'No tengo ninguna duda de la legalidad de la iniciativa”
jueves, 20 de diciembre de 2018 · 00:00
Sesión legislativa - Con la mayoría agravada garantizada, se trata el proyecto del nuevo Salón de los Deportes para aprobar la segunda lectura
Así lo expresó De Falco al responder las acusaciones de la oposición sobre irregularidades; para hoy el proyecto de canje cuenta, en principio, con los mismos votos que en la primera lectura y podría sumarse Navarro
Con la mayoría agravada asegurada, el oficialismo bajará hoy al recinto el proyecto para la creación de un nuevo Salón de los Deportes para ser aprobado en segunda lectura.
El presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, indicó que a la iniciativa le fueron incorporadas las modificaciones propuestas por los propios concejales y por las instituciones que participaron de la ronda de consultas, más las escuchadas en la audiencia pública que se celebró el martes hasta más allá de la medianoche.
“En la Comisión de Acuerdos trabajamos en base al borrador de dictamen que tenemos, ampliándolo y mejorando muchas cosas que sugirieron los concejales y entidades en la audiencia pública. Luego se redactó un despacho de comisión que tiene la mayoría agravada como para que se transforme en ordenanza”, señaló.
“Algunas de las modificaciones que se incorporaron fue la posibilidad de que otros oferentes también utilicen el predio de la Universidad; extender el plazo de licitación, que originalmente era de 30 días y ahora es de 60, para que otros oferentes puedan presentarse con tiempo suficiente; entregar una tenencia precaria con anterioridad a la obra, como pidió el Colegio de Arquitectos; algunos detalles de redacción, en esencia fue perfeccionar lo que veníamos trabajando, porque es un dictamen que se vino madurando”, afirmó.
“El primer dictamen que se hizo para la primera lectura fue con el compromiso de avanzar en el debate, y avanzamos en la medida que fuimos escuchando. Hemos llegado a un dictamen final que toma en cuenta muchísimas de las sugerencias, como transformar la iniciativa privada en una licitación pública con iniciativa privada; darle a la Municipalidad mayor poder, sobre todo la presidencia del cuerpo de administración; ordenar dictar el reglamento en 120 días”, agregó.
El proyecto cuenta hasta ahora con el acompañamiento de los concejales de la minoría Karina Bruno (PRO) y Delfin Polack (Frente Cívico), quien fue uno de los más férreos opositores al “megacanje” propuesto años atrás por el exintendente Eduardo Accastello.
En tanto, sigue siendo rechazado por la presidenta de Juntos por Villa María, Gisele Machicado, los ediles de la UCR, Nora Landart y Gustavo Bustamante.
En cuanto a la edil Verónica Navarro, que no votó la primera lectura, pidió un tiempo para analizar algunos puntos y decidir su voto.
“Estoy esperando la resolución del Consejo Superior de la Universidad aprobando la cesión del terreno a otros oferentes que no sean los originales, si superaran la propuesta. Hasta ahora, el terreno era solamente para Mario Brondello y Gustavo Martinengo, ahora se abrió el juego a otros inversionistas y eso debe estar previsto para dar igualdad de oportunidades”, apuntó.
Previsto en la COM
Con respecto a lo expresado por la oposición en la conferencia de prensa, donde se denunciaron irregularidades porque la figura jurídica a utilizar no estaba contemplada en una ordenanza, De Falco dijo no compartir “para nada” ese criterio.
“Hay una iniciativa privada a la que nosotros, para igualar la oferta, le hemos dado el carácter de licitación pública, por lo tanto hay una licitación pública con oferta privada, se puede presentar cualquiera”, remarcó.
“Todo lo que hemos hecho está contemplado en ordenanza. Como legisladores, el único límite que tenemos es la Carta Orgánica Municipal (COM), luego podemos legislar de la forma que creamos que sea más conveniente para la ciudad, es decir, que podemos dictar ordenanzas, dejarlas sin efecto o modificarlas total o parcialmente”, explicó.
“La iniciativa privada está prevista en la COM, y en el Gobierno de Miguel Veglia se dictó una ordenanza reglamentándola. Cuando asumió Eduardo Accastello, en 1999, se dictó una ordenanza de emergencia económica administrativa porque la ciudad tenía deuda y no había dinero. Esa ordenanza de emergencia económica duraba dos años, pero aparte se adhirió a la ley de iniciativa privada de la Provincia, esa adhesión no es por 24 meses, está más allá de la emergencia, por lo que estamos adheridos a esa ley. Sin embargo, si dicha ley, como dijo Machicado, tuviese dos años de vigencia, volveríamos a la ordenanza anterior de Veglia”, precisó.
“Quiere decir que de una forma u otra, está contemplada”, añadió.
“Aparte, hay normas constitucionales que son operativas. Antes se decía que toda claúsula constitucional debía estar reglamentada, después se empezó a hablar de normas operativas y eso ya no hace más falta”, completó.
“Se está haciendo una lectura errónea. De los ocho votos que se emitieron, tres son de abogados”, señaló en referencia a Bruno, Mauro Beltrami y él mismo.
“Hay muchos años de profesión entre los tres, ¿y no nos vamos a dar cuenta que es ilegal?”, se preguntó.
“Si Machicado me dijera que no quiere votar por el patrimonio y no entregar el Salón de los Deportes, se lo respeto, aunque no lo comparto, pero que no diga que la norma es ilegal. De ninguna manera, eso se lo afirmo contundentemente”, subrayó.
“Machicado no puede decir que no vota por una ilegalidad, porque todo lo que se ha dicho se ha fundamentado documentalmente. Primero dijeron que la iniciativa privada no está prevista en la COM, les mostré que sí, después se dijo que no está reglamentada, también les mostré que sí, ahora dicen que no está vigente, lo que no es cierto porque la adhesión está separada de la emergencia. Si supiera que estamos ante una ilegalidad, por supuesto que no lo haría”, enfatizó.
“Estoy absolutamente convencido de la legalidad, no encuentro la falta de transparencia en ningún lugar. Hemos puesto todo de nosotros para que cada letra represente una igualdad de oportunidades”, manifestó De Falco.
“También hemos demostrado que no es un bien de dominio público intransferible, mostramos la escritura, que fue embargado”, insistió.
“No tengo ninguna duda de la legalidad de la iniciativa, estoy absolutamente convencido de su legalidad absoluta”, concluyó.