Destituyeron a la fiscal general Delia Espinoza

La fiscal destituida, Delia Espinoza (foto), investigó y acusó a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano, así como a ministros y congresistas, por la operación realizada para dejarla fuera del plantel del Poder Judicial peruano.

Espinoza calificó el hecho como un golpe a la institucionalidad democrática –lo que queda de ella– para neutralizar políticamente el sistema de justicia.

El golpe ha sido impulsado por el Gobierno de Boluarte y sus aliados de extrema derecha que controlan el Congreso y la sostienen en el poder. La fiscal Espinoza ha sido destituida por la Junta Nacional de Justicia nombrada por la mayoría de derecha que controla el Congreso.

Un día antes de su destitución la fiscal general había denunciado penalmente al partido fujimorista Fuerza Popular por “conducta antidemocrática” y demandado ante el Poder Judicial que la agrupación política que encabeza Keiko Fujimori sea ilegalizada.

Si la denuncia de la fiscalía prospera, el fujimorismo no podría participar en las elecciones generales de 2026. La Corte Suprema tiene la decisión final en este asunto. El Gobierno de Boluarte salió rápidamente a defender a sus aliados fujimoristas y atacar a la fiscal por esta denuncia. Una reveladora reacción. Espinoza acusó al Gobierno de violar la autonomía de la fiscalía y la neutralidad electoral. Esta acusación contra el partido fujimorista fue la última acción de Espinoza como jefa de la Fiscalía de la Nación.

De qué la acusan

La destitución de la fiscal general se ha concretado bajo la figura de una suspensión por seis meses que la aparta del cargo. Después de ese tiempo vendría la destitución definitiva. La Justicia, órgano que nombra y destituye fiscales y jueces, la acusa de haberse negado a cumplir una decisión que en junio pasado repuso como fiscal de la Nación a Patricia Benavides, que había sido separada del cargo en noviembre de 2023, por acusaciones de corrupción, que incluían la compra de votos en el Congreso a cambio de archivar expedientes acusatorios contra legisladores, la destitución de una fiscal que investigaba a su hermana jueza acusada de liberar narcotraficantes a cambio de coimas y el posterior archivamiento de esa acusación, entre otros cargos. Como fiscal de la Nación, Benavides fue funcional a los intereses de la mayoría parlamentaria de derecha.

Mafia judicial

La salida de la fiscal de la Nación abre la puerta para que la coalición de derecha que gobierna, que tiene al fujimorismo en un rol clave, tome el control de la Fiscalía de la Nación. Espinoza debe ser reemplazada por un fiscal supremo interino hasta que la Junta de Fiscales Supremos convoque una elección entre sus miembros. Con la salida de Espinoza y la reposición de Benavides y de otros dos fiscales supremos que habían sido separados acusados de formar parte de una mafia judicial ligada al fujimorismo –una de estas reposiciones ya se ha concretado y la otra está en marcha–, los fiscales supremos funcionales a la coalición de derecha que gobierna quedan bien posicionados para elegir al nuevo fiscal de la Nación.

Copar el sistema de justicia es un objetivo central para esta coalición en el poder –conocida como “coalición mafiosa”, con Dina Boluarte y Keiko Fujimori al frente–, para lograr impunidad para sus miembros acusados de corrupción y otros cargos. Ya tienen el control del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, y ahora han dado un importante paso para copar la Fiscalía de la Nación.

El sábado, una movilización contra el Gobierno y el Congreso, con el grito de “abajo la dictadura”, rechazó el operativo de captura del sistema de justicia y electoral desde la derecha parlamentaria y el Gobierno. Se escuchó el respaldo a la destituida fiscal Espinoza. La policía reprimió con gases y golpes a los manifestantes en el centro de Lima.