Defensorías en alerta máxima por posibles subas en la tarifa del gas

Villa María se suma al reclamo nacional La auditora general, Alicia Peressutti junto a defensores del Pueblo de todo el país se reunirán el próximo 12 de febrero con autoridades del Enargas para abordar la temática. Exigen que no se generen cargos y costos extras en las próximas facturaciones La Auditoría General de Villa María se sumó al reclamo que días atrás manifestaron los integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por los incrementos en las tarifas del servicio público de gas que próximamente realizarían las empresas distribuidoras el marco del procedimiento de licitación para la compra de gas. Es importante apuntar que el próximo 12 de febrero en Buenos Aires, Alicia Peressutti en su rol de auditora general y a la vez referente de la Comisión Directiva de ADPRA (se desempeña como primera vocal), participará de una reunión a la que han sido convocados las autoridades del Enargas. Cabe señalar que lo que puso en estado de extrema alerta a los ombudsman de todo el país, fue el documento emitido recientemente por la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), donde manifiestan que de aprobarse el cambio en los plazos de pago a productores de 75 a 30 días, se produciría un desfasaje financiero que los obligaría a recurrir a financiamiento externo con un elevado costo ocasionando por las altas tasas de interés vigente, gastos que serían trasladados a las tarifas de los usuarios. En virtud de lo expuesto, los defensores del Pueblo de todo el país coincidieron en rechazar la posibilidad de trasladar los costos surgidos de cambios en las relaciones contractuales de distribuidores con productores, considerando que “nunca pueden ser los usuarios quienes carguen con las diferencias económicas derivadas de cambios en los términos de contratación”. Además, sostienen que “debe tenerse en cuenta el principio esencial y específico de la participación ciudadana mediante audiencia pública, además de los principios rectores en materia tarifaria de certeza, previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad exigidos por la Suprema Corte en el fallo CEPIS”.   Los más castigados “Vamos a discutir con las autoridades del Enargas varias cuestiones que consideramos centrales. Primero, la Tarifa Social que es irrisoria, una verdadera vergüenza comparándola por ejemplo con la de la que se brinda por energía eléctrica”, expresó Peressutti en diálogo con El Diario. “La gente que más necesita el gas ya se ha pasado a garrafa. La desesperación por no poder pagar y necesitar calefaccionar de alguna manera sus hogares hacen que se vayan del sistema de gas por redes. Tendría que haber una Tarifa Social coherente”, refelexionó. “El gas ha aumentado, desde el año 2015 a la fecha, en más del 5.000%. Realmente es una locura y encima participar en las audiencias públicas es solamente legitimar los subas que se imponen. Hacen como que nos escuchan, pero los incrementos los aplican igual”, subrayó la funcionaria villamariense. “Muchas veces preferimos no participar de las audiencias ya que nuestra función no es legitimar aumentos, sino defender a la gente que los sufre”, sostuvo. La consultada por este matutino también reveló que Villa María ha sido uno de los territorio en donde las subas en las tarifas han impactado de mayor forma. “Tanto nuestra ciudad como Río Cuarto hemos sido los más perjudicados, a nivel provincial, por este conflicto con las tarifas. Seguimos peleando por la zonificación y los aumentos desmedidos que rayan lo irracional, ilógico e inhumano”, concluyó la auditora.