Reduce control estatal en la industria petrolera con nueva ley

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que modifica el marco regulatorio del sector petrolero y reduce el control estatal impuesto durante los últimos 20 años.

“Queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, celebró el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La iniciativa pretende crear condiciones más favorables para la inversión privada y extranjera en la principal industria del país, en medio de la crisis económica y el fuerte deterioro de la producción de crudo.

La norma entrará en vigencia una vez que sea promulgada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, y publicada en la Gaceta Oficial.

Las modificaciones

Entre los cambios centrales se encuentra la flexibilización de las reglas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros, la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y un esquema que permite un pago más directo de regalías al Estado venezolano. Asimismo, según la información oficial, los inversores asumirán los costos operativos y los riesgos de financiamiento.

El régimen de Delcy Rodríguez sostiene que la reforma busca atraer capitales que se alejaron del país tras los cambios legales implementados durante el mandato de Hugo Chávez. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”, dijo Delcy, quien remarcó que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado. “Será respetuosa de la soberanía nacional”, explicó.

El debate tuvo lugar semanas después de la captura del dictador narco Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense en Caracas. Desde entonces, el Gobierno de Estados Unidos ha señalado su intención de impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana y de garantizar que los ingresos derivados de las exportaciones beneficien a la población.

En este contexto, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a proteger esos recursos frente a posibles reclamos judiciales de acreedores internacionales.