Una propuesta del presidente Volodímir Zelenski
Un tribunal especial para juzgar a Putin
Treinta y seis países firmaron el documento de creación de un nuevo “Nuremberg” destinado a enjuiciar el “crimen de agresión” cometido por Rusia con la invasión a Ucrania
Este viernes, 36 países oficializaron la creación de un tribunal especial destinado a juzgar el “crimen de agresión” cometido por Rusia tras la invasión a Ucrania lanzada el 24 de febrero de 2022.
Esta propuesta, impulsada originalmente por el presidente Volodímir Zelenski, se materializó durante la reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Europa. El objetivo central es cubrir el vacío jurisdiccional que impide a la Corte Penal Internacional (CPI) procesar crímenes de agresión cuando el Estado imputado no es miembro de su convención, como es el caso de Rusia. Al respecto, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, subrayó que “la vía de la Justicia se abre ante nosotros” y que el momento en que Rusia rinda cuentas “se acerca a grandes pasos”.
La nueva instancia judicial, que funcionará en La Haya, Holanda, apunta directamente a la cúpula del poder ruso. A diferencia de los crímenes de guerra o de lesa humanidad, que recaen sobre individuos específicos por atrocidades puntuales, el “crimen de agresión” se considera un delito de liderazgo. Esto permitiría imputar al presidente Vladímir Putin, al primer ministro, al canciller y a los altos mandos militares que supervisaron la invasión.
En este contexto, el canciller ucraniano, Andriy Sybiha, aludió con satisfacción al precedente de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, ironizando con que el tribunal ayudará a Putin a cumplir su sueño de “entrar en la historia, aunque en su condición de criminal”.
El rol de las potencias
Pese al fuerte respaldo institucional y la participación de potencias como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, el camino del tribunal presenta desafíos inmediatos. Berset advirtió que la firma es apenas el primer paso, ya que ahora cada nación debe obtener la aprobación legislativa correspondiente y garantizar los fondos necesarios para su funcionamiento. Por el momento, la Unión Europea se ha comprometido a aportar 10 millones de euros para poner en marcha la estructura, la cual incluirá también un registro de daños y una comisión de reclamos para reparar las pérdidas materiales de las víctimas ucranianas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta la resistencia de actores claves. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, mantiene una postura hostil hacia los organismos de justicia internacional, habiendo llegado, incluso, a proponer amnistías generales como parte de sus intentos de mediación en el conflicto. Asimismo, dentro de Europa, países como Hungría, Bulgaria y Eslovaquia se abstuvieron de firmar, al igual que gran parte de los Balcanes, Turquía y las repúblicas del Cáucaso.
No obstante, el documento fundacional permanece abierto para que otras naciones, europeas o extracontinentales, se sumen en el futuro a este proceso judicial sin precedentes.
