villa María” disparó reunión en el más alto nivel

Los internos del Establecimiento Penitenciario Nº 5, ubicado en barrio Belgrano de esta ciudad, vienen reclamando de manera pacífica porque temen que en el marco de la pandemia de coronavirus “el hacinamiento actúe como un disparador”.

“Nos preocupa la situación sanitaria de toda la población de esta cárcel, pero especialmente la de los enfermos, la de los que permanecen sin condena y podrían esperar el juicio en su casa, como la de los que tienen prácticamente cumplida la pena”, expresó un portavoz de los reclusos.

La falta de diálogo y de medidas sanitarias concretas (que le imputan al juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra), los llevó a organizar y realizar el martes último una jornada de “brazos caídos”, que implicó no salir de sus celdas y, por ende, no cumplir con la “fajina” que se les tiene asignada.

Ayer informaron desde el establecimiento que luego de la protesta “tres de los internos fueron castigados, ya que se les impidió volver a sus trabajos en el Economato, que es una de las fases hacia la reinserción; como una forma de presión para que no se plieguen a nuevas medidas que podrían darse la semana que viene”.

En medio de los reclamos, la filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que encabeza Elvio Toscano, activó a la conducción nacional del organismo, cuyos tres presidentes, María Elena Naddeo, Guillermo Torremare y María Soledad Astudillo, alertaron por carta al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

“Nos dirigimos a usted con el objetivo de hacerle llegar una nota de adhesión al reclamo de los internos del Establecimiento Nº 5 de Villa María... Esperando que arbitre los medios a su alcance para que se adopten medidas tendientes a garantizar el goce efectivo de los derechos de quienes se encuentran privados de su libertad...”, decía la misiva, que derivó en una videoconferencia nacional, que encabezó el presidente del Comité, Juan Manuel Irrazábal.

En el encuentro virtual se analizaron específicamente “medidas urgentes necesarias para proteger la salud y la seguridad de las personas privadas de su libertad y del personal penitenciario; protocolos de actuación ante casos sospechosos o confirmados; estándares judiciales para reducir el hacinamiento (viabilidad de las medidas alternativas o morigeradas del encierro); mecanismos de control, monitoreos no presenciales; comunicación entre las personas privadas de libertad, sus seres queridos, y con las autoridades respecto a las cuestiones vinculadas con el COVID-19”, según se explicó desde la CNTP a este medio, “por estar en contacto con la problemática”.

Presencias

Para dar una idea de la envergadura “y la seriedad con la que se tomó el tema”, se indicó que participaron por vía digital los comisionados Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín; el presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, el juez Gustavo Hornos, y jueces con competencia en asuntos relacionados a la cuestión carcelaria como Roberto Lemos Arias, Sergio Paduczak, Alicia Vence, Juan Ignacio Pérez Curci, Daniel Morín, Vilma Bisceglia y María Paula Marisi (precisamente, juezas de Ejecución), entre otras muchas personas.

“Se intercambiaron las experiencias y dificultades que vienen atravesando los distintos actores del Sistema. Se coincidió en la necesidad de involucrar tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a la Procuración General de la Nación, y al Ministerio de Justicia y Salud de la Nación a esta mesa donde se abordan las estrategias de prevención en los centros de detención. Asimismo, se destacó como necesario fortalecer el rol del Poder Judicial para poder brindar un servicio de justicia eficaz ante esta emergencia”, se informó.

Y se agregó que “también se señaló la importancia de la voz de los familiares, remarcando la necesidad del acceso a la comunicación”. Finalmente, se resaltó que “la libertad es la regla durante el proceso penal, y se coincidió en la necesidad de mantener una comunicación fluida entre los distintos actores que conformamos el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, y de encontrar mecanismos eficaces de monitoreo y control de la aplicación de las medidas sanitarias recomendadas, teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad y la necesidad de garantizar sus derechos, en especial la salud”.

Es juez Ferreyra no participó, pero seguramente será anoticiado. Los internos han reiterado a este medio que no quieren actos de violencia, sino un diálogo “para la protección de todos, incluidos los guardiacárceles, que están tan expuestos como nosotros”.

Habrá que ver ahora cómo sigue en la semana que comienza este problema que se arrastra en el tiempo.