La suerte de los vecinos del Ramón Carrillo está en manos de la Justicia

Con el objetivo de llegar a una solución definitiva con los acreedores que reclaman una deuda al municipio por la expropiación de tierras del barrio Malvinas Argentinas, el Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ordenanza, solicitando autorización para entregar en pago inmuebles que son de dominio de la Municipalidad. A la vez, la iniciativa propone que, si los acreedores no aceptaran los bienes, se habilite al municipio a sacarlos a la venta y con ese dinero cancelar la deuda.

El proyecto fue presentado en la sede legislativa por el asesor letrado de la Municipalidad, Eduardo Rodríguez, quien explicó ante El Diario que los inmuebles que se ofrecen en pago son la playa de estacionamiento de la Terminal de Omnibus y cinco terrenos del barrio Ramón Carrillo que no tienen adjudicatarios y que aún permanecen como patrimonio municipal. Con esto, quedarían desafectados los beneficiarios que están embargados.

Rodríguez señaló que el proyecto tiene un doble objeto: cancelar la deuda con sentencia judicial a favor de los propietarios evitando que sigan incrementándose los intereses, y, a su vez, efectuar la regularización dominial de los vecinos del barrio Malvinas Argentinas, quienes de esta forma podrían escriturar.

En paralelo, Rodríguez hizo la presentación en Tribunales pidiendo la suspensión de la subasta porque hay voluntad de pago del municipio, para lo que puso en marcha un mecanismo administrativo que es la sanción de una ordenanza que autorice a pagar mediante la entrega de bienes.

“La jueza tiene que evaluar nuestra presentación y decidir, para eso tiene tiempo hasta la subasta”, indicó el abogado, quien aclaró que este trámite se dará necesariamente antes de la sanción de la ordenanza, que requiere doble lectura y audiencia pública.

Por lo tanto, ahora está en manos de la jueza la solución de este problema para no afectar a los vecinos de barrio Ramón Carrillo.

En ese sentido, el asesor letrado puntualizó que los terrenos pudieron ser embargados “porque los adjudicatarios no cumplieron con las condiciones”, por lo tanto, sus contratos se encuentran en condiciones de ser rescindidos por los incumplimientos.

“Los adjudicatarios tenían obligación de escriturar y de construir dentro de los tres años, tal el cargo con que se efectuaron las adjudicaciones, los terrenos se vendieron a precio bajo en 2012, con la condición de construir en dos años y habitarlos en tres. Eso debió cumplirse en 2016”, sentenció. 

A valor de mercado

El asesor letrado recordó que en 2004 la Municipalidad de Villa María declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, en el marco del Plan Federal 400 Viviendas, un terreno de Omar Bautista Torasso y Néstor Vicente Torasso. En ese momento, la Municipalidad depositó en la Justicia el precio que por esas tierras fijó el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba, algo que está fijado por la ley de expropiaciones, y que ascendía a 5 pesos el metro cuadrado. Ante la disconformidad del precio sugerido por el tribunal, se desarrolló un juicio que tuvo sentencia en noviembre de 2012, en la que se condenó a la Municipalidad a pagar 148 pesos por metro cuadrado, lo que daba una suma aproximada de 8 millones de pesos.

Todos los recursos de apelación presentados por el municipio tuvieron sentencia judicial a favor de los propietarios de los terrenos. La última fue en agosto de 2015, cuando se le ordenó pagar un monto aún superior.

La actual gestión municipal cambió el criterio y dejó de litigar, comenzaron las tratativas judiciales y extrajudiciales para lograr la cancelación de la deuda, evitando que continuaran generándose mayores intereses ante la falta de pago. En el medio de ese proceso, la Justicia ordenó pagar 160 Jus, que es una unidad de medida y que a valor de hoy asciende a 190 mil pesos, cifra que el municipio abona mensualmente a Torasso a cuenta del capital, desde hace más de tres años.

Mientras tanto, los acreedores, pese a existir una negociación en marcha, siguieron con el juicio, que hoy tiene una suma de alrededor de 36 millones de pesos por los intereses que generaron aquellos 8 millones iniciales. Para cobrar esos 36 millones, Torasso, representados por el abogado Guillermo “Tuno” Valinotto embargaron bienes del municipio, entre los que se hallaba la playa de estacionamiento de la Terminal de Omnibus y terrenos en el barrio Ramón Carrillo.

Cuando se interrumpieron las negociaciones y se fijó la fecha de remate, el intendente autorizó a presentar un proyecto para desafectar bienes del municipio y darlos en parte de pago a un valor mayor de lo que se obtendría en una subasta, ya que la playa de estacionamiento para el remate tiene una base de cinco millones de pesos, cuando en realidad su tasación es de 35 millones de pesos.

Más juicios

Además de éste hay otros dos juicios, ya que para el barrio Malvinas Argentinas se expropiaron tres porciones de terreno:  la de Torasso, otra de Valinotto y Miozzo, y la tercera de un grupo de empresarios locales.

“El juicio por la expropiación a Valinotto y Miozzo no está tan avanzado como el de Torasso y el del grupo de empresarios aún está en etapa de prueba. Cuando en su momento se habló de que a la Municipalidad se le reclamaban cerca de 70 millones de pesos, fue porque se buscaba una solución integral para los tres juicios, pero como la ejecución sólo está avanzada en el de Torasso, se tienen que pagar 36 millones”, precisó Rodríguez.