La Saladita: el municipio actuó sin orden de la Comunidad Regional

Días atrás, la polémica por la instalación de la Saladita a la vera de la ruta 158 concluyó con la tercera y definitiva clausura de la feria por parte de la Municipalidad de Villa María.  En ese momento, el asesor letrado del municipio, Eduardo Rodríguez, dijo que habían actuado en ese espacio situado fuera del ejido municipal luego de que la Comunidad Regional San Martín les otorgara el poder de policía para ejercer el control y hacer cumplir las normas provinciales. Pocos días después, el bloque Villa María para la Victoria presentó un proyecto para regular las actividades fuera del ejido municipal, que, con gran celeridad, fue tratado ayer en el recinto.

El presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco, explicó que la iniciativa tiene por finalidad preservar a los ciudadanos y al ambiente de actividades que se llevan adelante fuera del radio urbano, sin control, pero que tienen consecuencias sobre ellos de manera directa o indirecta.

Aclaró que el municipio trabaja en la ampliación del ejido urbano y que actualmente se le pide intervención en actividades que se realizan cercanos a la ciudad. Luego mencionó que la instalación de La Saladita expuso a riesgos de seguridad a las personas porque no se cumplía con las normas de habilitación.

“Existe la Comunidad Regional para regular la actividad de zonas grises, o no abarcadas por ejidos municipales, por lo que pensamos que para aplicar esta normativa es necesario tener la autorización y la delegación expresa de facultades de la Comunidad y acordar la zona de actuación”, señaló.

Ante El Diario, la edil Nora Landart indicó que antes de tratar el proyecto, con Gisele Machicado solicitaron el instrumento mediante el cual la Comunidad Regional le había otorgado a la Municipalidad la atribución para legislar sobre ese espacio territorial.

“De Falco nos informó sobre la inexistencia de dicho instrumento. No hay un poder otorgado por la Comunidad Regional, es más, ese ente no está funcionando y el municipio actuó sin ninguna potestad sobre La Saladita, al menos no la pudieron exhibir para aprobar esta ordenanza”, subrayó.

“Esta ordenanza carece de sustento que le otorgue legalidad, el municipio no se puede arrogar atribuciones que la Provincia delega en la Comunidad Regional. Estimo que el apuro es para resguardarse de la falta de delegación”, consideró Landart.  

Juicios en contra

El proyecto fue cuestionado por la oposición en conjunto y por Verónica Navarro, aunque la edil accastellista lo acompañó.

“Estamos sancionando una norma que excede las facultades del Concejo y de la Municipalidad, aunque las razones sean entendibles no son suficientes, si La Saladita se hubiera radicado en Villa Nueva nos hubiera afectado y no podemos hacer nada. El municipio no puede regular lo que está fuera de su ejido, entonces tiene que constituirse la Comunidad Regional San Martín, hacer un convenio y que ese ente resuelva en qué zonas se aplica nuestro Código de Faltas”, indicó Karina Bruno.

“Es competencia de la Comunidad Regional, sino de esta forma, puede dar lugar a que quien no pueda instalar un emprendimiento fuera del ejido urbano pueda iniciar una acción judicial contra la Municipalidad, porque estamos excediendo las facultades del municipio. Hay que hacer un convenio con el ente regional para tener una normativa aplicable o nos estamos exponiendo a juicios en contra”, remarcó. 

Sus compañeros de bancada se expresaron en el mismo sentido. Gisele Machicado dijo que “es necesario tener una autorización expresa de la Comunidad Regional que le otorgue el poder de Policía, y después sancionar esta ordenanza, ahora no es el momento adecuado porque no se sabe qué facultades puede delegar la comunidad”.

“Para evitar acciones legales y perjuicios es necesario contar con una delegación expresa de la Comunidad Regional o un permiso de la Provincia”, insistió.

Inocua e inaplicable

“Tendríamos que tratar de ver qué queremos controlar antes de sancionar esta ordenanza, lo primero que deberíamos tener es una autorización expresa de la Comunidad Regional, se podría establecer cuales son las zonas grises y distribuirlas por municipio, después encomendar a Villa María el contralor de las zonas grises que le corresponden”, afirmó Navarro.

“Voy a acompañar la ordenanza, en el convencimiento de que, como está, es inocua e inaplicable porque no tiene delimitada su jurisdicción. El problema que puede presentarse es que quien quiera instalarse en una zona gris cuestione la competencia del municipio”, apuntó.