Gran negocio de empresas privadas con las deportaciones de Trump

A diferencia de otros países, en los que las prisiones son administradas por agencias públicas, en Estados Unidos las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas.

El regreso de Donald Trump (foto) a la Casa Blanca en enero y su promesa de implementar una política de deportaciones masivas hizo que se disparara el valor de las acciones de los dos gigantes del negocio carcelario: GEO Group y CoreCivic.

GEO Group

“Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo”, dijo George Zoley, fundador de la empresa, en una llamada con inversores días después de que Trump fuera elegido.

Es una “oportunidad sin precedentes”, apuntó el presidente y director ejecutivo del mayor operador de prisiones privadas de Estados Unidos y el que alberga al mayor número de migrantes en el país.

La firma, que en 2024 tuvo ingresos por un valor de 2.400 millones de dólares, espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad con la nueva administración Trump. Entre sus mayores accionistas, están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.

CoreCivic

Por su parte, CoreCivic, la segunda mayor empresa carcelaria del país, que en 2024 tuvo ingresos de 2.000 millones de dólares, también proyecta una avalancha de nuevos negocios con el Gobierno de Trump.

“Llevo 32 años trabajando en CoreCivic y este es, sin duda, uno de los períodos más emocionantes de mi carrera”, declaró Damon Hininger, director ejecutivo de la firma, en febrero último, anticipando que la empresa podría tener “quizás el crecimiento más significativo de su historia” en los próximos años.

Algunos de sus grandes accionistas también son Blackrock y Vanguard, además de River Road y Cooper Creek Partners.

Estas empresas y otras más pequeñas se reparten el manejo de las prisiones y centros de detención para migrantes indocumentados, logrando contratos financiados con fondos públicos a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Más detenidos

Como organismo encargado de las deportaciones, ICE requiere ahora que los centros de detención tengan la capacidad suficiente para recibir a un número cada vez mayor de detenidos.

De ahí viene la urgencia del Gobierno por firmar nuevos contratos que le permitan reabrir o construir nuevas instalaciones.

Desde que Trump ganó las elecciones en noviembre, GEO Group vio cómo el valor de sus acciones se disparó cerca de un 90% y CoreCivic alrededor de un 50%.

Reapertura de centros

Los acuerdos entre la administración de Trump y estas empresas para ampliar la capacidad de las instalaciones existentes están avanzando.

Geo Group y el Gobierno anunciaron en febrero la reapertura de Delaney Hall, un centro de detención de Nueva Jersey, tras la firma de un contrato de 15 años con un valor de 1.000 millones de dólares.

El centro de detención Delaney Hall será reabierto en los próximos meses.

Ubicado cerca de un aeropuerto internacional, este centro de detención será “el primero en abrir bajo la nueva administración”, dijo hace unas semanas Caleb Vitello, director interino de ICE.

Geo Group espera que el contrato genere más de 60 millones de dólares en ingresos durante el primer año completo de operaciones del centro, una instalación que cumplió la misma función entre 2011 y 2017, época en que era propiedad de Community Education Centers, una empresa privada que GEO Group adquirió en 2017.

Protesta

Organizaciones comunitarias han protestado en contra de la reapertura de la instalación y Ras Baraka, alcalde de Newark, localidad en la que está emplazado el centro de detención, declaró que este “no es bienvenido”.

“No queremos ser parte de esto”, dijo Baraka refiriéndose a las políticas de deportación gubernamentales que, según denuncia, no respetan el debido proceso al que tienen derecho los detenidos en Estados Unidos.

Pero Delaney Hall es solo un ejemplo de las diferentes instalaciones que reiniciarán sus operaciones en los próximos meses.

En Texas, la empresa privada CoreCivic también firmó un acuerdo hace unas semanas para reabrir el centro de detención de inmigrantes en la ciudad de Dilley, el cual anteriormente albergaba a familias con niños detenidas por ICE. Ubicado a unos 135 kilómetros de la ciudad de Laredo, en la frontera con México, el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley espera poner a disposición del Gobierno unas 2.400 camas.

