Pedidos de cárcel y millonarias multas en el caso CBI Cordubensis

El fiscal general Carlos Gonella solicitó ante el Tribunal Oral Federal de Córdoba (TOF) 11 años de prisión y una multa de más de 1.000 millones de pesos para el presidente de la financiera CBI Cordubensis, Eduardo Rodrigo, por hallarlo jefe de una asociación ilícita que, bajo la fachada legal brindada por la estructura de la empresa, llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión, lavado y defraudación por retención indebida.

El nativo de Oliva y criado en Villa María también requirió condenas de entre 2 y 10 años de prisión para otros 12 imputados (entre ellos dos oriundos de esta ciudad, Julio Ahumada y Darío Ramonda), así como la absolución de tres de los encausados.

Consultado por la situación del exintendente Eduardo Accastello y su par de Laguna Larga, Fernando Boldú, que aparecieron como titulares de una de las cajas de seguridad en la que se atesoraban 290 mil dólares, Gonella dijo a El Diario que “como fueron mencionados durante el debate por Miguel Vera se abrió una nueva línea de investigación que no avanzó lo suficiente como para poder ser juzgada en esta instancia, pero que se debe seguir investigando, como el tema de las presuntas coimas entre la Municipalidad de Córdoba y CBI por el manejo del dinero procedente de la tarjeta Red Bus, entre otras muchas aparentes irregularidades que quedan por desentrañar”.

En la etapa de instrucción, la investigación fue realizada por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari.

Una de las sucursales, en Villa María

La firma CBI Cordubensis -que contaba con dos locales de acceso público ubicados en importantes zonas comerciales de la capital provincial (el Centro y el Dino Mall de Alto Verde)- funcionó “desde fecha incierta hasta el 14 de febrero de 2014”, según indicó el sitio fiscales.gob.ar. Los 78 hechos que Gonella considera probados ocurrieron entre febrero de 2012 a junio de 2013.

CBI Codubensis llegó a abrir una sucursal en Villa María, aunque funcionó muy poco tiempo dado que el caso “explotó” a poco de su desembarco en un local del Paseo de Compras de ruta 158, por lo que sus operaciones no llegaron a estar inmersas en la pesquisa.

Al finalizar su alegato, Gonella, representando al Ministerio Público Fiscal, requirió para Rodrigo la pena señalada, al considerar acreditado “su papel de jefe de una asociación ilícita que, bajo la apariencia legal brindada por la firma, realizó, de manera sistemática y habitual, millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, evasión, estafas y defraudación por retención indebida”.

Además, los 11 años de prisión (en coincidencia con lo solicitado en la audiencia previa por la querella del Banco Central de la República Argentina), el fiscal requirió que se le imponga la multa superior a los $1.000 millones (un monto que representa el triple de las sumas objeto de intermediación, de acuerdo a los parámetros estimados por el MPF, y la inhabilitación para ejercer como contador por el doble de ese tiempo y prohibición de obtener beneficios fiscales por 10 años). La Unidad de Investigación Financiera, en tanto, pidió que la multa equivalga al dinero intermediado multiplicado por ocho.

“Algo histórico”

“Lo de las multas es algo histórico... No se puede dañar a un sistema que debe estar para ayudar a la gente. Además, a esta gente lo que más le duele es el bolsillo”, expresó Gonella a este medio.

En su exposición ante el TOF el fiscal enumeró y detalló la prueba documental y testimonial que recae sobre cada uno de los acusados, el rol desempeñado al interior de la estructura de la estructura de CBI Cordubensis y el grado de participación en el accionar delictivo.

Una curiosidad, un hallazgo...

Entre los elementos que incriminan a Rodrigo, el representante del MPF hizo mención al libro que el acusado publicó años atrás bajo el título “CBI, la Caída”, ya que si bien la defensa se negó a que sea incorporado como prueba en el juicio, su contenido implicaba -según el fiscal- “el reconocimiento material de los hechos traídos a debate”.

