Reclaman por un basural formado donde vecinos pidieron terrenos

Después de varios meses de finalizada la toma de terrenos que un grupo de vecinos realizó en barrio San Nicolás, poco antes del inicio de la pandemia, solicitando acceder a planes de pago para adquirir tierras en las que querían construir sus viviendas, el lugar luce hoy penosamente como un microbasural.

Esa situación generó malestar en el seno de la CTA Autónoma local, que criticó el accionar del Gobierno local ante la problemática habitacional que atraviesa Villa María.

En ese sentido, desde la Secretaría Gremial de la central obrera lamentaron que “hoy haya un basural donde  hace unos meses algunas vecinas y vecinos de la ciudad acamparon para reclamar por el derecho a acceder a un terreno donde desarrollar su vivienda”. 

“Casi 200 familias pedían que les dieran terrenos en cuotas, querían pagar”, recordaron, criticando a la vez que “la respuesta orquestada desde el municipio y la Justicia fue abrir una causa judicial y procesar, por primera vez en la historia local, a quienes reclamaban por un terreno, en una ciudad que mantiene una necesidad habitacional sin solucionar”. 

En ese marco, aseguraron que “se registran más de cinco mil familias que necesitan viviendas y no existe una política local que permita el acceso a la tierra por parte de los sectores menos favorecidos en esta sociedad”. 

“Cuando los vecinos y las vecinas pedían tierra, desde el municipio levantaron el dedo acusador, sin hacerse cargo de su responsabilidad en relación a planificar y ejecutar una política de acceso a la tierra”, lamentaron, sin dejar de manifestar que “no escucharon cuando les decían que esas tierras eran un basural y que volvería a serlo cuando los acampantes se retirarán”. 

“Pasó el tiempo y allí está la realidad de la basura inundando el sector”, remarcaron. 

Seguidamente, manifestaron: “Desde la CTA Autónoma volvemos a recordar que existen cerca de 30 vecinos y vecinas procesadas y no hay, todavía, una política local para que la gente de este sector popular acceda a un terreno que puedan pagar en cuentas acordes a sus magros ingresos”.

“La violencia de los desalojos, junto a la negativa de organizar el diálogo, no aporta nada a la solución de la problemática de acceso a la tierra, acceso a un derecho”, señalaron. 

También aseguraron que “la política debe servir para construir soluciones y no para reprimir las expresiones de la conflictividad social. Con acallarlas sólo se aumenta la conflictividad”.

“En su momento ayudamos a esos vecinos con la entrega de alimentos, porque estaban en una situación realmente vulnerable, y han pasado los meses pero no hay una solución ante semejante problemática”, apuntaron.

En ese sentido, aseguraron que “la necesidad es cada vez más acuciante y esa gente sigue viviendo hacinada y como puede. En todos los meses que pasaron no se ha articulado una respuesta a la problemática”.

“Pareciera que los problemas no existieran si los vecinos no reclaman y cuando reclaman se los tilda de malas personas”, criticaron. 

Volviendo a referirse a la demanda habitacional local, consideraron que “en los últimos años nada se ha hecho para solucionar el déficit que sufren estos sectores de la sociedad y las viviendas que se han hecho para otros sectores, que fueron muy pocas, han demorado años en construirse”.

Por último, sobre la situación procesal que debieron afrontar los vecinos imputados, dijeron: “Esperemos que haya sido solamente una actitud intimidante para sacarlos del lugar y que no se avance en una causa judicial en contra de ellos”.