Otra vez expusieron a Lucarelli

Escribe Diego Bengoa DE NUESTRA REDACCION

Nuevamente quedó en cuestionamiento la relación entre un estudio jurídico y la secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa María, Daniela Lucarelli.

Ocurrió cuando, por mayoría, concejales ratificaron un acuerdo de pago de aportes celebrado ente la comuna y la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba.

El mismo establece que se abonará a la mencionada caja, en concepto de aportes por iniciación de procesos  judiciales en  2018, un monto de $1.358.317,67 en doce cuotas mensuales de $140.359,49.

Cuestionamiento

En una sesión parlamentaria en la que faltó un tercio de los ediles (no asistieron el presidente del cuerpo, José Carignano, ni las legisladoras oficialistas Verónica Navarro y Rosana Suescum, como tampoco el opositor Delfin Polack), se terminó aprobando el citado acuerdo con los votos del oficialismo y de la concejala del PRO Karina Bruno.

En cambio, no avalaron la iniciativa los representantes del radicalismo, Gustavo Bustamante y Nora Landart, ni la del Frente Cívico, Gisele Machicado. Los tres se sentaron en el mismo argumento: una supuesta incompatibilidad por el nexo entre el estudio jurídico más beneficiado por la asignación para cobrar deudas y juicios municipales, y la titular de Economía.

Es que ese estudio pertenece al hijo de la pareja o expareja de Lucarelli, algo que ya había sido expuesto en 2018.

Lo que dijeron

Primero, el oficialista Mauro Beltrami explicó que el acuerdo de pago surge de juicios iniciados por el municipio a través de la oficina de Procuración, tendientes a cobrar a vecinos que incumplen con sus obligaciones.

“Por ese motivo, el cuerpo de abogados que integra la Procuración municipal inicia las acciones correspondientes, teniendo en cuenta que son tasas y servicios que tienen un período de prescripción”, especificó. Puntualizó que lo efectuado el año pasado generó una deuda con la Caja de Abogados de 1,3 millón de pesos.

Los cuestionamientos de la minoría no pasaron por allí, por el acuerdo ni el monto, sino por  los procuradores que intervienen.

Bustamante sostuvo que “no es ético que el estudio de abogados tenga relación con el área de Economía”. “Pensábamos que después de los planteos hechos en 2018, el Ejecutivo iba a tener la grandeza de convocar a otros procuradores, teniendo en cuenta la relación directa existente”, argumentó.

Por su parte, Landart hizo referencia a la necesidad de “mirar este proyecto desde el Código de Etica, ya que visibilizábamos que dentro del cuerpo de procuradores del municipio puede existir una vinculación directa con quienes ejercen la función pública”. En ese marco, aseguró que “no se pudieron esclarecer todos los temas que tenemos en cuestión”, nombrando particularmente a los abogados Maximiliano Micelli, Esteban Favalli y Federico Gutiérrez, a quienes vinculó a Lucarelli.

“La mayoría de las causas se concentran allí”, destacó y agregó que además querían desde esa bancada “explorar una política de Estado que tiene que ver casualmente con las moratorias”.

Desde la bancada justicialista, su presidente Carlos De Falco advirtió que el despacho tenía aval unánime de la comisión, y que así llegó al recinto. Es decir, no cuestionó el argumento de la oposición sino el cambio de posición entre lo que se dijo en la sala y lo que había ocurrido antes. Ante esto, Machicado  consideró que “hasta el miércoles no se firmó ningún despacho por unanimidad, por lo que estamos con el derecho de debatir y decidir sobre el proyecto”.

De Falco volvió a sostener lo dicho, más allá de expresar que  “pueden ser entendibles” los fundamentos dados, los que “no fueron planteados” en comisión.

Para el final quedó la palabra de Karina Bruno, con una postura contundente que difirió a la de sus compañeros. Primero, por una razón formal, dijo que no había nada para discutir sobre el compromiso de tener que (indefectiblemente) pagarle a la Caja de Abogados.

Sobre lo otro, advirtió que no hubo objeciones en la comisión. “Si hay situaciones de incompatibilidad o contrarias a la ley advertidas por algún funcionario, está la obligación de hacer la denuncia correspondiente”, disparó. Y llamó a sus pares de bancada “a hacerse cargo en los lugares correspondientes y que no quede solamente en una mera declaración”.