Machicado quiere eliminar la violencia laboral en la administración pública

Gisele Machicado presentará hoy un proyecto de ordenanza cuyo objetivo es prevenir, controlar y erradicar la violencia laboral en todo el ámbito de la administración pública municipal, es decir que esto incluye organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado municipal, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, y toda otra entidad u organismo dependiente de la Municipalidad de Villa María.

La iniciativa de la edil del Frente Cívico contempla también brindar la debida protección a las víctimas de conductas o acciones violentas, a los denunciantes y testigos de los actos que las configuren.

“Muchos trabajadores padecen diariamente en sus respectivos ámbitos de trabajo, diferentes situaciones y tipos de violencia, que en algunos casos generan severas secuelas en su salud física y psíquica, y en casos extremos pueden llegar a eventuales hechos de suicidio o reacciones violentas contra sus propios compañeros. El abuso que suelen ejercer algunos empleadores sobre los trabajadores no es debidamente prevenido”, consideró la edil de Juntos por Villa María.

“Nuestra ciudad no ha sido ajena a estas situaciones de violencia, ejemplo de esto son las denuncias anónimas que en 2017 presentaron ante la oposición trabajadores del área de Tránsito, en su mayoría contratados y facturantes, en las que expresaban maltratos, abusos de autoridad y abusos sexuales, lo que motivó una investigación administrativa interna, a la vez que se iniciaron juicios contra la Municipalidad por supuesto acoso laboral y sexual, que se desarrollan en los Tribunales de nuestra ciudad”, señaló.

Desamparo

“En nuestro país no existe una ley contra la violencia laboral, tampoco en la provincia de Córdoba y en el municipio, lo que complejiza la situación, porque ante la ausencia de legislación específica y sanción, muchas veces deja en desamparo a los trabajadores que procuran revertir las situaciones de violencia. Por eso es necesario que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza contra la violencia laboral, a fin de que desde el Estado se les garantice a los trabajadores del ámbito municipal condiciones dignas de trabajo y ámbitos laborales libres de esta forma de violencia”, remarcó la edil, quien aclaró que la ordenanza será de aplicación a toda persona que se desempeñe ya sea como personal permanente, no permanente o jerárquicos en el ámbito municipal.

Machicado explicó que se considera violencia laboral a toda agresión física, maltrato y acoso sexual, moral o psicológico que se ejerza sobre una persona en su lugar de trabajo, esto comprende a toda conducta que de forma directa o indirecta esté dirigida a generar un daño físico, a actitudes físicas o verbales con connotación sexual basadas en el poder, no consentidas por quien la recibe, afectando su desempeño laboral. También a toda situación en la que una persona ejerza un maltrato moral o verbal sobre un trabajador, buscando  desestabilizarlo, aislarlo, deteriorar su autoestima, disminuir su capacidad laboral, degradarlo o sacarlo del lugar que ocupa en su lugar de trabajo.

Comisión de evaluación e investigación

En el proyecto, Machicado propone crear una comisión contra la violencia laboral como autoridad de aplicación de esta ordenanza, que estará integrada por dos representantes del DEM, dos representantes del Concejo Deliberante, uno por la mayoría y uno por la minoría, y dos representantes del sindicato de los trabajadores municipales de Villa María, aportando cada sector un miembro de cada género.

La comisión receptará la denuncia del trabajador víctima de violencia laboral por escrito, indicando fecha, lugar, y el nombre del responsable del hecho denunciado, poniendo a disposición los elementos probatorios que los acrediten. Recibida la denuncia, la comisión informará a la administración pública o al Concejo Deliberante, según corresponda, para que se realice la investigación sobre el hecho denunciado.

La comisión será parte del proceso para velar por la garantía de la parte denunciante, debiendo emitir un dictamen fundado aconsejando la sanción disciplinaria del presunto agresor o el archivo de las actuaciones.

La comisión instará a la administración pública para que dentro de las 72 horas de recibida la denuncia abra el procedimiento administrativo, cuya instrucción no podrá superar los 30 días hábiles, plazo en el que deberán producirse todas las pruebas y emitir resolución sobre el hecho investigado.

Luego de recibida la denuncia y durante el proceso se deberán aplicar las medidas necesarias para que cesen las conductas agraviantes en contra del denunciante, a la vez, el denunciante o los testigos, no podrán sufrir perjuicio alguno en sus condiciones laborales.

La comisión también tendrá como función sugerir programas de prevención y erradicación de hechos y comportamientos realizados en contravención de la ordenanza.