En dicha publicación, editada en 2014, Rodrigo ensayó una justificación cultural de la evasión y la “función social” de las “cuevas” a la hora de suministrar financiamiento informal a gente que no exteriorizó sus ahorros ante la supuesta imposibilidad de cumplir con las obligaciones fiscales.

“Se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable, que el acusado Eduardo Rodrigo, en carácter de presidente de CBI, desde 2012 organizó y dirigió una asociación ilícita financiera, conformada con otras personas para cometer intermediación financiera no autorizada, fraudes fiscales y privados, delitos, cambios, y lavado de activos", concluyó Gonella.

Por primera vez se juzgan hechos encuadrados en el delito de intermediación financiera no autorizada, figura incorporada en el artículo 310 del Código Penal en virtud de lo establecido por la Ley 26.733 de diciembre de 2011. Dicha normativa fue sancionada en el marco del plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) con el objetivo de reprimir conductas que sean perjudiciales al sistema financiero y, así, garantizar la protección de los usuarios frente a prácticas abusivas y generar confianza y transparencia en los mercados.

El debate comenzó en noviembre pasado. Hay que esperar el fallo del TOF, las casi seguras apelaciones... Pero todo parece indicar que ya nada será igual en el mundillo de la usura a gran escala.

Uno por uno, los otros 15

Solicitud de penas y absoluciones

Además de la pena para Eduardo Rodrigo (citada en el cuerpo central de la nota), Gonella pidió para los acusados de formar parte de la asociación ilícita, entre otros delitos, las siguientes condenas:

Aldo Ramírez y Julio Ahumada: 7 años de prisión y multa de $681.004.498,40 (el doble de lo intermediado, según estimaciones de la Fiscalía General en base a documentación secuestrada en la sede de CBI). En ambos casos, inhabilitación especial para ejercer la profesión de licenciados en administración de empresas por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales por 10 años.

Daniel Tissera: 4 años de prisión y multa de $340.502.249. Inhabilitación especial para ejercer la profesión de licenciado en administración de empresas por el doble de ese tiempo y prohibición de obtener beneficios fiscales por 5 años.

Oscar Altamirano: 7 años y 6 meses de prisión y multa de $681.004.498. Inhabilitación especial para ejercer el comercio por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales por 10 años.

Darío Ramonda: 3 años de prisión en suspenso y multa de $102.146.674.

Diego Sarrafián: 6 años y 6 meses de prisión y multa de $82.504.093. Además, inhabilitación para ejercer comercio por el doble de ese tiempo.

Miguel Vera: 10 años de prisión y multa de $1.432.086.110 e inhabilitación para ejercer el comercio por el doble tiempo de la condena. Como así también prohibición de obtener beneficios fiscales por 10 años.

Asimismo, para quienes encontró como cómplices de las maniobras de lavado de activos y evasión agravada, requirió:

Paula Vettorello: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, multa de $40.000 y prohibición de obtener beneficios fiscales por 5 años.

Roberto Di Rienzo: 2 años de prisión en suspenso, multa de $20.000 y prohibición de obtener beneficios fiscales por 5 años.

Jorge Castro: 3 años de prisión en suspenso, multa de 50 mil pesos y prohibición de obtener beneficios fiscales por 5 años.

Lucas Bulchi: 2 años de prisión en suspenso, multa de $20.000 y prohibición de obtener beneficios fiscales por 5 años.

Luis De Los Santos: 3 años de prisión en suspenso y multa de $90.000.

Finalmente, Gonella postuló la absolución de Carina Moreno, Olga Divina y José Núñez, a quienes consideró que se utilizó en base a su desconocimiento del fin de la actividad que se les asignaba.

¿Qué pasa si finalmente el TOF dicta las condenas en la línea solicitada por el fiscal y luego no se cumple con el pago de las multas? El dinero se puede compensar con tiempo de prisión.