INUNDACIONES EN NEPAL
Suspenden la búsqueda de los 5.285 desaparecidos
El Gobierno de Nepal decidió suspender los operativos de búsqueda de las 5.285 personas que permanecen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones registradas el pasado 26 de agosto. La medida, anunciada 40 días después de la tragedia, provocó indignación y rechazo entre los familiares que aún esperan hallar a sus seres queridos, en un contexto donde la catástrofe ya registra al menos 1.455 muertos y miles de viviendas destruidas.
Las crecidas repentinas, originadas cerca de la frontera con el Tíbet, arrasaron localidades enteras, destruyeron caminos y puentes, y dejaron a numerosas comunidades aisladas. En sus declaraciones, las autoridades sostienen que en este punto es necesario concentrar los recursos en la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas.
El jefe del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, Phanindra Paudel, explicó: “Estamos pasando de la fase de búsqueda y rescate a la de búsqueda y rehabilitación”.
Según el balance oficial, un total de 13.795 personas fueron rescatadas desde el inicio de la emergencia, aunque todavía resta localizar a 5.285 ciudadanos, entre los cuales se cuentan cientos de extranjeros. Además del costo humano, el impacto material es severo. Las inundaciones destruyeron 12 proyectos hidroeléctricos y provocaron graves daños en rutas, puentes, campos de cultivo y poblaciones. El Gobierno estima que la recuperación demandará miles de millones de dólares, por lo que la prioridad inmediata será restablecer los servicios básicos, reconstruir la infraestructura vial y garantizar asistencia a los damnificados que perdieron sus hogares.
Impacto social
La suspensión de los rastreos abrió un profundo conflicto para las familias afectadas, ya que, mientras algunos sectores cuestionan la reducción de los esfuerzos de búsqueda sin contar con pruebas concluyentes sobre el paradero de las víctimas, otros reconocen la necesidad de avanzar con los trámites legales para reorganizar sus vidas tras semanas de incertidumbre.
Asimismo, uno de los principales obstáculos radica en que las personas desaparecidas aún no han sido declaradas legalmente fallecidas, por lo que, sin esta documentación, los familiares enfrentan dificultades para cobrar seguros, acceder a compensaciones estatales, resolver cuestiones bancarias o iniciar trámites sucesorios. Ante esto, las autoridades informaron que comenzaron a evaluar mecanismos legales para resolver la situación, aunque todavía no se ha establecido una solución definitiva.
En distintas comunidades, la respuesta social ha sido diversa; algunas familias han optado por realizar funerales simbólicos sin haber recuperado los cuerpos, mientras que otras conservan las fotografías de sus allegados aferrándose a la expectativa de recibir noticias.
