Paz promulgó el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz (foto) promulgó ayer la Ley 1.765 que ratifica el acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 1.900 millones de dólares, una operación orientada a financiar reformas económicas y reforzar las reservas internacionales del país. La normativa entró en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y formaliza el entendimiento alcanzado el pasado 29 de julio.

El financiamiento, otorgado bajo un plazo de devolución de hasta 10 años y una tasa de interés inicial del 3,47%, faculta además al país a gestionar créditos adicionales con otros organismos multilaterales por una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares.

La promulgación de la ley se da en estricta sintonía con un severo plan de estabilización fiscal. A la medianoche del viernes, el mandatario comunicó el levantamiento total de la subvención al diésel, provocando que el precio por litro escalara de 9,80 bolivianos (un dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares), una medida que busca solucionar un desabastecimiento crónico de carburantes que afecta a Bolivia desde hace dos años. Según el compromiso asumido por la administración de Paz ante el FMI, el Estado deberá eliminar por completo los subsidios a la totalidad de los combustibles para el año 2027.

Destino de los fondos y medidas de alivio

En un mensaje difundido por televisión nacional antes de emprender su viaje a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU, el presidente Paz anunció que los recursos económicos que antes se destinaban a sostener el precio del diésel ahora serán redirigidos a la infraestructura pública, principalmente a la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, garantizando además el abastecimiento continuo del combustible las 24 horas del día. “No podemos comprar caro para vender barato para que unos cuantos se lo roben”, afirmó el mandatario boliviano.

A su vez, con el objetivo de mitigar el impacto del incremento y evitar las protestas sindicales que ya habían frenado reformas previas en el mes de enero, el Ejecutivo estructuró una serie de compensaciones económicas. En primer lugar, se dispuso un nuevo pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad que alcanzará a 2,9 millones de ciudadanos, al tiempo que el bono de ayuda escolar aumentó de 200 a 300 bolivianos. También, el Tesoro destinará 800 millones de bolivianos (81,6 millones de dólares) a créditos preferenciales con un interés anual cercano al 6% para el sector productivo, transportistas de carga pesada, artesanos y pequeños comerciantes.

Finalmente, se eliminará por completo el impuesto para bienes importados destinados de forma directa a actividades productivas, facilitando el ingreso de insumos básicos, semillas, drones de uso agrícola, genética ganadera y plantas industriales.