Otro paso para la resocialización

En el Centro de Promoción Familiar “María Elena Walsh” se firmó el convenio para el desarrollo de la obra de mil metros cuadrados de adoquinado en calle Buchardo entre José Ingenieros y bulevar España, en barrio Belgrano, que serán realizados por internos del Establecimiento Penitenciario local, quienes cobrarán por cada metro cuadrado concluido.

El acuerdo fue rubricado por el secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Legales, Eduardo Rodríguez; el jefe de Gabinete del Departamento Ejecutivo, Héctor Muñoz, el intendente interino Pablo Rosso y el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de la provincia de Córdoba, Julián López.

En la conferencia de prensa, Rosso tomó primero la palabra y recordó que “hace algunas semanas” recorrió el sector con el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, quien le manifestó la necesidad de finalizar con el “proceso de terminación de cordón cuneta y colocación de adoquines”. Seguidamente, destacó que trabajaron, además, junto con el Instituto Municipal de la Vivienda y con el Servicio Penitenciario.

“Creo que la alegría que nos embarga a todos es poder ganarle a esta agenda de la pandemia con una agenda que tiene que ver con que los ciudadanos y las ciudadanas retornamos a esta nueva normalidad”, sostuvo después.

Luego hizo hincapié en la importancia de ser “más comprensivos”, “capaces de articular” y “conscientes” de que el trabajo mancomunado permite favorecer al otro y alcanzar objetivos considerables. En este sentido, también resaltó que los resultados de las labores tendrán como beneficiarios al “vecino”.

Por su lado, el ministro López recalcó que la obra cumple “un doble propósito” porque si bien “mejora la infraestructura de la ciudad”, al mismo tiempo genera un “círculo virtuoso” que colabora con las personas privadas de su libertad en términos del cumplimiento de una de las máximas que esgrime la ejecución penal: la resocialización, entendida también respecto de lo familiar y laboral.

“Sabemos que en una sociedad con desocupación como la que tenemos, muchas veces estas ideas no pueden ser bien tomadas por la totalidad de la sociedad. Pero hay que animarse a explicar, a entender a dar ese paso para que quienes han sufrido situaciones de desigualdad, quienes no han tenido las oportunidades, hoy cumpliendo su pena tengan la posibilidad de recibir del Estado la apertura de una puerta que los ayude a revincularse”, expresó el funcionario provincial.

En otro punto de su discurso, comentó que recientemente firmó, junto con el juez de Ejecución de Villa María, Arturo Ferreyra, un proyecto del que participó el Ministerio de Educación. “Ante la imposibilidad de que concurran los docentes a dictar las clases se pensó en una idea que nos pareció muy innovadora: que a través de una radio que pertenece al municipio se pudieran dictar clases para que reciban los internos que estaban interesados”, explicó y añadió que fue una “muy buena experiencia” que, sin embargo, debe ser “profundizada”.

Para quienes estén por cumplir la condena

López, por otra parte, aclaró que en las tareas se involucrarán aquellos presos que se encuentren en una “etapa de cumplimiento de la pena avanzada” y calificó como “positivo” el hecho de que se haya logrado firmar este convenio, pensando en un año “tan atípico” por la pandemia de coronavirus que no le permitió a los internos, que se encontraban judicialmente en condiciones, acceder a salidas transitorias o capacitaciones de diferente tipo.

Respecto del comienzo de las tareas, manifestó que se están ultimando detalles y que “en pocas semanas ya estará operativo”.

Infraestructura carcelaria

En otra dirección, López habló sobre la infraestructura carcelaria y mencionó que, como consecuencia del coronavirus, algunas obras se retrasaron.

Sin embargo, aludió a los trabajos que se están realizando tanto en el penal villamariense como en el de Bouwer. “Estamos trabajando con ampliaciones que son muy importantes”, dijo. Y señaló que mientras la obra de la ciudad contará con aproximadamente 472 lugares, la de Bouwer tendrá poco más de 400. “Son, prácticamente, unidades carcelarias nuevas, son espacios muy grandes con su área de servicios comunes, áreas de seguridad, etcétera”, describió.

Asimismo contó que firmaron con el Gobierno nacional otro convenio para “el desarrollo y la ejecución” de un hospital modular, en Bouwer, con 48 celdas individuales.

A la vez, dijo que hace unas tres semanas regresó el régimen de visitas a las cárceles, lo que posibilitó “descomprimir la tensión existente”. De igual manera, subrayó que “la gran mayoría de los internos” puso un “gran esfuerzo desde lo humano y lo personal” porque también estaban preocupados no solamente por su situación, sino además por la de sus familias.

Finalmente, destacó que, durante los meses que no hubo visitas entregaron tarjetas telefónicas y llegaron a realizar “más de 500 videollamadas diarias”. “Muchos internos han tenido la oportunidad, incluso, de conocer a familiares, a nietos, a hijos que no habían visto durante muchísimos años”, cerró.