Este centro fue utilizado durante la administración del presidente Barack Obama y durante la primera presidencia de Donald Trump. Sin embargo, el presidente Joe Biden eliminó gradualmente la detención de familias en la instalación para convertirla en un centro de detención de adultos. CoreCivic informó que el sitio quedó inactivo en 2024 cuando se terminó su contrato.

Está previsto que el centro albergue nuevamente a familias bajo un nuevo contrato, según el administrador de la ciudad de Dilley, Henry Arredondo, quien -al igual que ICE- ha descrito la instalación como “limpia y organizada”.

Los nuevos contratos adjudicados en los últimos meses se dan en un momento en el que la Casa Blanca busca intensificar su ofensiva contra la migración indocumentada para conseguir el objetivo que se ha fijado de deportar, al menos en una primera etapa, a 1 millón de los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.

Pero conseguir esa meta no es fácil porque requiere, además de aumentar el número de arrestos de indocumentados, aumentar la capacidad de las instalaciones para albergar a los detenidos, mientras esperan el momento de su expulsión del país.

El Gobierno de Trump tendría que duplicar la capacidad de los centros de detención para lograr sus metas.

Para cumplir con los planes de Trump, su “zar fronterizo”, Tom Homan, dijo que necesitará al menos 100.000 camas para mantener a los migrantes detenidos, más del doble de la capacidad actual. Y con ese objetivo en la mira, el rol de las empresas privadas es crucial. Pero los nuevos contratos requieren más financiación.

En este momento, lo que la Casa Blanca quiere es conseguir que el Congreso -de mayoría republicana- apruebe un aumento de los recursos que necesita para avanzar con su política de deportaciones.

Expertos calculan que mantener detenido a un adulto implica un costo aproximado de 165 dólares al día por cama.

Según datos oficiales, la población de detenidos por ICE aumentó de 39.000 en enero a aproximadamente 48.000 a principios de abril, su nivel más alto en cinco años y muy por encima de las 41.500 camas para las que ICE cuenta actualmente con fondos.

Recientemente, ICE solicitó permiso para agilizar los procesos de contratación para acelerar los acuerdos con centros de detención de California, Michigan y otros estados.

Y hace unas semanas, el Gobierno de Trump realizó una convocatoria para que empresas privadas presenten propuestas dirigidas a ampliar la red de centros de detención, transporte, guardias de seguridad, asistencia médica y otros servicios, por un valor de hasta 45.000 millones de dólares en los próximos dos años.

En medio de las denuncias de hacinamiento en algunos centros de detención, la urgencia para ampliar el número de camas disponibles parece apremiante para la Casa Blanca.

En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido al uso de instalaciones militares como la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba, desde donde salió en marzo el primer vuelo de venezolanos deportados a una cárcel de alta seguridad en El Salvador. Se desconoce si el Gobierno tiene planes para seguir utilizando esa estación u otros recintos militares.

Contratos lucrativos

Brett Burkhardt, profesor asociado de Sociología en la Universidad Estatal de Oregón, ha investigado el rol de GEO Group y CoreCivic en el sector carcelario de Estados Unidos.

Como cotizan en bolsa, estas firmas deben hacer públicos sus resultados y responder ante los accionistas.

Su negocio incluye todo el sistema penitenciario estadounidense y no solo los centros de detención para migrantes, pero estos se han convertido en una parte sustancial de sus ingresos en los últimos años.

“Los contratos son muy lucrativos”, dice Burkhardt en diálogo con BBC Mundo.

El Gobierno de Trump ha intensificado las deportaciones de migrantes indocumentados.

Actualmente, cerca del 70% de todos los migrantes detenidos están en centros manejados por distintas corporaciones privadas.

Esa es una batalla que, probablemente, la Casa Blanca dará en el Congreso en los próximos meses con el objetivo de cumplir la promesa electoral de Trump de llevar a cabo “la mayor deportación” de migrantes en la historia de Estados Unidos.