En busca de un freno parlamentario para el engaño de los créditos UVA

Escribe Sergio Vaudagnotto DE NUESTRA REDACCION

Un crédito por 1.920.000 pesos tomado a finales de 2017 para comprar una vivienda en barrio Parque Norte de esta ciudad, se ha convertido en una deuda de 3.378.949, siendo que el tomador tiene las 18 cuotas pagadas en tiempo y forma.

El ejemplo, que afecta a una familia local, se multiplica por cientos a lo largo y lo ancho del territorio provincial y por miles en la geografía nacional.

Según se pudo escuchar en la reunión del miércoles por la noche en Córdoba, se sienten “engañados” en su buena fe; dicen ser “víctimas de una mentira”. Explican que, con las condiciones imperantes cuando accedieron a la operatoria, “era imposible advertir lo que ocurriría a la vuelta de dos fuertes corridas bancarias y la consiguiente devaluación”.

“Ni el economista más curtido podía advertir la trampa que se le estaba tendiendo desde el Estado y en complicidad con los bancos, a una importante porción de la sociedad que padecía por la crisis habitacional”, se dijo.

Sostuvieron que “la letra chica escondía mucho, porque el ladrón no puede decir con todas las letras cuál es su plan”.

Los cambios que se piden para poder cumplir

La suba exponencial de las cuotas y, al mismo tiempo, de la deuda del contrayente con la entidad crediticia, obedecen a que los UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) se actualizan a través del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien no tiene en cuenta específicamente al dólar, como muchos precios siguen el ritmo de la moneda estadounidense, el CER también lo hizo.

En la reunión de Córdoba, dirigida por la abogada Julia Irazoqui, se consensuaron algunas líneas de acción, entre las que se cuenta acompañar el proyecto de ley que se ofreció a presentar en el Parlamento el diputado nacional por esta provincia Juan Brüdgge, el que plantea dos ejes fundamentales: Por un lado, cambiar el coheficiente UVA por el índice CVS (Coheficiente de Variación Salarial). Y, por el otro, “suspender por dos años las ejecuciones judiciales que van a parecer después de las elecciones”, según quedó expresado en el salón de la Unión de Educadores, donde deudores llegados desde varios puntos de la provincia sintieron que se les helaba la sangre cuando trascendió que “al menos uno de los bancos intervinientes ya vendió a un fideicomiso la mitad de la cartera de créditos UVA otorgados”.

Es decir, esa entidad de crédito evalúa que la mitad de las personas que contrayeron la deuda para adquirir su vivienda, no podrán (muchas ya no pueden) seguir haciendo frente al pago de las cuotas.

Por más que desde el Gobierno nacional se autoriza a negociar mediante el otorgamiento de plazos más largos, de aceptarse esa alternativa se estaría aceptando que la vivienda nunca será propia, ya que la tendrá en garantía el banco hasta el pago de la última cuota, es decir, pasados los 20 o 30 años iniciales, más la prórroga.

“Necesitamos que el proyecto se trate. Y por si el diputado Eduardo Amadeo, mantiene clausurada la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, que preside, ya tenemos abierta también la vía para ingresarlo por el Senado”, explicó Hernán Lione, el protagonista del que fue “caso testigo” para la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

“Somos trabajadores”

Noelia Mesa, otra beneficiaria/víctima de los UVA, expresó ayer a este medio: “Necesitamos que la sociedad deje de condenarnos, de decir que somos ‘globoludos’, porque la maniobra estuvo muy bien organizada y no distinguió políticamente; abusaron de la necesidad de todos los que estábamos sometidos al pago de altísimos alquileres...”.

“Quien saca un crédito a 20 años para tener su casa es un trabajador... Que respeten y acompañen nuestra lucha, porque si esto estalla lo va a sufrir mucha gente, no solamente los damnificados”, dijo la mujer, quien a raíz de notas que concedió a El Diario y otros medios  se ha convertido en una suerte de referente y está trabajando en el armado de la sede local de Autoconvocados Córdoba.

Con todo, voceros del Gobierno nacional insistieron en las últimas horas en que “el índice de morosidad (en el pago de los créditos UVA) es bajo”. Claro que hay otro dato que dice mucho: del millón de préstamos que sacaron al mercado, los bancos colocaron unos 130.000 y ya nadie más pudo acceder con esas condiciones... las mismas que impiden a tantos cumplir con los pagos y con el sueño de tener la casa propia.

La burbuja inmobiliaria española que se inició en 1997 y de la cual todavía quedan secuelas, explotó en 2007.

Los principales síntomas en ese reino fueron el incremento anormal de los precios de las cuotas (muy por encima del Indice de Precios al Consumidor), la especulación financiera y la recalificación de suelos en el marco de una economía muy complicada.

Sus efectos principales fueron la profundización de la crisis inmobiliaria española y el aumento de los desalojos (llamados desahucios), por la aplicación de la Ley Hipotecaria Española.

Los bancos o pooles extranjeros que adquirieron las deudas de los ciudadanos, comenzaron a ejecutarlas y se quedaron con buena parte de esas propiedades.

Sede Villa María. En la reunión de esta semana en Córdoba se señaló la necesidad de armar subsedes de Autoconvocados Córdoba UVA en varios puntos de la provincia. Así, entre los asistentes surgieron quiénes serán los responsables del armado en San Francisco, Río Cuarto, la capital provincial.

En cuando a la sede local, Noelia Mesa, convertida en una referente, informó ayer a El Diario que “tendremos una reunión el sábado 20 de julio, a las 15, en la Medioteca, para definir todo lo referente al funcionamiento en nuestra ciudad”.

“Mientras tanto, los interesados se pueden ir comunicando al Face de Autoconvocados Córdoba UVA o a mi propio teléfono celular, 154099620, que los mantendremos informados”, añadió finalmente.

La clave para entender lo que escondía la “letra pequeña” de los UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), es que el sistema de actualización se centraba en el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que es un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este indicador refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). No habla específicamente del dólar, pero como muchos precios (desde los de los alimentos hasta los del acero y el cemento), siguen el ritmo de la moneda estadounidense, el CER también lo hizo.

Desde Villa María, una voz de alerta que ya no se puede silenciar - El “caso testigo”, multiplicado por...

Cuando Hernán Lione advirtió, a mediados de 2018, que el crédito que había tomado seis meses antes en la sucursal La Playosa del Banco de la Nación para adquirir una casa en barrio Parque Norte de esta ciudad se transformaba en una suerte de bomba de tiempo, inició una serie de acciones: el 18 de julio presentó una nota en la misma entidad y el 24 del mismo mes acudió a la Auditoría General de la ciudad, a cargo de Alicia Peressutti.

El organismo local remitió el expediente a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en agosto le puso el rótulo de “caso testigo”.

Por entonces, el préstamo recibido de 1.920.000 pesos había sumado intereses que colocaba su deuda en el orden de los 2.300.000 pesos, aun cuando tenía todas las cuotas pagas.

El 16 de septiembre decidió hacerlo público para alertar a todos los contrayentes de créditos UVA. “Que pidan un extracto, que se fijen...”, decía en una nota que titulamos “El sueño de la casa propia, convertido en una pesadilla de por vida”.

En la actualidad, habiendo cumplido con los 18 tributos mensuales en tiempo y forma, le debe a la entidad crediticia la suma de 3.378.949.