La historia de las demandas que se iniciaron con una expropiación

“Nosotros estamos dispuestos a negociar, como siempre lo hemos estado”, dijo Guillermo “Tuno” Valinotto a El Diario, al referirse a la causa judicial contra la Municipalidad, que por estos días tiene en jaque a la administración de Martín Gill, dado que les adeuda algo más de 70 millones de pesos.

Todo comenzó con el programa habitacional de 400 viviendas ubicadas en el sector que por entonces pertenecía al barrio San Martín y que hoy fue asignado con el nombre Malvinas Argentinas.

“El 30 de diciembre de 2004, la por entonces intendenta Nora Bedano inició la expropiación de terrenos para las 400 viviendas y ofreció a los dueños de los lotes cinco pesos por metro cuadrado”, comenzó relatando Valinotto.

La cifra no cumplía las mínimas expectativas de un grupo de propietarios, por lo que fueron a la Municipalidad a intentar negociar. “La verdad es que Bedano nos trató muy mal, nos dijo ‘manga de especuladores’ y no pudimos dialogar más”, recordó el abogado de tres grupos de propietarios que siguieron el camino judicial.

“Cuando comenzó el gobierno de (Eduardo) Accastello, ni nos quiso recibir. En varias oportunidades tratamos de reunirnos pero no nos atendió nunca”, planteó.

Mientras esas puertas se cerraban, la causa judicial seguía su curso y ante cada recurso que presentaban, lo encarecían.

Llegó el momento del fallo en primera instancia que fue favorable a los propietarios de terrenos, hubo una apelación y la Cámara Civil de Villa María volvió a darle la razón a los representados por Valinotto. Fue el 5 de agosto de 2015. La Justicia dijo, en ese fallo, que la Municipalidad debía abonar 148 pesos el metro cuadrado, más intereses. Mucho más que los cinco pesos ofrecidos inicialmente.

Ambas partes casaron esa sentencia. Unos porque les parecía mucho y otros porque les parecía poco. Pero el Tribunal Superior de Justicia dispuso rechazar ambos pedidos y por lo tanto, el fallo de la Cámara local quedó firme. Llegaba la hora de que la Municipalidad tenía que pagar.

Por ese entonces, Martín Gill recién asumía como intendente. “Nos citó a conversar y nos pudimos reunir varias veces, pero no logramos concretar nada”, dijo Valinotto.

Otra vez, el ofrecimiento estaba lejos de las expectativas. “Había pasado más de una década de reclamos y ofrecían pagar con terrenos, exenciones impositivas y algo de dinero un 35% menos de lo que había dispuesto la Justicia. Mis clientes no aceptaron”, señaló. “Pero igual, valoro que tuvieron la voluntad de negociar”, agregó.

Así las cosas, con la sentencia firme en dos de los tres juicios -el tercero tiene unos recursos pendientes- se aprobaron los montos en la Justicia y el 25 de agosto de 2018, la Municipalidad tenía el último plazo para abonar. Lo que no sucedió.

Ante ese panorama Valinotto inició, en nombre de sus representados, la ejecución de las acreencias. “Según los informes del Registro de la Propiedad, la Municipalidad tiene terrenos a su nombre, así que trabamos embargo y se sorteó un martillero para que se inicie su labor”, informó.

El martillero advirtió, cuando fue a verificar los lotes, que más de una veintena habían sido vendidos por la Municipalidad a vecinos -en el barrio Ramón Carrillo- que por distintas razones, no lo escrituraron.

“Ahora seguimos negociando”, dijo Valinotto. “Confío en que lleguemos a un arreglo, al menos mi ánimo y el de mis clientes es acordar”, concluyó.

Desde la Municipalidad

El asesor letrado de la Municipalidad, Eduardo Rodríguez, confía también en llegar a un acuerdo para “honrar las deudas”. Aclaró que desde que Gill está en la gestión no “hubo posibilidad de presentar nada, porque ya había sentencia firme”, indicó.

“La única vía era ir hasta la Corte Suprema, pero era riesgoso porque comprometíamos al erario público, dado que los honorarios para recursos de ese tipo son más onerosos”, planteó.

“Yo entiendo que alguien que lleva 15 años demandando haya seguido el camino para cobrar judicialmente a pesar de que estábamos conversando. Pero ratificamos que de nuestra parte, siempre hubo voluntad de acordar sin comprometer los fondos públicos”, agregó.

“Tengo confianza en que una vez que se llegue a un acuerdo de pago, se comenzará a movilizar la maquinaria interna, necesaria porque es plata de la gente, para poder hacer efectivo el pago sin que se llegue a remate”, afirmó.

“La gente que tiene sus terrenos y no los escrituró, no tiene por qué afrontar este problema. Es un problema del Estado municipal”, aclaró. “A ellos no se les va a rematar el terreno. Eso se lo dejamos claro en una reunión que mantuvimos el sábado último”, concluyó.