Investigará el “caso Cerimedo”

La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer la creación de una comisión investigadora para abordar el denominado “caso Cerimedo”. Con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, el cuerpo legislativo buscará reunir antecedentes sobre la eventual inacción o uso por parte de organismos públicos de cuentas automatizadas, trolls, manipulación algorítmica e inteligencia artificial en los procesos electorales y plebiscitos celebrados en el país desde 2020. La sospecha de los bloques opositores apunta a posibles vínculos entre estas redes de desinformación y el entorno del presidente José Antonio Kast.

La iniciativa cobró un fuerte impulso tras la detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado de un presunto intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller. Cerimedo es un estratega digital conocido de la derecha regional: integró la campaña de Javier Milei en Argentina en 2023 y fue incluido por la Justicia de Brasil en la causa sobre el intento de golpe de Estado de 2023 por difundir noticias falsas sobre las elecciones ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva. El escándalo también repercutió en Perú, donde la mandataria Keiko Fujimori negó relaciones laborales con él, pese a confirmarse que el asesor viajó a Lima un día antes de que ella asumiera el mando.

En el escenario chileno, el arresto reactivó las denuncias de la excandidata Evelyn Matthei, quien sufrió campañas de difamación digital atribuidas a cuentas favorables a Kast. La mujer calificó de sospechoso que, 48 horas después de la detención de Cerimedo, se desactivaran cuentas anónimas de hostigamiento en redes sociales.

Asimismo, la polémica se intensificó al revelarse que tres antiguos colaboradores del consultor ocupan cargos en el actual gobierno de Kast, destacando a Felipe Costabal al frente de la Secretaría de Comunicaciones.

Ante estos elementos, la oposición activó presentaciones judiciales y pedidos de informes: el diputado Juan Santana denunció el caso ante la Fiscalía por presuntos delitos informáticos, mientras que el parlamentario Gonzalo Winter ofició al Ejecutivo para determinar si desde el Estado se financió a cuentas anónimas que amplificaban contenidos oficiales. Por su parte, el presidente Kast negó tajantemente cualquier asesoría formal o relación profesional con Cerimedo, admitiendo únicamente haberlo cruzado en foros políticos de la región.