La Unión Europea crea “centros de deportación” fuera del bloque

En un contexto de creciente auge de la derecha y la extrema derecha, la Unión Europea (UE) aprobó ayer un endurecimiento de las leyes migratorias que permitirán la creación de verdaderos “centros de deportación” fuera del bloque.

Reunidos en Bruselas, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer paso para aprobar estas iniciativas, que deberán ser ahora ratificadas por el Parlamento Europeo.

Las medidas, presentadas inicialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, buscan endurecer el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Las medidas migratorias aprobadas

El paquete contempla la apertura de “centros de retorno” fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y allí esperarán hasta su deportación.

Además, serán devueltos a sus países de origen o a otros que Europa considere “seguros”, como ha hecho Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

También habrá sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo. “Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo”, mencionó el comisario europeo de Interior y Migración Magnus Brunner.

Indignación

Las propuestas provocaron el enojo de la izquierda y de las organizaciones que defienden a los exiliados, quienes denuncian una vulneración de los derechos humanos.

“En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”, advirtió Silvia Carta, de PICUM, una ONG que trabaja en la defensa de los migrantes en situación irregular.

Las medidas tomaron impulso desde que Dinamarca ejerce la presidencia rotatoria de la UE y lleva tiempo defendiendo estas iniciativas. Sin embargo, persisten las dudas en algunos países del bloque.

España, por su parte,  no cree que los “centros de retorno” sean efectivos, después de varios ensayos fallidos en otros países, mientras que Francia cuestiona la legalidad y eficacia de ciertas propuestas.

Según aseguró el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “esta posición resulta cada vez ‘más difícil de mantener’, dada la fuerte presión ejercida por algunos países”.

Asimismo, estas medidas cuentan con el respaldo de los diputados de derecha y extrema derecha, que pactaron una alianza en el Parlamento Europeo la semana pasada.

Varios eurodiputados y dirigentes abogan por una adopción final a inicios del próximo año.