La UCR pidió aclarar la situación de CIAR

El presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto (foto), consideró que el intendente Martín Gill debería dar mayores precisiones acerca de por qué se llamará a una nueva licitación para ejecutar la obra de desagües en el barrio Roque Sáenz Peña y no se continuará con la empresa CIAR SA.

“El intendente ha justificado esa decisión debido a algunas dificultades con la empresa contratista, pero no precisó a qué tipo de dificultades se refiere. Hay cuestiones técnicas de la obra, porque se observan falencias en la construcción, y hay una cuestión financiera de la empresa, que tiene cifras millonarias en cheques devueltos”, señaló Barotto, tras detectar una situación de insolvencia de CIAR informada por el BCRA.

“Cuando se evalúan los pliegos hay aspectos técnicos y económicos financieros que se tienen en cuenta. La empresa tendría que resolver los problemas que se observan por los hundimientos y hasta ahora está paralizada; por otro lado, la situación de insolvencia de la empresa seguramente va a impactar en la calidad de la obra. Yo no evalúo por qué no se le ha otorgado, si es por las falencias o por la insolvencia”, afirmó.

“El intendente hace mención a algunas dificultades, pero no aclara cuáles son esas dificultades, si es la ejecución de las obras o si es por la insolvencia, por eso pregunto cuáles son los problemas, para que sea más preciso, porque tenemos derecho a saber cuáles son los motivos”, continuó.

Los interrogantes con respecto a este tema fueron plasmados en un documento difundido ayer por la UCR Villa María.

Aclarar responsabilidades 

“Mientras que el intendente informa que se llamará a una nueva licitación para ejecutar la obra de desagües en el barrio Roque Sáenz Peña, descartando la idea inicial de ampliación de obra con la empresa CIAR SA, y justificando esa decisión debido a algunas dificultades con la empresa contratista, sería interesante que se le informe a la comunidad villamariense, a qué se refiere con ‘algunas dificultades’.

Porque se ha convertido en una postal habitual observar hundimientos en distintos puntos de la traza del denominado ‘Sistema de Desagües Pluviales de la ciudad de Villa María - Zona Centro’, lo que es una demostración de que algo no está bien hecho. La obra que se terminó ejecutando no sería igual al proyecto original, aunque se desconocen las razones de las modificaciones.

Como si fuera poco, a esta empresa también se le otorgó la ejecución de la obra del nuevo puente del barrio Santa Ana, que también parece tener dificultades, porque se adjudicó en 2017, tenía un plazo de ejecución de 360 días, y dicho término fue superado largamente. Además de cambiarse los tipos constructivos, la obra no avanza.

Pero parece que las dificultades a las cuales se enfrenta la empresa no son solo de índole técnico, sino que de acuerdo al sistema de información de la central cheques rechazados del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tiene montos millonarios en cheques devueltos.

Algunos proveedores locales que habrían prestado servicios a esta empresa manifiestan la imposibilidad de cobrar y que habrían recurrido a la instancia judicial para poder hacerse de las acreencias, incluso, habría pedidos de embargos.

Esta situación genera muchas dudas e interrogantes, que desde el municipio deberían rápidamente aclararse y solucionarse, porque se trata de obras millonarias y de enorme magnitud: en el caso de los desagües los vicios ocultos tardan mucho tiempo en salir a luz, con el riesgo de que se venzan los plazos de garantías y los fondos de reparos, sin que los problemas se solucionen definitivamente.

Las obras se ejecutan con recursos que provienen de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, que hasta llega a tomar créditos en dólares del exterior para solventar las inversiones en infraestructura. Por lo tanto, la falta de dinero no debería ser el motivo de los atrasos. Préstamos que luego se pagan con el dinero de todos los cordobeses. 

Para la adjudicación de este tipo de obra se deberían utilizar procedimientos estrictos en cuanto a la evaluación de los antecedentes de los oferentes, tanto técnicos, como económicos, con controles minuciosos en la ejecución de la obra, y sanciones severas a los incumplimientos del contrato.

La responsabilidad no se limita solo a la empresa, sino también a los funcionarios responsables del control de las obras que convalidaron las fallas técnicas, como así también la falta de solvencia económica de la empresa.

El intendente se limita a decir que hubo ‘algunas dificultades’, pero se necesita más que eso, para aclarar las responsabilidades”, concluye el documento firmado por Barotto y Cecilia Fernández.