¿Puede el municipio intervenir para hacer “más justos” los alquileres?

Escribe Daniel López

Concejal electo

Hace unos días participé de un encuentro organizado por la Universidad Católica en la Ciudad de Córdoba donde el eje de discusión versó acerca de lo que conocemos como la vivienda en alquiler. Un hecho que muchos saben, pues son inquilinos, pero pocos estudian como alternativa de acceso a un techo para vivir. 

Sabemos, porque así lo marca nuestra Constitución, que la vivienda es un derecho para todo ciudadano argentino. La discusión entonces es ¿cómo se accede a tal vivienda? ¿Qué lugar ocupa el Estado nacional, provincial y municipal en esa tarea? ¿Es una solución la construcción de viviendas por el mercado inmobiliario? Se trata de preguntas que resultan complejas de responder, pero se torna sumamente necesario hacerlo.

Si partimos de la primera pregunta, notamos que los inquilinos en Argentina y, en promedio, en las ciudades más importantes del país (CABA, Rosario, Córdoba) rondan entre el 30 y el 40%. Es decir, si sumamos estas cantidades notamos que dos millones de personas alquilan en estas ciudades (sin mencionar el conurbano bonaerense y resto de la Argentina). Es un número que contempla familias, sueños, esperanzas, y una serie de cuestiones que se pierden cuando la relación con propietarios/inmobiliarias se hace cada vez más desigual.

Decimos desigual, pero, ¿qué significa esto? Simplemente que el 40% de los ingresos familiares se destina al pago de alquiler en nuestro país. Imaginen, en una Argentina en crisis, los sectores más vulnerables terminan transfiriendo sus pocos recursos a grandes capitales inmobiliarios (poco regulados y cada vez con más fuerza). Por ejemplo, para el caso de CABA, en concepto de alquiler el sector rentista obtiene casi mil millones de pesos por mes. Pareciera que con estos datos resulta necesario preguntarse ¿qué pasa en nuestra ciudad?

Sin dudas, la vivienda en alquiler constituye una alternativa al acceso de la vivienda. Entonces, ¿qué lugar debe ocupar el Estado municipal para garantizar un igual acceso a la vivienda en alquiler? Pensamos aquí que es necesario retomar el caso de la Municipalidad de Berazategui que cuenta con un Ente que interviene asesorando a los inquilinos que vayan a alquilar. Esto resulta importante, creo, porque intenta “igualar” la relación, de por sí desigual, entre inquilinos y propietarios/inmobiliarios. No pretendo decir con esto que todos los inmobiliarios funcionen de la misma manera, pero ante ciertos abusos es necesario contar con una ayuda y es por esto que se hace fundamental la sanción de la Ley Nacional de Alquileres y la intervención, en términos de asesoría, del Estado municipal. 

Hoy, el Estado (en sus distintos niveles) no tiene como prioridad la construcción de vivienda (o resulta insuficiente su oferta para la gran demanda que existe) por lo que el alquiler de una propiedad resulta, sin duda alguna, la alternativa central para el acceso a un techo. Pero alquilar se ha tornado una dificultad en Argentina. Hoy, el aumento de los alquileres, el costo de las tarifas y los servicios públicos ha transformado esta situación en una verdadera odisea difícil de sobrellevar. De hecho, para la ciudad de Córdoba, un tercio de los inquilinos se ha debido de mudar por no poder pagar el alquiler (aumentando esta cifra para los jóvenes). Cifras que realmente preocupan.

Y pareciera en esta nota que todos los problemas para el acceso fuesen económicos. Pero la verdad es que aún en pleno siglo XXI algunos sectores de la sociedad quedan marginados. Este es el caso de mujeres, trabajadores migrantes e informales, mujeres en situación de violencia de género, transexuales, y más sectores que tienen situaciones particulares de vulnerabilidad en acceso a la vivienda (aún más desiguales).

Es un debate largo y complejo, pero debemos comenzar. La ley nacional de alquileres nos permite tener un punto de partida para visibilizar la situación que viven millones de inquilinos en todo el país y, porque no, en nuestra provincia y en nuestra ciudad de Villa María. Un punto de partida para pensar las acciones estatales respecto de esta situación. Debemos dejar de mirar para otro lado porque se trata, sin duda, de un problema social que, en ciertas ocasiones, dejan a nuestras familias sin uno de los derechos más básicos en nuestra Patria: la vivienda.