Imputaron a once personas al cumplirse una semana de la toma

Al cumplirse una semana de la toma de tierras en el barrio Nicolás Avellaneda y en su límite con el San Nicolás, la Justicia imputó por el delito de “usurpación” a once personas.

Así lo confirmó la fiscal Silvia Maldonado, que entiende en el caso desde que se originó el asentamiento.

“Nadie más puede ingresar al lugar y no se descarta que se amplíen las imputaciones”, informó la titular de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno a este matutino.

La funcionaria especificó que estos vecinos han sido citados en la Unidad Judicial “para ser debidamente notificados en el proceso”.

“Durante la semana próxima serán citados a la Fiscalía en tal  calidad a los fines de ser indagados. Algunos ya fueron citados hoy (por ayer)”, apuntó. Precisamente, este diario buscó su palabra tras conocer que delegados de las familias en la toma habían recibido notificaciones de que debían presentarse en la Unidad Judicial. “Si no comparecen, se dispondrán otras medidas”, indicó Maldonado.

Una mañana intensa

Previo a conocerse esto, una parte del grupo había definido levantar el campamento, ante un posible diálogo con referentes de Desarrollo Social de la Nación, mediante el nexo de una de las organizaciones sociales que acompaña la iniciativa. Gran parte de las familias, en cambio, no se acopló a esa decisión, descreyendo de un posible diálogo y de los frutos del mismo.

Así, la mañana de la víspera transcurrió con una división de posturas de los vecinos, ya que mientras la mayoría ratificaba su asentamiento, otro grupo quería dejar estas tierras, que son el foco de conflicto y que desde el viernes de la semana pasada reflejan el déficit habitacional que presenta la ciudad, que no escapa al cuadro del resto del país.

Sin embargo, pasado el mediodía, el sector que había iniciado la retirada en la esquina de San Juan y Seydell dio marcha atrás a su decisión y quiso volver a instalarse.

En ese marco, numerosos policías de la Provincia de Córdoba accedieron al lote en el que vecinos intentaban reinstalarse, y explicaron que tenían orden de no permitir nuevos asentamientos en los sectores que habían despejado. Ahí se vivieron algunos pequeños momentos de tensión, pero tanto los policías como los vecinos mantuvieron la calma.

“Nadie les ordenó que se fueran, ustedes decidieron irse, ahora tenemos orden de no permitir que vuelvan a estar acá”, argumentaban funcionarios policiales, que en estos días han sido casi el único rostro del Estado presente en el lugar.

“No nos vamos”

“Nos vamos a quedar, hasta las últimas”, dijo -previo a conocerse las imputaciones-Nadia Navarreta, una de las delegadas del grupo que nunca puso en duda la permanencia en estas tierras.

“En el municipio no nos quieren recibir, no quieren arreglar”, aseguró.

Cuando El Diario dialogaba con ella, se sumaron otros vecinos. “No se olviden que en tres meses hay otras elecciones, la Claudia (por Arias, hoy concejala y exsecretaria de Inclusión Social) fue por nosotros al Concejo, le hemos dado el voto. Ahora necesitamos de ellos”, expresó un hombre. “Estuvimos con Accastello, con Nora, siempre hemos estado con el peronismo y ahora nos ignoran”, acotó molesto.

Y dijeron que “les han dado terrenos a mucha gente que no necesita, mientras otros estamos acá a la deriva”.

Por su parte, Gustavo Saldaño y Julio Rodríguez, del sector que en un principio había decidido levantar la toma, pero luego la ratificó, comentaron a este matutino que “se mantiene la idea de un contacto con Nación, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar”.

“Tenemos miedo de ir a negociar a Buenos Aires y que ellos pongan vallas en todo este territorio y no poder acampar más. Hasta que venga el intendente estaremos acá”, afirmaron.

“Nos iban a recibir en Desarrollo Social de la Nación según algunos contactos, pero eso se concretaba siempre y cuando levantemos la toma. La mitad queríamos y la otra mitad no, ahora decidimos quedarnos todos”, precisaron.

Los hombres subrayaron que “muchas personas no tienen dónde ir”.

Una joven de la organización Seamos Libres indicó a este cronista que ayer hubo una reunión en el MuniCerca 1 (ubicado en Salta y La Quiaca, y que comprende precisamente a estos dos barrios) en el que se abordó la situación de diez familias en emergencia. Son las que, al levantarse la toma, no tienen dónde ir.

En la siesta, delegados de las familias fueron notificados que debían presentarse en la Unidad Judicial de calle General Paz. A la tarde comenzaron a saber sobre las imputaciones.

Sin embargo, en los terrenos todo continuó como entonces.

Al cierre de esta edición se aprestaban a realizar una nueva asamblea. El comentario recogido por este matutino en el lugar era el de que continuarán allí.