Gobierno y familias no arreglan y se ratifica la toma

Escribe Diego Bengoa

Fotos: Victoria Araujo

Hoy se cumple una semana de la toma de tierras privadas en barrio Nicolás Avellaneda de Villa María, sin vistas de una resolución inmediata.

Ayer nuevamente fracasó una salida al conflicto mediante una reunión que se concretó en el Palacio Municipal, entre delegados de las familias que ocupan terrenos y representantes del Ejecutivo.

Por la Intendencia, estuvieron el secretario de Gobierno, Eduardo Rodríguez, la secretaria de Inclusión Social y Territorio, Celeste Curetti, el presidente del Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura, Carlos Ramírez y Silvia Cuello, de la misma área.

Tras ese encuentro, vecinos se reunieron en asamblea en calle San Juan y Seydell, uno de los puntos de la toma, en la cual decidieron continuar con la medida. El Diario estuvo allí en esos momentos.

Más tarde, policías, bajo el mando del comisario Diego Gallo, se acercaron a las familias para explicarles que tenían directivas de relevar a las personas que estaban en cada uno de los terrenos. Los uniformados se desenvolvieron con respeto y amabilidad, y los vecinos respondieron de igual manera.

En el lugar, un hombre mayor entregó una carta de puño y letra a este diario, con pedido de publicación. Allí refleja el peregrinar de un montón de ciudadanos en busca de acceder a algún programa habitacional, que en la actualidad no hay. Este medio dialogó con varias personas que dieron cuenta de dramas personales. Una chica en silla de ruedas, otras embarazadas, todas en situación de calle.

La palabra de la gente

Dayana Morre y José Barroso, dos de los ocho delegados de la toma dijeron que la reunión en el municipio “fue más de lo mismo”.

“Volvimos sin una respuesta concreta. Nos dijeron que no había terrenos para tantas familias y que no contaban con el dinero para comprarlos. Señalaron que había que ver un orden de prioridad, algo que nos parece bien, pero son ellos los que tienen que hacer el relevamiento. Además, si bien algunos necesitan con más urgencia, la realidad es que todos estamos en la misma”, manifestó Morre.

Barroso subrayó que no quieren “que nos regalen nada, sino que brinden posibilidades con cuotas accesibles”.

“Nosotros no podemos estar definiendo quién tiene más prioridad. Obvio que sabemos que algunas familias están en situación de calle, muy mal, pero también quien está alquilando o viviendo de prestado presenta una necesidad, de lo contrario no estaría acá”, declaró Dayana.

Por su lado, José contó que en la reunión se barajó la posibilidad de obtener “diez terrenos, pero somos más de 60 familias y  todos estamos necesitando”. “Los alquileres son altísimos, mientras que nuestro trabajo es día a día”, añadió.

Remarcaron que “para cualquier lote se necesitan 700 mil pesos como mínimo, algo imposible para nosotros, que somos todos trabajadores, no somos vagos ni vivimos de arriba como dicen por ahí”.

Afirmaron que la postura es continuar con la toma hasta llegar a un compromiso firmado de parte del Gobierno. “Ellos dicen que no hay tierras. Creo que como funcionarios tienen que buscar una solución”, consideró Dayana.

“Quisieran que vinieran y se fijaran cómo estamos y cómo vivimos. Estamos cansados de ir al municipio por viviendas y no pasa nada, nunca”, concordaron.

Qué dijeron en el Gobierno

En un comunicado oficial, se expuso que “Rodríguez sostuvo que en el diálogo -con vecinos- se hizo hincapié en que, mientras perdure la situación de ocupación, no es posible poner en marcha los mecanismos administrativos del municipio para actuar ante necesidades habitacionales específicas”.

“Los hemos invitado a concurrir al municipio para evaluar individualmente la situación de cada uno e ir atendiendo las prioridades, conjuntamente con los más de 5.000 inscriptos que ya tiene el IMV y que no participan de ninguna toma. El municipio no puede fomentar situaciones de desigualdad entre quienes usurpan y quienes están anotados en lista de espera”, dijo el funcionario.

Oficialmente se habló de “la vocación de diálogo que mantiene el Gobierno local, dado que desde el domingo se viene recibiendo a los interlocutores propuestos”.

Rodríguez indicó que se han “puesto a disposición los mecanismos administrativos y de trabajo territorial”. “La usurpación de terrenos tiene una finalidad distinta al problema habitacional, que reconocemos que existe, pero también sabemos que existe detrás de esto una actitud desde la política para incitar al conflicto”, afirmó. Y aclaró que desde el municipio no van “a avalar ninguna actitud delictiva como es la usurpación de los terrenos”.

Este diario no ha podido en las últimas jornadas tener la palabra del secretario de Gobierno.

Quieren “un plan de pago acorde a la situación”

El grupo emitió un comunicado con la adhesión de numerosas organizaciones, del orden comunitario, político, campesino, estudiantil, de la diversidad y del feminismo.

En el escrito indicaron que la toma se inició “habiendo previamente agotado instancias y con convenios con plazos varios vencidos para poder acceder a terrenos con la proyección de construir viviendas dignas en nuestro barrio”.

Apuntaron que las tierras “han sido utilizadas desde hace aproximadamente 20 años como microbasurales a cielo abierto por diferentes particulares y privados de la ciudad sin ningún tipo de control, siendo totalmente desoídos, sometiéndonos a habitar espacios en condiciones insalubres e inhumanas”.

“Iniciamos un proceso que espera comenzar a revertir la falta de acceso a una serie de derechos elementales de las familias más vulnerables de Villa María, aun teniendo que exponernos a las condiciones que implica una toma, en donde sobretodo las personas mayores, con discapacidad, niños y niñas se encuentran a merced de las hostiles condiciones climáticas, sin baños y entre medio de residuos”, indicaron.

Y anotaron los datos que surgieron desde el Centro Estadístico Municipal, que confirma que estos barrios tienen altísimos niveles de desigualdad y exclusión.

“Al día de la fecha no hemos recibido respuesta ni apertura al diálogo por parte de ninguna representación estatal en sus diferentes niveles, solo citaciones a dos compañeras en la Fiscalía de Primer Turno, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado e invitaciones informales a reuniones colaterales pretendiendo negociar paralelamente, desconociendo nuestro nivel de organización y compromiso en donde todos nos representamos a todos y que exigimos tierra para cada familia”, dijeron previo al encuentro en el municipio ayer a la mañana.

“Queremos hacernos cargo de los terrenos de nuestro barrio, queremos acceder a un plan de pago acorde a la situación de cada familia”, anticiparon. “Proyectamos viviendas y espacios con fines productivos, laborales y comunitarios para seguir afrontando entre nosotros la ausencia estatal como lo hemos hecho siempre”, cierra el escrito.