Maceda: “Considero que todo debió ser destinado a los trabajadores”

El Tribunal de Cuentas dio a conocer el informe de la auditoría contable realizada sobre el Fondo de Emergencia Sanitaria COVID-19, creado por el Ejecutivo municipal con el aporte de un porcentaje del sueldo del intendente, concejales y funcionarios municipales para hacer frente a gastos relacionados con la pandemia, que alcanzó un monto total de $2.268.881,55.

Dicha auditoría fue aprobada por el Concejo Deliberante tras ser solicitada por el bloque Vamos Villa María, luego de detectar que cuatro funcionarios del Ejecutivo cobraron el bono de 5 mil pesos destinado a trabajadores municipales afectados a la lucha contra el coronavirus.

El detalle del balance fue remitido por el órgano de control al intendente interino, Pablo Rosso, al Concejo Deliberante y a la auditora general, Alicia Peressutti, y, aunque el informe fue “favorable”, hubo “salvedades” de parte del tribuno de la oposición, Miguel Maceda.

“El fondo fue creado a fin de marzo para solventar gastos generales que insuma la pandemia. Pero el 19 de junio, el intendente firma un decreto para que ese fondo vaya destinado al pago de personal. Hasta ese momento no se había utilizado nada y, a partir del 22 de junio, es decir, tres días después de que Pablo Rosso dijera  que era para los trabajadores, se empiezan a pagar facturas a los proveedores”, explicó Maceda, en diálogo con El Diario.

“Entre esas facturas que se pagaron, hay algunas de enero, y esa fue la primera discrepancia, aunque después se aclaró que pertenecían a los mismos proveedores a los que se les había comprado barbijos, alcohol en gel y otros artículos relacionados con la emergencia sanitaria”, indicó.

“Yo considero que todo el fondo debió ser destinado a los trabajadores, que no se tenía que pagar a los proveedores, los otros dos miembros no lo entienden así, sino que el remanente que quedaba después de pagar los gastos generados por la pandemia, iban destinados al personal de Salud. Son dos interpretaciones distintas, por eso, si bien el informe fue firmado por los tres tribunos, hubo esas observaciones”, precisó Maceda.

Qué dice el informe

El informe emitido por el órgano de control explica que “el Decreto Nº 333/2020 del 19 de junio pasado, libra orden de pago a favor de la Secretaría de Salud por la suma de $915.000 a razón de pagar el bono mensual de $5.000 a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de planta permanente y contratados e igualmente a los prestadores de servicios del área de Salud, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2020”.

A la vez, señala que la información a auditar se puso a disposición en dos rendiciones de cuentas presentadas por la Secretaría de Economía y Modernización, la primera parte el 14 de agosto de 2020 por el monto de $1.155.784,66, y la segunda el 8 de octubre de 2020 por el monto de $1.130.000, arrojando un saldo aportado por Tesorería de $15.903,11. en dichas rendiciones se adjuntaron planillas, copias de órdenes de pago y órdenes de compras, facturas de proveedores, extractos bancarios y comprobantes de transferencias bancarias exteriorizando pagos a proveedores y a trabajadores de la Secretaría de Salud.

En cuanto a las salvedades, señalan que “se han incluido en la rendición de cuenta presentada por el pago de proveedores, la cancelación de facturas, cuyas órdenes de compra fueron emitidas los días 6, 20 y 27 de enero, y 2 y 3 de marzo del corriente año, es decir son anteriores a la creación del fondo, e incluso anteriores a la sanción de la Ordenanza de Emergencia Sanitaria Nº 7.492”. Sobre este punto, Maceda agregó que dichas compras no tienen relación alguna con la Emergencia Sanitaria, ni con el fondo COVID-19.

Otra de las observaciones que figuran en el informe, tal como lo adelantó Maceda a este medio, es que las cancelaciones de las órdenes de pagos a proveedores fueron realizadas entre el 22 y 23 de junio, por un monto de $1.155.884,66, es decir tres días después del dictado del Decreto Nº 333 del DEM, el 19 de junio, en el que se estipula el pago de un bono de $5.000 para el personal de salud y se libra una orden de pago de $915.000 para esos fines.

En el mencionado decreto, en sus considerandos se estipula que “si bien dichos fondos son insuficientes para poder abonar el bono a los trabajadores de planta permanente, contratados y prestadores de servicio de salud, será cubierta esa faltante por fondos propios del municipio”.

En este punto aclara que mientras Maceda entiende que por el dictado del Decreto Nº 333, el dinero del fondo solo se debió utilizar para el pago del personal de salud, los tribunos Mauro Beltrami y Carola García “discrepan en la interpretación”, y consideran que en él se estipula que el pago del personal debe hacerse con el remanente del fondo, entendiendo que desde su creación ya se habían generado órdenes de pago a proveedores para cubrir necesidades de la pandemia.

“Asimismo, se advierte que el pago del bono del mes de junio fue efectuado íntegramente con fondos municipales, y fue recién en el pago del bono de los meses de julio y agosto, en donde se pagó parcialmente con dineros provenientes del fondo COVID-19”, especifica el informe.

Para finalizar, indica que “el tribuno Maceda expresa que la Secretaría de Economía al momento del efectivo cumplimiento de lo ordenado y al abonar a proveedores, no dio cabal cumplimiento a lo estipulado en las normas vigentes, por  entender que solamente debió con el fondo pagar a los trabajadores de salud y no a los proveedores, menos aún a aquellos con los cuales se había contratado con anterioridad incluso a la pandemia”.