El Diario consultó a referentes de espacios sociales y comunitarios vinculados a la niñez, la adolescencia y la juventud. Todas cuestionaron el proyecto del Gobierno de Macri. Creen que no se trabaja sobre las causas y que se criminalizará a los sectores más postergados
El Gobierno de Mauricio Macri prevé enviar al Congreso de la Nación un proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, con la intención de bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos más graves.
El proyecto señala que a aquellos chicos y chicas que cuenten con 15 años solo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”, como, por ejemplo, ocurrirá con casos de homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
De la misma manera que “para un mayor de 16 y menor de 18 años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a tres años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal”.
De acuerdo a la propuesta oficial, “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y establece que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Estará prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua.
Las detenciones -de prosperar la idea- serán “en un centro especializado”, donde se “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
Comprende además un “plan individualizado” para cada adolescente, que “deberá contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud, así como también, de corresponder, un plan de abordaje restaurativo”.
Según el sitio Chequeado, a nivel nacional las estadísticas sobre delitos cometidos por menores son escasas. “De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 se dictaron más de 37 mil sentencias condenatorias. De ese total, un 46,2% fueron cometidos por adultos, un 0,4% fueron cometidos por menores de 16 y 17 años, y en el resto se desconoce la edad del autor”, especificó.
De acuerdo a datos de 2017 de la provincia de Buenos Aires, las denuncias de delitos cometidos por menores de 16 y 17 años representaron un 3,2% de los cometidos por adultos. “Además, los informes oficiales de la provincia muestran que los delitos cometidos por menores vienen disminuyendo todos los años desde hace al menos cuatro años. Entre 2014 y 2017 disminuyó un 26% la cantidad de procesos penales juveniles iniciados”, consignó Chequeado.
En este contexto,
El Diario buscó diversas opiniones villamarienses. Hoy se reflejan las primeras...
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? Laura Gabetta
“En la región más oscura del campo político, el condenado dibuja la figura simétrica e invertida del rey, legislar y castigar” (Michel Foucault)
“La dicotomía del ellos-nosotros es una de las más simples y más utilizadas en el ámbito de la política y el poder.
La creación de un claro enemigo al cual la mayoría podamos odiar y despreciar les permite a los poderosos de turno aunar fuerzas y poder, sobre todo en un año electoral.
Ellos son los enemigos, esos casi niños y niñas que están en la calle, que piden, que roban, que no van a la escuela. Esos, los invisibles de ayer, hoy y ojalá no siempre.
Una sociedad y un Estado que consideran la idea de bajar la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes a 15 años son una sociedad y Estado profundamente enfermos. Una sociedad que no se pregunta ni se cuestiona qué es lo que está pasando para que estén delinquiendo en vez de estar jugando, aprendiendo, siendo felices, es una sociedad que no entendió que el futuro de un país no está en las cárceles, sino en las escuelas y en la educación.
Un país que permite sin chistar que se cierren escuelas, como ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, y que considera viable bajar la edad de imputabilidad, es un país condenado al fracaso, porque ha perdido la esperanza, y porque sigue pensando, sosteniendo y pregonando que el dinero y el poder valen más que la vida de una persona”.
? Aldana Sequeiros
“Desde ya no estoy de acuerdo. Más que una opinión personal creo que es más relevante dar a conocer la postura de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, dijo Aldana Sequeiros, quien se desempeña en la misma. Luego compartió Lo señalado por la defensora provincial Amelia López en Radio FM Gospel 102.9 de Río Cuarto.
La funcionaria declaró: “Todos creemos que es inapropiado una baja en la edad de imputabilidad. Realmente es necesario un cambio en el Régimen Penal Juvenil, pero tiene que estar pensado en la prevención, en el abordaje temprano, en una especialización del tema y no en medidas que tengan que ver con la privación de la libertad, la baja en la edad de imputabilidad. Las sanciones socioeducativas tienen que ser acordes a la madurez, que no estén medidas por una vara adulta, sino por una particular donde la excepcionalidad sea la privación de libertad. Tenemos que pensar menos en la punición y más en la restauración de derechos. Estamos queriendo resolver consecuencias sin atacar causas”.
? Nora Landart
“Estoy absolutamente en contra. Es retroceder, vulnerar derechos que están constitucionalmente reconocidos (la Convención tiene rango constitucional en la Argentina a partir de la reforma de 1994).
