Son profesionales, pero cobran como estudiantes en el Poder Judicial

Los equipos técnicos del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba dispusieron una medida de fuerza que se llevará a cabo en tres jornadas, de manera sucesiva y escalonada. En Villa María, junto con el resto de las sedes del interior, pararán el martes 5 de noviembre.

“La decisión se tomó ante la ausencia total de respuestas de la patronal a las distintas reivindicaciones del sector que reclaman el pase a planta de contratadas y contratados, un orden de mérito propio, condiciones dignas de trabajo, concursos para las jefaturas y piden el fin de la precarización y la violencia laboral y de género en el Poder Judicial”, indicaron desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), gremio que tiene como secretaria general en Villa María a Guadalupe Vázquez.

Esos equipos están conformados por trabajadores sociales, psicólogos y médicos que ingresan al Poder Judicial de la Provincia con la misma jerarquía de un empleado sin título profesional.

 “Son considerados administrativos dentro del Poder Judicial, despojándolos de su calidad profesional, aunque tienen la responsabilidad de firmar informes, pericias y dictámenes desde donde basan sus fallos. En el Poder Judicial quienes tienen responsabilidad en la firma se les reconoce por ello, pero es solo a los funcionarios. De manera injusta y desigual los equipos técnicos no están ni jerarquizados ni reconocidos por su trabajo y responsabilidad”, indicaron desde AGEPJ.

Para ingresar, deben atravesar un exigente y riguroso concurso donde se requiere además del título y matricula habilitante, experiencia laboral y formación específica en el área jurídica. “Sin embargo al momento del ingreso lo hacen con el mismo cargo que los ingresantes de abogacía que tienen por requisito cinco materias rendidas de su carrera”, explicaron. Además de ello, los contratos se han llegado a prolongar a 9 años en algunos casos y en la actualidad se retrasa el pase a planta en el sector mientras que en el área jurisdiccional los tiempos son significativamente menores. 

Cuestión de género

En un 90%, los profesionales que integran estos equipos  son mujeres.  “Están devaluados por su condición de género dentro del poder judicial que se muestra ciego y sordo puertas adentro contradiciendo la imagen social que intenta mostrar de compromiso con las problemáticas graves como la violencia de género”, denuncian desde AGEPJ.

Por otra parte, la creciente demanda de intervención judicial desborda en exigencias al sector a los que recurren los magistrados para dar luz a las graves causas que deben resolver, indicaron.

¿Qué hacen?

Para comprender el rol central que tienen las y los profesionales de los equipos que están en conflicto por la precarización en sus condiciones de trabajo, se puede enumerar alguna de sus funciones.

Por ejemplo, para acceder a la libertad condicional o anticipada, es indispensable una pericia psicológica.

También para determinar si alguien puede estar en prisión domiciliaria.

Tienen que hacer informes por cada botón antipánico e intervenir en cada denuncia de violencia de género.

Son las y los psicólogos de los equipos técnicos los que tienen que abordar a las víctimas de abuso sexual menores de edad en las declaraciones que hacen en la cámara Gessel. Intervienen también en los procesos de adopción.

Y por todo eso, le pagan igual que a un estudiante de Abogacía que hizo el 20% de la carrera.

Asambleas para que “aparezca” el aumento

Guadalupe Vázquez, secretaria General de AGEPJ Villa María informó que la Corte Suprema otorgó un incremento del 10% en los haberes de los trabajadores judiciales, el que debería estar a disposición a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, la plata aún no apareció. “Fue por eso que decidimos hacer medidas de fuerza”, informó. “En la semana que inicia, haremos tres asambleas una el lunes, otra el miércoles y la tercera el viernes. En caso de no tener respuesta, vamos a decretar un paro”, explicó.

Cabe señalar que en el año 2019 recibieron un 25% de incremento salarial (un 7,5% en mayo, un porcentaje similar en junio y un 10% en septiembre). Con el 10% prometido llegarían a un 35% en todo el período en el que la inflación fue superior.