Machicado exigió conocer lo que se pagó en los juicios o irá a la Justicia

La edil del Frente Cívico, Gisele Machicado, cursó un pedido de informes al intendente Martín Gill, a fin de solicitar la nómina de juicios promovidos por contribuyentes de extraña jurisdicción contra el Estado municipal, por el indebido cobro del llamado “Impuesto a la Valija”, como así también los montos pagados o a pagar, caso por caso, en concepto de devolución de dicho tributo.

Asimismo se solicita un listado detallando los montos abonados en concepto de honorarios y prestación de servicios a los abogados Héctor Eduardo Villegas Ninci y Jorge Bernardo Aguirre Mosquera, ambos de la ciudad de Córdoba, con quienes se firmó en 2007 un contrato de locación de obra y de prestación de servicios tributarios en el que se establecía, además del pago de canon mensual, un porcentaje del 14% más IVA de lo recaudado por el municipio por la “inclusión de nuevos contribuyentes”.

“El municipio se comprometió a abonar eso, aunque el pago del nuevo tributo por parte del contribuyente se hubiera hecho con ‘derecho de repetición’, esto es, con el derecho judicial que tenía a exigirle al municipio la devolución de lo cobrado por ser un impuesto ilegítimo”, explicó la integrante del bloque Juntos por Villa María.

“En función de tal convenio, los profesionales percibieron durante años, mensualmente, un porcentaje real del 16,52% (por la inclusión del IVA) sobre un tributo establecido en base a contribuyentes ingresados por el asesoramiento prestado. La suma de los porcentajes cobrados por los profesionales por tal concepto, durante todo el tiempo de la relación contractual, nunca pudo saberse, ya que Accastello jamás respondió a los muchos requerimientos de los tribunos de Cuentas de la oposición de ese momento. Sin embargo, por estimaciones realizadas por expertos contables, se estima que el ingreso a los bolsillos de los profesionales fue una cifra varias veces millonaria”, remarcó.

“Casi todos los contribuyentes que ingresaron como tales en la base municipal, la mayoría grandes empresas con sede fuera de la jurisdicción municipal y que abonaron el tributo bajo reserva, iniciaron juicios para que les sea devuelto el impuesto que consideraban de ilegítima percepción. Los Tribunales de Villa María se vieron literalmente inundados por juicios contra el municipio, que se conocieron como juicios a la valija o juicios del maletín”, afirmó.

Fallo en contra

“Como es de público conocimiento, la Suprema Corte de Justicia resolvió darle la razón a los contribuyentes, disponiendo la nulidad de todas las ordenanzas y/o decretos que establecía la creación de esta tasa. Pero lo más grave es que se condenó a la Municipalidad a devolver a las empresas reclamantes el importe total del tributo entonces abonado con reserva, con las actualizaciones monetarias y los intereses correspondientes. Esa masa de dinero, varias veces millonaria, se vio incrementada por los honorarios que se debieron pagar a los abogados de la parte ganadora, honorarios correspondientes a cuatro instancias judiciales, y todos los gastos originados por los litigios”, precisó la edil en su nota a Gill.

“Entiendo que esta etapa de devolución de sumas cuantiosas fue afrontada por la actual Administración municipal, pero no hay noticia alguna de los montos pagados o a pagar de lo dispuesto por la Justicia. Este desconocimiento incluye un agregado conceptual del que tampoco se tienen noticias. Se trata de lo siguiente: si las remuneraciones percibidas regularmente por Villegas Ninci y Aguirre Mosquera provienen de una participación en la suma recaudada por un tributo declarado ilegal, es obvio que el municipio debe reclamarles a esos beneficiarios la devolución de los importes oportunamente percibidos. De lo contrario, se estaría beneficiando ilegalmente a esos profesionales”, consideró Machicado.

“Son esos mismos profesionales los inspiradores de la inclusión de los contribuyentes de extraña jurisdicción a lo que ellos llamaron ‘base municipal’, e incluso son los que patrocinaron jurídicamente al municipio en los múltiples juicios que resultaron perdidos. La no restitución de los porcentajes recibidos podría configurar una situación de enriquecimiento sin causa. Cuando el Estado municipal fue condenado a devolver los valores percibidos, están incluidos, necesariamente, los valores percibidos por los profesionales. No reclamarles la devolución significaría que estos profesionales se han enriquecido injustamente”, subrayó la edil.

“Me permito, con el mayor de los respetos, recordarle que usted, al comienzo de su actual gestión, empeñó su palabra de introducir una política de datos abiertos, que entiendo como el acceso sin restricciones por parte de los vecinos al manejo de los fondos municipales. En funció de la palabra empeñada, confío en que cumplirá prontamente con mi solicitud de informes”.

“Expreso que, si por cualquier circunstancia, no se diera satisfacción a mi ruego, me reservo el derecho de hacer valer ante la Justicia la responsabilidad personal que les pueda caber a todos aquellos que puedan haber incurrido en incumplimientos culposos o dolosos respecto a la función pública que ejercieron antes o están ejerciendo actualmente”, puntualizó.

“Espero que el intendente me permita acceder a toda la información solicitada, o la que se solicite en el futuro, para esclarecer una situación que no solo puede comprometer gravemente las finanzas municipales, sino que puede resultar en una vulgar estafa a los vecinos que confían en la gestión virtuosa, correcta y prudente de los dineros de todos”, concluyó.