Damnificados denuncian trabas para solicitar créditos

Cientos de familias del estado La Guaira que resultaron damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio denunciaron que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) “ha generado un cuello de botella institucional que asfixia el derecho a la vivienda y a la restitución”.

La problemática radica en que el programa de crédito social lanzado por el Ejecutivo para atender la emergencia exige como requisito fundamental la presentación del título o documento de propiedad registrado del inmueble, un papel que actualmente las familias no pueden conseguir debido a la parálisis burocrática.

Tras el doblete sísmico, el Saren resolvió trasladar la totalidad de los archivos de La Guaira, declarada zona de desastre, hacia la ciudad de Caracas para iniciar un proceso de digitalización. Si bien los afectados comprenden la relevancia técnica de esta medida, señalan que la centralización masiva provocó “una desproporción en los tiempos de procesamiento”. Los vecinos denuncian la injusticia de permanecer excluidos de las ayudas del Estado únicamente por la retención de sus documentos en las oficinas públicas, lo que prolonga su situación de desprotección.

El plan hipotecario

Esta demora administrativa impide el acceso directo al plan hipotecario especial anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el cual establece un tope de financiamiento de hasta 100.000 dólares.

Para las viviendas de hasta 70.000 dólares, el programa contempla un subsidio estatal del 80% y un crédito por el 20% restante a 25 años. En tanto, para las propiedades con valores entre 70.000 y 100.000 dólares, el subsidio oficial cubre el 50% y la otra mitad se financia con un préstamo bancario a 25 años de plazo. Ambas modalidades disponen de un período de gracia de 12 meses, una tasa de interés del 5% anual y un recargo por mora del 1% anual sobre cuotas vencidas.

Ante el agravamiento de la crisis, los damnificados solicitaron al titular del organismo, Abel Ernesto Durán Gómez, primo de la mandataria interina, que implemente de manera urgente jornadas especiales de atención y simplifique los trámites vigentes. Demandan específicamente “el reconocimiento y la protocolización de las operaciones de compraventa que se habían realizado con anterioridad al evento sísmico”.

Los afectados advierten que la falta de respuestas oficiales se traduce en un daño continuado para cientos de familias que, al no tener sus papeles regularizados, quedan marginadas por el propio mandato del Ejecutivo nacional.