Tras dos años volvieron sobre una ordenanza de expropiación de tierras
viernes, 12 de abril de 2019 · 00:00
La necesidad habitacional - El conflicto por los prometidos terrenos de barrio Las Playas
Concejales tuvieron que modificar un artículo de la norma aprobada para expropiar hectáreas para viviendas
El proceso abierto en 2017 para expropiar terrenos de barrio Las Playas con el fin de poder brindar acceso a la tierra para la vivienda propia a habitantes de la ciudad generó ayer un nuevo capítulo, en el que abundaron los cruces y reproches entre concejales.
Hace justo hoy dos años, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza por la cual declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno de aproximadamente 23 hectáreas, ubicado atrás de la estación de servicio Petrobras de ruta 9, destinada a la urbanización y a la generación de un programa de acceso al suelo. Sobre esa misma norma tuvieron que retornar los ediles ayer. Y en el transcurso, evidentemente, no se pudo brindar soluciones habitacionales.
“Aprobada la ordenanza, el Ejecutivo dispuso la expropiación e inició el respectivo proceso legal porque hay muchos condominios y ha sido imposible un arreglo como se deseó. El juez de la causa ha pedido que la descripción del terreno se compadezca al último acto registral, que ha sido la confección de la matrícula, porque el inmueble había sido descripto conforme a folio”, argumentó el concejal Carlos De Falco en la sesión legislativa.
Así, explicó que trataban el proyecto de modificación de un artículo de la ordenanza de 2017, el que refiere a la descripción de los terrenos. Además se agregó un párrafo mencionando a los titulares de las tierras y sus respectivos porcentajes.
Tras la palabra del presidente del bloque oficialista, habló Gisele Machicado (Frente Cívico), de Juntos por Villa María, quien enfática hizo varias críticas.
En ese marco contó que pidió informes a la Asesoría Letrada del municipio y al Instituto Municipal de Viviendas al considerar que hubo un exceso en sus facultades por haber firmado acuerdos de posesión con distintas familias sin haberse iniciado el proceso de expropiación, es decir, sin que el Estado local tuviera la posesión de esas tierras.
La edil remarcó que el compromiso asumido desde el Ejecutivo fue otorgar terrenos antes de agosto de 2018, y advirtió que a esa fecha “ni siquiera se había presentado la demanda de expropiación”, algo que -puntualizó- se hizo en diciembre pasado.
“Es una tomada de pelo. Con la necesidad que se tiene, nos encontramos conque prometieron algo que no van a poder cumplir, porque se demoraron un año y medio en presentar la demanda de expropiación en tribunales”, manifestó.
Criticó también que luego de esos acuerdos originales, “se cambiaron las fechas de vencimiento de los contratos, como si fuera cambiar zapatillas”.
La respuesta
De Falco quiso contestar. Primero recalcó que brindar acceso al suelo o a la vivienda no es competencia del municipio.
“Debe haber muy pocas municipalidades que hayan hecho el desarrollo que hizo este municipio, yendo más allá de sus competencias para otorgar acceso al suelo”, sostuvo, mencionando el caso del barrio Ramón Carrillo.
Expresó que el Estado local no percibe impuestos sino tasas y contribuciones que tienen destino específico, como barrido y limpieza y “sin embargo toma cuestiones como la salud primaria, guarderías, intervención en más de 700 desalojos en 2018, otorgamiento de bolsones de comida que se han triplicado”.
“Hay mucha gente que está reclamando su tierra porque es un derecho constitucional, con legítimo interés, pero el Estado municipal trata de dar respuesta dentro de un presupuesto municipal”, señaló.
Después justificó la demora en los pasos que dio la Intendencia, afirmando que fue así “porque hubo muchas negociaciones para evitar la expropiación”.
“La expropiación es un juicio que puede generar inconvenientes gravosos a la Municipalidad. Ese año, con ordenanza en la mano, trató de negociar con propietarios, con herederos de propietarios, con quienes se creen con derechos, se trató de evitar la expropiación y llegar a un acuerdo. Se demoró más de lo previsto y llegó un punto en donde se inició la expropiación, decisión tomada en noviembre”, precisó.