Ordenan a obra social a entregar una costosa bomba de insulina

Medida cautelar dispuesta por el juez Federal Es para una joven de 19 años, que venía utilizando una bomba de insulina básica. El abogado que la representa dio detalles El juez Federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ordenó a la Asociación Mutual de Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales a entregar una bomba de insulina a una joven de 19 años que la necesita para su tratamiento médico. Así, el magistrado hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado de la mujer, Maximiliano Ortega. “Respecto de la medida cautelar solicitada, entendiendo el suscripto que se encuentran prima facie acreditados los requisitos de la verosimilitud en el derecho; por cuanto la accionante acredita el vínculo con la demandada acompañando copia del carnet de beneficiaria/afiliada y el peligro en la demora; por cuanto justifica con estudios y demás certificados médicos la necesidad de contar con la bomba de insulina detallada y requerida por los profesionales de la salud intervinientes, y sin que esto implique adelantar opinión sobre la procedencia de la acción deducida, a la misma: ha lugar”, señala textualmente el dictamen de Rebak. De esta forma, el juez ordenó a la mutual que se brinde un sistema integrado de infusión continua de insulina con monitoreo continuo de glucosa   y todos los insumos necesarios para su correcto uso y funcionamiento mensual, por el término de seis meses. “Todas las mutuales atraviesan un momento complicado. El problema es cuando se trata de elementos costosos”, contextualizó Ortega al ser entrevistado por El Diario. El letrado indicó que la bomba de insulina tenía un costo de 800 mil pesos cuando fue solicitada. La mujer ya la está usando desde hace casi un mes. Subrayó que le pidieron que buscara métodos menos invasivos para su abordaje de salud. Ante preguntas periodísticas, el abogado contó que en principio la mutual planteó que la paciente no estaba capacitada para utilizar esta herramienta. “Ella utilizaba la bomba básica. Además de negarle este nuevo elemento, querían sacarle la que usaba, argumentando que si pedía otra era porque ya no necesitaba la anterior”, reveló el profesional. No obstante, no hicieron entrega de ese insumo básico y luego la obra social ya no lo reclamó. Ortega contó que tras la medida cautelar dispuesta por la Justicia, la mutual “no cumplió con el plazo previsto por el juez”, pero finalmente luego se logró la entrega de la bomba tras una audiencia.   Máquina braille Ortega también representa a la familia de un niño de 5 años que pidió que la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) le entregue una máquina braille, algo que finalmente ordenó la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Villa María. Tal como informó El Diario la semana pasada, se hizo lugar así al amparo presentado por la familia del pequeño, que está ciego. Apross apeló la disposición de los jueces, pero el nene ya cuenta con esa herramienta esencial. “No tuve acceso a los términos de la apelación. Por lo que sé, argumentan que la provisión de esta máquina no está dentro del Programa Médico Obligatorio”, indicó Ortega. Desde Apross “sostenían que a tan corta edad no hacía falta” este dispositivo “porque son edades en las que no se aprende a leer y escribir”, graficó Ortega, quien refutó estos fundamentos con los hechos: el nene “aprendió muchísimo” gracias a la máquina. El letrado estimó que esta herramienta tiene un costo aproximado de 37 mil pesos.   Rápidas medidas Ante preguntas de este medio, Ortega remarcó su confianza en la Justicia. “He tramitado varias causas de amparo y los jueces siempre actúan con la mayor rapidez posible, a derecho y atendiendo el peligro en la demora” de los demandados en dar una respuesta, apuntó. Consideró que “es atinado” que determinen cautelares. Cabe remarcar que pese a estas medidas, los procesos continúan hasta una resolución de fondo. “En caso de resultar desfavorable para lo que nosotros solicitamos, podrían quitar la máquina o reclamar el dinero correspondiente”, aventuró Ortega, quien aclaró que las medidas cautelares salen bajo fianza de abogado. Si bien existen plazos establecidos para la conclusión de los procesos que están en marcha, “por el abarrotamiento de causas en la Justicia” estimó que “se extenderá un año o un año y medio en primera instancia”.