Fundamentalmente tiene que ver con un análisis de nuestra historia. Si analizamos cómo se construyó el sistema punitivo en el país vamos a poder identificar con absoluta claridad que siempre se necesitó construir lo que se denomina enemigos peligrosos.
en este tiempo volvemos a ensañarnos con los más jóvenes, con los niños, los adolescentes en este caso, y que mayoritariamente viven en circunstancias difíciles.
Estos enemigos peligrosos que socialmente hemos construido generalmente están vinculados a trayectorias vitales en contextos de pobreza.
Estoy absolutamente en contra de bajar la edad de imputabilidad, en contra de que el Estado asuma un rol represivo. Estoy en contra desde hace muchísimos años en particular en la provincia de Córdoba porque hemos hecho experiencia en tolerancia cero con el asesoramiento del Manhattan Institute, que nos asesoró y definió las políticas de seguridad.
Hay datos objetivos: las estadísticas (al menos las que revisé el año pasado) de menores que cometen delitos es mínima, oscilaba el 3%.
No es ahí donde tenemos que focalizar.
A niños, niñas y adolescentes hay que garantizarles salud, educación y espacios seguros donde puedan construir identidades positivas. No es la manera privar de la libertad”.
? Valeria Caleri
“Es una iniciativa anticonstitucional y regresiva. Estamos yendo para atrás en lo que es ampliación de derechos.
Si vemos cronológicamente, solo en la dictadura se disminuyó la edad de imputabilidad, llevándola a los 14 años.
El peronismo la había llevado a 16 y la dictadura la bajó a 14, no podemos nuevamente regresar.
Además, no tiene sustento estadístico, porque los delitos cometidos por menores de edad son ínfimos en comparación a la estadística general de delitos.
Esta decisión solo afecta a los pibes y pibas de sectores populares, que son el último eslabón de la cadena de un sistema perverso que los excluye del sistema educativo, que tienen que salir a laburar para acompañar a sus padres, que deja a sus progenitores sin laburo.
A mi entender no es una solución al problema de la inseguridad.
La única solución para esto es que haya trabajo digno para los padres, que los chicos puedan comer en su casa y no en un comedor alejado de todo, que puedan ir a una escuela (y de calidad), que los forme de manera crítica, precisamente todo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno nacional, que lleva adelante medidas que económicamente afectan a sectores populares, que genera que sus padres se queden sin trabajo y que los jóvenes tengan que salir a remarla desde muy chiquitos para poder subsistir.
El fin único de todo esto es como siempre criminalizar a los sectores populares y a las pibas y los pibes y coartarles el presente, el futuro y una mejor calidad de vida.
? Liliana Costabello
“Sostengo que bajar la edad de imputabilidad es una muestra del fracaso de las políticas sociales de inclusión.
Se recorta el presupuesto en educación, en arte, en recreación. Y son éstas las dimensiones humanas que sostienen a los/as jóvenes dentro de la estructura de la organización social.
Este proyecto continúa con la línea de control social desde la militarización de la ciudadanía.
Controlar qué es lo que llevo dentro de mi cartera o de mi mochila es lo mismo que controlar la cara del joven que va debajo de una gorra.
Creo que antes de gastar en comprar un arma, un uniforme de Policía, hay que invertir en escuelas que contengan, entiendan y se preocupen por estos jóvenes.
Siempre me dijeron que estaba loca, pero la escuela debe ir adonde están los jóvenes: a la plaza, la esquina, a la madrugada si hace falta. Y si este proyecto prospera, ¿adónde van a recluir a estos jóvenes? ¿En las gloriosas cárceles argentinas?
Sí hay que invertir, intervenir y gestar un cambio, pero de ninguna manera se logra con castigar. Ya suficiente castigo tienen con ser pobres, a veces morochos, a veces enfermos de consumo y de soledades, como para también ser los que llenen las cárceles”.
Quiénes son...
Recolectamos diversas miradas sobre el polémico proyecto del Gobierno nacional.
En esta nota se comparte la visión de Laura Gabetta, una docente que fue pieza clave durante muchos años del comedor comunitario Caritas Felices, ubicado en barrio La Calera, el espacio de esta naturaleza de mayor demanda en la ciudad.
Aldana Sequeiros, por su lado, trabajó mucho en los lineamientos del lavadero Nuevo Sol, destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y hoy es parte de la delegación local de la Defensoría de Niñez.
En tanto, Nora Landart es concejala, impulsora de la campaña “Un trato por el buen trato”, docente y trabajadora social. Liliana Costabello, también docente y trabajadora social, lleva adelante desde hace más de una década un espacio comunitario en barrio Las Playas y Valeria Caleri es la coordinadora de Niñez, Adolescencia y Juventudes del municipio.
