Crisis de seguridad en el continente

Ecuador decreta toque de queda en ocho provincias

Las autoridades dispusieron la restricción nocturna para fortalecer las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía. La medida busca contener una escalada de violencia que el presidente le atribuye al crimen organizado
viernes, 18 de septiembre de 2026 · 08:30

En un nuevo intento por frenar la escalada de violencia vinculada a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, el Gobierno de Ecuador dispuso un toque de queda nocturno en ocho de sus provincias más afectadas.

La medida, que rige durante la medianoche y se extenderá hasta fin de mes, busca otorgar facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para intervenir en barrios periféricos y corredores logísticos dominados por grupos delictivos.

El estado de excepción entró en vigor el martes 15 de septiembre tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.

El presidente Daniel  Noboa fundamentó la medida en la existencia de una “grave conmoción interna” ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El recrudecimiento de la crisis de seguridad se da en un contexto de alta tensión institucional y social. Mientras las fuerzas de seguridad ejecutan operativos de rastrillaje y patrullaje reforzado, la población civil enfrenta severos trastornos en la movilidad cotidiana y la actividad comercial.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la medida es indispensable para contener los altos índices de homicidios e intimidación pública, mientras organismos de derechos humanos monitorean la aplicación del decreto para evitar abusos en las zonas bajo estado de excepción.