Las mujeres y el acceso a la Justicia

Se realizó de manera virtual una charla sobre “Las mujeres y el acceso a la Justicia”, donde la defensora pública de la Justicia Federal, Luz Felipe (foto), abordó la temática desde dos aspectos: por un lado, el trato que reciben las mujeres acusadas de delitos y, por el otro, el acceso de las víctimas cuando tienen que presentarse para hacer una denuncia por violencia.

Tras el conversatorio, Felipe dialogó con El Diario indicando que “pese al avance que hubo a nivel formal, normativo y de reconocimiento de derechos, todavía hay barreras en la práctica”.

Al tratar sobre las mujeres víctimas que recurren a la Justicia tipificó a los obstáculos en estructurales, de diseño institucional del proceso y de las prácticas de las personas que intervienen en el sistema de Justicia.

“Cuando hablo de obstáculos estructurales me refiero a la dificultad para acceder a los dispositivos de protección. Por ejemplo, en todo el país hay 1.500 plazas en refugios para mujeres víctimas. Si bien hay un plan nacional de acción que entre los objetivos está el de fortalecer los recursos, todavía falta.

El otro dispositivo al que es difícil acceder es el botón antipánico y cuando lo tenés, la respuesta de las fuerzas de seguridad llegan tarde. Y fundamentalmente porque le trasladás el problema a la víctima, que tiene que vivir en un estado de alerta.

El otro problema estructural es que no hay un patrocinio jurídico gratuito para víctima. A nivel federal hay muchos programas, pero el problema es la federalización, porque todos funcionan en Buenos Aires.

Y a nivel Córdoba, las asesorías letradas tienen una restricción clara de ingresos, por lo que no alcanza.

La misma ley de protección integral le garantiza a la víctima el patrocinio, pero no lo tenemos. Esto es clave, porque cuando hay violencia física, también hay normalmente violencia económica”, señaló.

El segundo tipo de obstáculo mencionado por la defensora es el diseño institucional de los procedimientos en Córdoba. “Una mujer en situación de violencia va y hace una denuncia. Se la toman, la Fiscalía actúa y dictan las medidas de protección. Pero normalmente, si hay hijos tiene que ir a un juez de familia para litigar por el divorcio, por los alimentos, el régimen de cuidado. Si hay un daño físico causado por la violencia y querés pedir una reparación, pasás por otro juzgado. No hay un diseño que permita resolver todo junto, porque toda esa problemática se genera en un punto, que es la violencia hacia la mujer”, dijo.

Dio el ejemplo de Tierra del Fuego, donde hay un proceso simplificado, donde en un juzgado se resuelve todo “y evitás que una mujer tenga que ir a tres o cuatro fueros distintos”.

Finalmente, señaló que la práctica de los operadores del sistema de Justicia “todavía funciona sobre la base de perjuicios y estereotipos. Todavía en los interrogatorios escuchás preguntas sobre cómo se vestía. Hay un juicio sobre la historia de la víctima”, planteó. Aclaró que con la aplicación de la Ley Micaela está empezando a revertirse esa situación.

Mujer y delito

Finalmente, se refirió al trato desigual que reciben mujeres que están acusadas de algún tipo de delito. “He visto que niegan prisiones domiciliarias cuando están todas las condiciones legales, porque en los argumentos, hay valoraciones sobre cómo debe ser una buena madre y como no encuadra en ese estereotipo de la buena madre, le niegan un beneficio”, dijo.

En cambio, nadie le negó la prisión domiciliaria a un hombre porque algún juez haya considerado que es un mal padre. Felipe abundó en ejemplos discriminatorios citando casos judiciales concretos de todo el país.

El conversatorio tuvo como presentadora a Celeste Curetti, secretaria de Inclusión de la Municipalidad, y como moderadora a Carolina Ciccarelli, abogada del equipo de esa secretaría.