Estados Unidos amplía su control sobre Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos consolidó un avance en el control estratégico de los recursos energéticos de Venezuela tras la confirmación del gigante petrolero Chevron de expandir sus operaciones en la Faja del Orinoco, mediante una inversión de 7.000 millones de dólares para los próximos cinco años.

El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, arribó a Caracas para reunirse con la mandataria interina Delcy Rodríguez -quien asumió tras la captura militar de Nicolás Maduro en enero pasado- con el objetivo de ejecutar lo que la Casa Blanca calificó como “el acuerdo petrolero más grande de la historia mundial”.

El Pentágono, un socio directo

El núcleo de la estrategia estadounidense radica en la concesión por 100 años otorgada a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) sobre 17 campos petroleros, con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cifra que equivale a una quinta parte de toda la riqueza petrolera de la nación sudamericana.

Mediante este pacto de largo plazo, el gobierno de Estados Unidos se apropia de los derechos sobre el 35% de la compañía a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Además, el acuerdo faculta a Washington con el poder de veto dentro del Directorio corporativo y exige por estatuto que la mayoría de sus miembros sean ciudadanos estadounidenses.

Este andamiaje legal e institucional le asegura al Departamento de Estado la potestad de comprar de manera directa el 20% de la producción total a precio de costo de producción y no a valor de mercado, reteniendo además un derecho de preferencia prioritario sobre el 80% restante de la extracción.

La Casa Blanca planifica utilizar este flujo masivo de crudo para abastecer sus propias reservas estratégicas y cubrir las necesidades de sus fuerzas armadas. Políticamente, la maniobra representa un desplazamiento directo de la influencia geopolítica y comercial que las corporaciones estatales de China y Rusia mantenían sobre varios de esos mismos pozos de extracción.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, defendió las condiciones del entendimiento al argumentar que el mecanismo convierte a la disputa territorial en un acuerdo de cooperación económica mutua que normalizará las finanzas venezolanas.

Sin embargo, el funcionario reconoció con pragmatismo que el gobierno de Trump no contempla en su agenda inmediata un escenario de retorno a la democracia para Venezuela. De esta manera, el control absoluto de los suministros de crudo para dejar de depender de Oriente Medio se impuso como la prioridad absoluta de la diplomacia estadounidense en la región, proyectando inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para elevar la producción a un millón de barriles diarios.

El entramado de control sumó controversia local tras confirmarse que el operador elegido por Washington para comandar la firma NABEP es el venezolano Alejandro Betancourt López, de 46 años. El empresario, que se enriqueció mediante contratos estatales durante el chavismo, arrastra investigaciones internacionales por presunto lavado de dinero y registró arrestos en Gran Bretaña durante 2025 por pedidos de Suiza y España.

Pese a las críticas de la opinión pública, Rubio desestimó los cuestionamientos argumentando que los sistemas federales de auditoría de los Estados Unidos comprobaron que Betancourt no posee causas penales ni acusaciones formales vigentes en el sistema judicial norteamericano, ratificando su idoneidad para el megaproyecto energético.