“No hay persecución política, solo justicia”

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luis Roberto Barroso, rompió el silencio cuatro días después del anuncio de Donald Trump, quien amenazó con imponer un incremento del 50%  en los aranceles a los productos brasileños, en respuesta a lo que calificó como una “persecución política” contra el expresidente, Jair Bolsonaro. En una carta pública emitida este lunes, Barroso defendió las actuaciones del Tribunal ante los cuestionamientos, y  aclaró que la medida de Trump se basa en una “comprensión imprecisa” de los acontecimientos.

En la misiva, el magistrado subrayó que en Brasil no hay censura y que el juicio a Bolsonaro avanza con “total transparencia” basándose en evidencia comprobable, a la vez que contrastó con épocas de autoritarismo en el país.  “Quienes no vivieron una dictadura o ya no la recuerdan, deberían recordarlo: hubo represión, torturas, desapariciones forzadas, cierre del Congreso y persecución a jueces. En Brasil hoy nadie es perseguido. Se hace justicia basada en pruebas y respetando el sistema adversarial”, escribió Barroso.

“Las diferentes visiones del mundo en las sociedades abiertas y democráticas forman parte de la vida, y es bueno que así sea. Pero no le dan a nadie el derecho de distorsionar la verdad o negar hechos concretos que todos vieron y vivieron”, expuso el jefe de la máxima instancia judicial brasileña, sin mencionar explícitamente a Trump.

El presidente republicano justificó el aumento de los aranceles señalando la “caza de brujas” contra Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones de liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, en las que ganó el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. “No es culpable de nada, excepto haber luchado por el pueblo”, escribió Trump, quien comparte el antecedente de tener seguidores que irrumpieron en las sedes democráticas, en su red social.

Barroso destacó que en Brasil “solo se reprime lo que constituye un delito”. Mencionó episodios graves como el atentado terrorista en el aeropuerto de Brasilia, el intento de colocar una bomba en el Supremo, las acusaciones infundadas de fraude electoral, las amenazas de muerte a los jueces del STF, y lo que la Fiscalía considera un plan para asesinar a Lula y otras autoridades.